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Por Dora Barrancos *

El caso de la joven madre de seis niños abandonada a su mala suerte, con un marido golpeador, cuyo último hijito de meses muere desnutrido y que va a parar a la cárcel, es desquiciante. Evoca los peores cuadros de las sociedades atrasadas y sólo se compadece con procesos inquisitoriales. Víctima de la negligencia de un Estado enteramente retrocedido, la madre pobre –la pobre madre incidental de este caso patético– muestra la naturaleza invertida del canon axial maternal. Como ella es una madre de las márgenes sociales, se reduce el ideario que constituye a la maternidad en un valor exponencial, y por lo tanto para los poderes públicos que han intervenido en su provincia “ella no puede ser una buena madre”. La saga monstruosa continúa después de su salida de la cárcel: la Justicia ha decidido retirarle los hijos, entregados a un hermano que no le permite cualquier contacto con ellos. La pobreza brutal le ha matado un hijo pero ella es la responsable y el castigo se perpetúa en la interdicción del vínculo con los otros hijos que ha podido criar, contra viento y marea. Pero, ¿en qué país estamos? ¿Cómo pudo extinguirse de cuajo la primaria responsabilidad social con relación a los más débiles, indefensos, y hambreados? ¿Cómo ocurrió la transferencia del “estado de necesidad” como exclusiva responsabilidad individual? ¿Cuándo nos acostumbramos a culpabilizar a los/las victimados/as de los horrores que padecen? ¿En qué momentos repusimos el axioma del darwinismo social acerca de que la pobreza y la hambruna constituyen taras individuales?
Si los cuadros imaginarios sociales han inflexionado no hay dudas de la casi extinción del auxilio estatal a causa del travestismo ultraliberal. Lo paradójico es que desde el punto de vista normativo, nuestro país no pasa mal el examen de los últimos años. En materia de empinamiento de la consideración de niños/niñas como sujetos de derecho –anulando el descalificante concepto de “minoridad”– y la consecuente procura de desjudicialización de la problemática de la infancia, tenemos una bastante buena ley nacional. El apartamiento de los niñas y niños de su familia resulta un acto extremo, excepcional, que en todo caso debe ser evitado. ¿Ha faltado una interpretación de la Justicia local acorde con el espíritu de la normativa nacional? ¿Debía la interpretación de la Justicia mendocina convertir en rea a la madre cuando pudo evaluar sus condiciones de existencia y en particular su esfuerzo para resolver el problema alimentario? ¿Por qué la Justicia mendocina no ha indiciado la responsabilidad del estado provincial, que la privó de servicios primarios de salud razonablemente cercanos a su domicilio, que descuidó tareas elementales de asistencia materno-infantil, que incumplió con compromisos básicos residuales del estado benefactor? ¿Cómo es posible que la Justicia mendocina no proteja a la madre golpeada? La exclusión social padecida por esta madre-víctima, hostilizada medievalmente con el encierro carcelario y condenada a no ver a sus hijos, es un acontecimiento desgarrador, paradigmático de la Argentina del padecimiento que apenas disimula su ventaja con la ley de la lapidación sobreviviente en algunas sociedades. Y hasta es probable que nuestro caso empeore las cosas, por lo menos con las condenadas a la lapidación hay esfuerzos internacionales, más amplios y diversificados que las propias batallas feministas, que han podido detener las sanciones. Nuestra protagonista necesita que la sociedad se solidarice de modo explícito y que el estado cumpla con lo que debe: que se le devuelvan los hijos y que se les garanticen condiciones de vida digna. Este grupo doliente demanda por lo menos una ráfaga de inclusión.

* Historiadora. Investigadora Independiente Conicet. Directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. Autora de “Inclusión / Exclusión. Historia con Mujeres”.