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La desaparición y el posterior asesinato de Candela Rodríguez volvieron a poner en debate el rol de los medios de comunicación. Nuevamente, la televisión mostró su voracidad para correr más de la cuenta detrás de la noticia, que durante los últimos diez días ocupó buena parte de los noticieros y de las señales informativas. La “necesidad” de mantener el tema en pantalla a toda costa, aun cuando no había ningún tipo de información nueva que aportar, derivó en que en la última semana infinidad de versiones nunca confirmadas se lanzaran al ruedo mediático, con más liviandad que responsabilidad. El afán por la primicia, la búsqueda de audiencia, nunca son buenos consejeros para el periodismo televisivo, que ante cada caso policial de resonancia social suele resignar prudencia para ingresar en aguas peligrosas. La espectacularización televisiva, entonces, termina confundiendo el foco: la búsqueda de la verdad periodística es reemplazada por el menester comercial del rating.

Sin ponderar la real incidencia que las coberturas mediáticas pueden tener en la resolución de un caso policial de repercusión social, ya que se trata de una tarea imposible de cuantificar en términos objetivos, nadie puede soslayar el rol que la televisión tiene a la hora de difundir/ reflejar/construir (tache lo que no corresponda) la realidad. En ese contexto de mediatización audiovisual, una noticia amplificada en continuado bajo los parámetros del show televisivo condiciona la opinión pública. Y también funciona como una olla de presión, desvencijada, cuyo caldo formado de osadas opiniones vertidas e imágenes oportunas, no siempre colabora con la investigación policial y judicial. Incluso, en ocasiones, la puede interferir seriamente.

Más allá de las particularidades de cada caso, y de cada noticiero y canal, la mecánica televisiva se suele reeditar ante nuevos hechos policiales que toman estado público. Y el debate sobre el papel que jugaron (juegan) los medios apenas se esboza, tímida y periféricamente. No deja de sorprender que en tiempos en los que el periodismo político atraviesa una de sus crisis más importantes y reveladoras de su historia, el periodismo televisivo policial sigue indemne repitiendo viejos vicios. En la TV, parece, nadie se hace cargo de recoger el guante.

Esa falta de responsabilidad y premura profesional que, en general, se observa en la cobertura de casos como el de Candela, debería llamar a la reflexión de periodistas, gerentes de noticias y propietarios de medios. La reiteración de prácticas que afectan, o pueden hacerlo, el desarrollo de una investigación exige a esta altura la elaboración de un protocolo de acción que fije al periodismo televisivo ciertas pautas generales a la hora de cubrir un hecho no finalizado, que transcurre en el tiempo. Ese estatuto periodístico para casos excepcionales, como secuestros o desapariciones, debería para su cumplimiento ser redactado y consensuado entre todos los gerentes de noticias de cada canal de TV abierta y TV por cable. Un manual universal en el que se acuerde aquello sobre lo que se puede y lo que no se debe mostrar. Incluso, ese protocolo podía fijarse con el asesoramiento de las fuerzas de seguridad y/o de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

La elaboración de esa suerte de estatuto periodístico podría, en caso de concretarse, poner a los medios al servicio de la comunidad, bajo un paraguas de interés común y real por la rigurosidad periodística. Yendo un poco más lejos, e incluso como complemento de lo anterior, tal vez ha llegado el momento en que los noticieros y las señales informativas sean exceptuadas de las mediciones de audiencia. O, en todo caso, dado el interés comercial que los propietarios de los medios tienen, otra buena opción sería que se evalúe el rating de señales informativas y noticieros, pero que las cifras sean confidenciales. Es decir: que la Afsca o el organismo al que le corresponda legisle la prohibición de que el rating de los servicios informativos no se puedan difundir públicamente.

La puesta en marcha de un estatuto de acción consensuado por la industria televisiva ante casos que continúan con el correr de los días, sumada a la idea de que el rating deje de ser un (perverso) condicionante periodístico, ayudarían a que noticieros y cadenas de noticias quiten la competencia de foco, para centrarse únicamente en la búsqueda de la verdad y la rigurosidad informativa. Sólo así, en este estado de cosas, la información podrá volver a constituirse en un bien social al servicio de la comunidad.