El ex fiscal ante la Cámara de Casación Juan Martín Romero Victorica.
Imagen: Télam.

“El procurador general de la Nación resuelve aceptar la renuncia presentada por el doctor Juan Martín Romero Victorica, L.E. Nº 4.605.425, al cargo de fiscal general Nº 1 ante la Cámara Nacional de Casación Penal, a partir del día de la fecha.” El texto, firmado por el procurador Esteban Righi, corresponde a la resolución con la que el fiscal acusado de haber colaborado con el apropiador de la joven Victoria Montenegro, el coronel de Inteligencia del Ejército Herman Tetzlaff, quedó fuera de los tribunales. Righi había iniciado a principios de julio el proceso para separar a Romero Victorica de su cargo a través de un juicio político. Para evitarse el mal trago de ser destituido, el ahora ex fiscal decidió irse por las suyas. La Procuración decidió admitir la dimisión, porque “la apertura de la instancia de enjuiciamiento tiene por único objetivo la remoción del magistrado”.

Si bien el proceso de juicio político queda interrumpido con la renuncia, el ahora ex fiscal sigue siendo investigado en el marco de la causa en la que se investiga su vinculación con Tetzlaff y su presunto encubrimiento en la apropiación de Montenegro, que está a cargo del juez Norberto Oyarbide.

La renuncia en este momento implica que el ex fiscal podrá recuperar, al menos en parte, la jubilación. En cambio, si el juicio político hubiera seguido su curso y hubiese sido destituido, la perdería. Por esa razón, los argumentos con los que intentó justificar la dimisión fueron: “Cumplí un ciclo y tengo la jubilación otorgada hace seis años” y “el 26 de julio, día del aniversario del fallecimiento de Evita, cumplí 50 años en la Justicia”.

A pesar de que Romero Victorica no será destituido, Montenegro consideró la renuncia como un hecho favorable: “Lo positivo es que estos personajes no estén más en la Justicia”, dijo, consultada por la decisión del ex fiscal. “Vivimos en un país donde uno siente que denuncia y que realmente se hace algo, que hay una política de Estado seria”, agregó.

La denuncia penal por la que se investiga a Romero Victorica se inició a raíz del testimonio que dio Montenegro el 25 de abril, en la causa conocida por el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos durante la última dictadura. Montenegro dijo allí por primera vez que el fiscal Romero Victorica era identificado por Tetzlaff –cuando comenzó a ser investigado por el entonces juez de San Isidro, Roberto Marquevich– como su “amigo en Comodoro Py”.

Uno de los gestos de colaboración que la joven denunció fue la recomendación a Tetzlaff, por parte de Romero Victorica, de los abogados que lo defendieron en la causa por apropiación: “Le puso a sus amigos abogados que le debían un favor”, dijo Montenegro ese día. Uno de los abogados que el ex fiscal le recomendó al apropiador era su sobrino, Manuel Romero Victorica, y el otro Martín Anzoátegui, juez federal durante la última dictadura. La joven también señaló que su apropiador le confesó que había matado a sus padres y que “Romero Victorica lo sabía”.

La resolución de la Procuración reconoce como antecedente el caso del fiscal Roberto Mazzoni, acusado por participar de interrogatorios ilegales ligados a la Masacre de Margarita Belén, quien también renunció antes del jury de enjuiciamiento para recibir los beneficios de la jubilación. Además, según consignan en la resolución, el criterio de aceptar la renuncia de un magistrado investigado por mal desempeño, grave negligencia o cualquier delito doloso coincide con otros tres casos similares: el del fiscal rosarino Francisco Sosa, quien renunció en 2007 para evitar un jury de enjuiciamiento por negligencia y mal desempeño; el del defensor neuquino Oscar Alberto Tamis, quien presentó su renuncia también en 2007 cuando corría el riesgo de destitución, luego de una acusación de acoso por parte de sus defendidos; y el del chaqueño Martín Pujol, quien renunció el mismo año, investigado por administración fraudulenta.

Informe: Sol Prieto