La Unidad de Información Financiera (UIF) mandó a la fiscalía de Raúl Pleé las actuaciones realizadas a raíz de las denuncias que recibió contra Sergio Schoklender por lavado de dinero. El fiscal Pleé deberá definir a partir de este expediente si impulsa una causa penal contra el ex apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que ayer rechazó las acusaciones por lavado y aseguró que en la fundación Sueños Compartidos “hasta el último documento está al día”.

Pleé tendrá un plazo de dos meses para expedirse. La denuncia inicial había sido presentada en junio del año pasado por dos diputadas de la Coalición Cívica, Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin Moro, que solicitaron que se investigara el origen de los fondos de la compra de terrenos en José C. Paz, con el planteo de que la sociedad anónima para la que Schoklender adquirió los predios, Antártica Argentina SA, no poseía solvencia para hacerlo. Otro punto de la denuncia fue el bajo precio al que se compraron las tierras.

La UIF dio a conocer la elevación del caso sin detallar su contenido debido a que –sostuvo el organismo que depende del Poder Ejecutivo– sus funcionarios “están obligados a mantener en secreto sus tareas”.

Mientras las actuaciones eran enviadas al ministerio público fiscal, la gobernación bonaerense difundió dos datos que contradicen las declaraciones que Schoklender hizo en su defensa. Por un lado, aclaró que la donación a la Subsecretaría de Atención de las Adicciones de una casaquinta que se le atribuye, ubicada en José C. Paz, nunca se llegó a concretar. “En noviembre del 2010, la Fundación Madres de Plaza de Mayo propuso ceder a la Subsecretaría el predio”, señaló la gobernación en un comunicado, pero “al elaborar el expediente correspondiente para su tramitación surgió que no se encontraba a nombre de la Fundación Madres de Plaza de Mayo sino de la empresa Antártica Argentina S. A.” Por este motivo, pidieron la documentación que permitía a la Fundación hacer la donación, “pero (esta) nunca fue entregada”.

El segundo dato difundido por la provincia fue a través del boletín oficial, que en su edición de ayer publicó que el ex administrador de Sueños Compartidos figura como “director titular” de Meldorek, la contratista utilizada por la Asociación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas populares, de la que Schoklender sostuvo que no era dueño, sino que sólo trabajaba “para ellos” y les facturaba.

Ayer, el ex apoderado de la Asociación calificó las denuncias como una “operación” y una “vorágine de disparates”. “No robo un peso de ningún lado... De mí lo único que pueden esperar es que trabajo como un animal”, continuó.

Schoklender dijo sentirse “solo contra todos los grandes medios”, pero aseguró que prefiere no ser defendido públicamente por las Madres para “preservarlas de todas estas acusaciones canallescas”. Aseguró, en este sentido, que en la fundación Sueños Compartidos “hasta el último documento está al día”.

El Ministerio de Planificación Federal que encabeza Julio De Vido anunció que presentará ante “el juzgado competente toda la información y documentación existente” de las obras realizadas por las Madres.