Los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba están de festejo porque dejarán de pagar la contribución estudiantil, una iniciativa nacida al calor del menemismo mientras Francisco Delich estaba al frente del rectorado. El miércoles, después de tres horas de intenso debate, el Consejo Superior decidió derogar la polémica ordenanza 5/90, con 27 votos a favor, tres abstenciones y tres en contra. Aprobada en 1990, destinaba el dinero recaudado por el aporte de los alumnos a solventar gastos varios y becas para estudiantes. En su reemplazo, la UNC creó un Sistema de Aportes Voluntarios y Solidarios que ratifica que el Estado es el responsable de financiar la educación.

Miguel Magnasco, presidente del centro de estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, se mostró complacido con la medida adoptada por la UNC y señaló que “lo más terrible” de la contribución estudiantil era que “nunca estuvo claro para qué se utilizaba” y hablaba de “actividades paraeducativos”. Aunque el arancel que los alumnos pagaban dependía de cada unidad educativa, Magnasco aseguró que en la Facultad de Agronomía los estudiantes pagaban 300 pesos por año. “Así es como se fueron cubriendo gastos de limpieza o papelería administrativa que históricamente solventó el Estado”, dijo el militante de Agrupación Independiente La Bisagra.

Precisamente, una de las banderas de esa agrupación fue la pelea por la derogación del arancel. “Terminó siendo la caja chica de los decanos, porque el dinero de la contribución estudiantil entraba directamente a las arcas de cada facultad”, señaló Magnasco. El nuevo esquema se apoya en donaciones y permitirá que alumnos, docentes, graduados, personal de apoyo y personas físicas realicen depósitos “voluntariamente” y elijan el destino de estos aportes, que podrán ser unidades académicas de origen, el Programa de Asistencia Social Solidaria, que brinda cobertura médica primaria a los estudiantes sin mutual, o el Fondo Unico de Becas.

Mientras la ordenanza 5/90 estuvo en vigencia, los fondos surgidos a través de la contribución estudiantil –que se estima, promedian los seis millones de pesos anuales– eran direccionados a gastos de funcionamiento de las facultades: limpieza, mantenimiento, seguridad e insumos, movilidad para trabajos prácticos, servicios de apoyo psicopedagógico y equipamiento, entre otros. Con la nueva ordenanza en funcionamiento, el dinero destinado a cubrir esos gastos será contemplado por el presupuesto que se le asigna a cada unidad académica, proveniente de los recursos que gira el gobierno nacional.

“En el discurso de reelección del año pasado, la rectora Carolina Scotto dijo que el arancel se iba a derogar”, dijo Magnasco, y sostuvo que su argumento fue que “el Estado se estaba haciendo responsable”.

Si bien la resolución establecía que la contribución debía ser voluntaria, Magnasco aseguró que si los estudiantes no pagaban, no podían rendir ni inscribirse en las materias ni matricularse. El del miércoles fue “un gran paso para todo el movimiento estudiantil”, porque significa “un avance para que los estudiantes no paguen más ni presenten certificado de pobreza”, destacó.