El kirchnerismo y su aliados volverán a intentar la semana próxima reunir un plenario de comisiones legislativas en busca de un dictamen conjunto que le permita llevar al recinto el proyecto del Gobierno que le pone límites a la extranjerización de la tierra. Si prosperan las gestiones, las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Agricultura discutirían el jueves el texto que el Ejecutivo envió al Congreso, al que ya aceptó modificaciones surgidas desde distintos bloques aliados y de la oposición.

Después de algunas divergencias entre oficialistas y opositores sobre la fracasada convocatoria de este miércoles, la mayoría de los miembros de la Comisión de Legislación General facultaron a su presidenta, Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), a que realice gestiones con sus pares de Asuntos Constitucionales, la peronista disidente Graciela Camaño, y de Agricultura, el radical Juan Casañas, para concretar el plenario.

Los diputados de distintos bloques, entre los que había representantes del radicalismo, el socialismo y la Coalición Cívica, también insistieron en que si no prosperaba la convocatoria conjunta, en la próxima sesión de la Cámara baja se emplazara a las comisiones “díscolas” a debatir el proyecto. Aunque los primeros contactos auguran que no sería necesario llegar a esa situación en el recinto.

Ibarra se comunicó ayer con Camaño, quien se mostró predispuesta a convocar al plenario de comisiones para el próximo jueves a las 10 de la mañana. La diputada del Bloque Peronista había desestimado la convocatoria realizada por Ibarra para el miércoles pasado y privilegió la propia, a la misma hora, en la Comisión de Asuntos Constitucionales para discutir la implementación de la boleta única en la elección de octubre (ver aparte).

En cambio, Casañas –que tampoco se plegó al plenario de este miércoles– dijo que iba a “consultar” para responder a la propuesta de Ibarra. Sin embargo, la presidenta de Legislación General –cabecera del debate sobre el proyecto del Ejecutivo– considera que no habría inconvenientes, ya que la convocatoria también es avalada por los diputados de la UCR.

El debate para ponerle límites a la compra de tierras realizada por extranjeros comenzó en 2010 sobre la base de 14 proyectos presentados desde todo el arco político-parlamentario. En la apertura de las sesiones ordinarias de este año en el Congreso, el 1º de marzo, la presidenta Cristina Kirchner pidió ante la Asamblea Legislativa que este tema sea una de las prioridades del Parlamento y lo reiteró el día después de imponerse en las elecciones primarias.

La discusión se reencauzó sobre la base del proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso, donde el oficialismo aceptó distintas modificaciones surgidas desde bloques aliados y opositores. Entre ellos, la inclusión dentro de los límites para la extranjerización de tierras de los recursos naturales, como los bosques nativos o fuentes de agua permanente, propuestas desde Nuevo Encuentro y el socialismo.

El texto original del Ejecutivo fija que el límite para la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras no puede superar el 20 por ciento de las mismas. Pero los diputados trasladaron ese mismo límite para la superficie de cada provincia y municipio, aunque el porcentaje definitivo todavía está en discusión. La diputada Verónica Benas, del Frente Amplio Progresista, y Ariel Basteiro, de Nuevo Encuentro, proponen bajar aun más ese piso. Entre las modificaciones, también se extendió a diez años de residencia, que habilita a los extranjeros a adquirir tierras sin condicionamientos, como muestra de “arraigo real”.

Sin embargo, todavía subsisten algunas diferencias. Varios diputados adhirieron a la propuesta del socialista y productor agropecuario Lisandro Viale de “revisar el límite de mil hectáreas” que impulsa el Gobierno y analizar los límites “en cada zona agroecológica”. Aunque hay quienes se oponen a que las limitaciones queden supeditadas a “unidades productivas”, cuyo límites lo fijan las provincias, lo que desdibujaría las limitaciones de la futura normativa nacional. En ese mismo sentido, el peronista disidente Felipe Solá advirtió que “el 100 por ciento de la compra de paisajes” para la explotación turística “en la Argentina no pasaron por la Nación, sino por gobiernos provinciales”.

Ayer, el diputado oficialista y asesor legal de la CGT, Héctor Recalde, denunció que ante la posibilidad de la sanción de la ley que pone límites a la compra de tierras, “los extranjeros aceleraron sus operaciones de compras de tierras para eludir la aplicación” y afirmó que propondrá que la futura normativa sea retroactiva. En el mismo sentido, el diputado del FAP, Claudio Lozano, solicitó al Ejecutivo “un decreto que suspenda y controle toda operación de venta de tierras a capitales extranjeros”.