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El juez federal Ariel Lijo decidió dictar el procesamiento de Fernando Esteche sin prisión preventiva y trabó embargo sobre sus bie- nes por mil sesenta y nueve pesos con sesenta y siete centavos. El dirigente de Quebracho está acusado de haber organizado a un grupo de integrantes de esa agrupación para coaccionar a jóvenes de la comunidad judía argentina que intentaban realizar una protesta en contra del terrorismo frente a la Embajada de Irán en Buenos Aires. Esteche adelantó que hoy marcharán para manifestarse en los tribunales de Retiro.

El 23 agosto de 2006, a las 18.30, un grupo de jóvenes que se movilizaba a la embajada iraní para manifestarse en contra del terrorismo fue interceptado en la puerta del edificio por otro grupo que apareció “con capuchas, blandiendo palos y flameando banderas del grupo Quebracho”, según detalla el fallo judicial contra Esteche al que tuvo acceso este diario. Entre los integrantes del segundo grupo –agregó Lijo– se distinguió la presencia del vocero de Quebracho, quien ante los medios periodísticos manifestó que estaban allí para solidarizarse con el pueblo y el gobierno iraní.

“Venimos a impedir que el fanatismo y la misma agresión y prepotencia que lleva adelante en Medio Oriente, lo quieran hacer este grupo de jóvenes fundamentalistas acá en Argentina –había dicho Esteche, según consta en el expediente judicial–, así que vamos a apostar(nos) a una distancia prudencial de la embajada y vamos a impedir que estos jóvenes fanáticos, alentados por otro fanático como es el embajador de Israel en Argentina, vengan a mostrar esta provocación.”

El entredicho finalizó cuando un grupo de diez o más jóvenes, “sin banderas ni inscripciones que denoten pertenencia a grupo alguno” –entre los que se encontraban Gabriel Alejandro Gorenstein y Ariel Gustavo Polonsky–, se retiró del lugar, luego de que su avance fue detenido “con insultos y empujones” por parte de manifestantes de Quebracho.

Durante su indagatoria, Esteche manifestó que la insistencia en la causa es “una presión del sionismo que opera en la Argentina” a través de personajes como Pedelnik y los denunciantes. Aseguró que lo que realmente se estaba discutiendo en la causa no era la acción del 23 de agosto, sino “la pretensión de constituir en delito la denuncia contra el terrorismo de Estado sionista de Israel y la solidaridad con los pueblos agredidos”.

Lijo consideró que “no es la movilización popular lo que se juzga en este caso”, sino “la comisión de un delito determinado por parte de Fernando Luis Esteche y de un grupo de personas no identificadas”. “No nos explicamos los procesamientos en causas de hace tantos años –se asombró Esteche, en diálogo con Página/12 –. Que empiecen a perseguir a luchadores provocará un enrarecimiento del clima político, porque seguramente las organizaciones saldrán a la calle a defender a sus compañeros.” El Código Penal prevé pena de hasta tres años de prisión para el delito de amenazas coactivas agravadas por el uso de armas.