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“He vetado esta ley de quiebra que ayer sancionó el Parlamento.” La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció así en un acto en la Casa Rosada que había dejado sin efecto la ley que impulsaba el 82 por ciento móvil para los jubilados porque significaba el “desfinanciamiento del Estado”. Castigó a los legisladores opositores que impulsaron la norma, de quienes recordó “son los mismos que les descontaron el 13 por ciento en 2001”. “Tenemos un vicepresidente ‘okupa’”, había dicho más temprano sobre el radical Julio Cobos, quien reiteró su voto en contra del Poder Ejecutivo, lo que permitió que la oposición lograra sancionar la iniciativa.

“Lo que se sancionó ayer fue la ley de quiebra y como presidenta de la Argentina no lo puedo permitir”, aseguró Fernández de Kirchner unos minutos después de iniciado su discurso en el Salón de las Mujeres en la Casa Rosada, donde anunció el veto de la ley. El acto estaba vinculado con un convenio para las entidades agropecuarias, pero la importancia que adquirió la sanción del 82 por ciento para las jubilaciones desdibujó el objetivo inicial. Se confirmó así lo anticipado por el Poder Ejecutivo mientras se trataba el proyecto. “Los recursos salen de la administración que hemos hecho. Nos quieren hacer vender el fondo de garantía de acciones y títulos –surgido de la reestatización de las AFJP– en 30 días. Más que favorecer a los jubilados quieren otras cosas”, acusó la Presidenta al explicar el veto.

El texto del decreto tiene 21 carillas. En sus fundamentos señala que la intención opositora era impulsar la ley para que sea vetada y hace un racconto de la historia previsional del país, a lo que también se refirió la Presidenta. Se resalta, fundamentalmente, que la iniciativa viola la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas del Sector Público que señala que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos”, cosa que no se cumplía en la iniciativa sancionada.

La Presidenta explicó ante gobernadores, funcionarios y empresarios del sector agropecuario que “en 1958, con gran cantidad de aportantes, se instala el 82 por ciento móvil, que duró cuatro años. En 1962 daba déficit y, ahí, comenzaron los juicios. En 1973 se bajó al 70 por ciento y se eliminaron las contribuciones patronales. Alfonsín reinstauró en 1984 las contribuciones patronales y en 1986, sin embargo, se dicta la emergencia previsional. Se disminuyeron los haberes de los jubilados y estas deudas fueron canceladas con bonos en los años ’90. Parte de los fondos con los cuales se vendió YPF sirvieron para pagar regalías a las provincias petrolíferas y, otra, para abonar a los jubilados”. Luego llegó el menemismo y la privatización que terminó con el sistema solidario y atrajo el sistema de AFJP de jubilación privada.

El veto presidencial era una alternativa que se barajó desde un principio en el Gobierno apenas se comenzó a tratar el proyecto de ley que impulsó la oposición en uno de los pocos temas sobre el que logró cerrar filas para juntar quórum y darle sanción en ambas cámaras legislativas. Así fue ratificado a este diario antes de que la votación determinara la aprobación de la primera ley que la oposición consiguió impulsar con la nueva composición legislativa, sumado al voto a favor del vicepresidente radical Julio Cobos luego del empate en 35. “Quizá las mujeres tengamos un componente genético que nos prepara para asimilar mejor y por eso asimilamos mejor las traiciones”, afirmó la Presidenta, recordando también el voto “no positivo” que selló la defunción de la Resolución 125 que definía las retenciones móviles.

La actitud del vicepresidente radical Julio Cobos volvió a ser blanco de las declaraciones de la Presidenta ante la reiterada opción del mendocino por votar en contra del Ejecutivo. “No se puede ser oficialista y opositor o violentar los roles constitucionales. Hay que tener autoridad moral”, fustigó la Presidenta elípticamente a Cobos, pero agregó que “nadie se ponga nervioso. No queremos que se vaya nadie, sino que se cumplan los roles de la Constitución”. Con la relación sin posibilidad de retorno, el reclamo hacia el ex gobernador cuyano había sido aún más encendido en un acto a la mañana donde lo señaló como “okupa de su cargo, ya que no lo ejerce sino como uno de los jefes de la oposición”. El contrapunto lo dio Cobos cuando le contestó más tarde que “hace dos años y medio que vengo soportando todo tipo de agresión, de descalificación” y jugando con la palabra “okupa” con la que CFK lo tildó, Cobos afirmó que “Cleto se ocupa de los problemas de la gente, de los jubilados, de la educación”.

En medio del discurso de la tarde, cuando hacía referencia a Cobos, hubo un apagón en el Salón que obligó a Fernández de Kirchner a continuar de viva voz mientras arreglaban el desperfecto. “Basta de estafar al Estado. Yo no soy tonta. Esto es de gente que tiene experiencia legislativa, ha gobernado provincias. Que digan que el año que viene vamos a ver cómo se financia me suena muy ingenuo. Lo que hay detrás es que los trabajadores vuelvan a poner sus recursos en el sistema privado”, clamó la Presidenta aludiendo a los legisladores opositores de quienes dijo que había “intereses muy fuertes detrás” y acusó de tener “las máscaras de otros que nos están”.

El pálpito del veto se sintió ya por la mañana cuando CFK encabezó la presentación oficial de la Universidad Nacional de Moreno y aprovechó para opinar duramente sobre la sanción en el Senado de la cuestionada ley. Allí Fernández de Kirchner puso el acento que en la gestión iniciada por el ex presidente Néstor Kirchner en 2003 y continuada por ella en 2007 “ha otorgado más de 18 aumentos a las jubilaciones”, y afirmó que “si este gobierno pudiera hacer eso ni siquiera daría el 82 por ciento, daría el ciento por ciento”.

Mientras la Presidenta aseguraba en la Casa de Gobierno que su “decisión de veto es en beneficio de todos los argentinos para que –los jubilados– continúen cobrando aumentos cada seis meses”, los legisladores de la oposición evaluaban anoche convocar a una sesión especial (ver aparte) para manifestar su descontento ante la imposibilidad de conseguir la mayoría especial que necesitan para insistir en el Congreso con el tratamiento del proyecto previsional.