Tres funcionarios del gobierno porteño fueron citados para prestar declaración indagatoria en una causa por estafa. Uno de los imputados es el ex director de Habilitaciones y Permisos Martín Farrell, quien ahora tiene un cargo en la Procuración General de la Ciudad y aspira a ocupar un puesto como juez en lo Contencioso Administrativo de la ciudad. Los presuntos estafados son la vedette Nazarena Vélez y su marido, Fabián Rodríguez, socios propietarios del ex cine Los Angeles, al que pretendían habilitar como teatro. Farrell y compañía fueron citados por el juez Juan Ramos Padilla, quien aún no fijó fecha para las declaraciones. El que sí tiene cita con día y hora es el legislador Avelino Tamargo (PRO), quien debe dar explicaciones por un presunto “apriete telefónico” denunciado por Nazarena Vélez.

La declaración indagatoria de Farrell fue solicitada por la fiscal Graciela Gils Carbó. Además del ex director de Habilitaciones, fueron llamados a declarar Pablo Seiskuskas, ex director de Habilitaciones Especiales, y Martín Córdoba, ex jefe de Transferencias Simples. Farrell y Seiskuskas también están investigados por irregularidades en la habilitación de Beara, el boliche en el que murieron dos chicas, hace un año, al derrumbarse un entrepiso. Los tres funcionarios cumplían funciones, al momento del hecho, en la Agencia Gubernamental de Control, cuyo titular, Javier Ibáñez, fue el miércoles último a la Legislatura para dar explicaciones sobre las irregularidades denunciadas en la AGC.

Según el pedido de indagatoria de la fiscal, los funcionarios habrían contribuido a concretar una maniobra tendiente a que dos empresarios se apropien del emprendimiento de cine y teatro Los Angeles, del cual Fabián Rodríguez era uno de sus titulares. La fiscal determinó que se habría fraguado una cesión de habilitación mediante firmas falsas para despojar a los legítimos dueños de la explotación del complejo Los Angeles. Para ello, consideró que los empresarios “pidieron la transferencia de la habilitación, que fue otorgada por Farrell, Seiskuskas y Córdoba, sin atenerse a la normativa específicamente dispuesta para ese trámite”.

Farrell es uno de los noventa aspirantes a cubrir uno de los diez puestos de juez en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad. Tiene fecha para dar examen ante el jurado el 9 de este mes, un día antes de que se cumpla el aniversario de la tragedia de Beara, causa en la que también esta imputado.

El empresario Fabián Rodríguez relató a Página/12 que en 2008 inició un emprendimiento en el local del ex cine Los Angeles, ubicado en la avenida Corrientes al 1700, para habilitarlo como teatro. Agregó que tiempo después se asoció a otros dos empresarios para poder terminar la obra. Y denunció que entre diciembre de 2009 y marzo de 2010, mientras estuvo ausente de Buenos Aires, sus socios transfirieron la habilitación a nombre de ellos.

A partir de entonces, Nazarena Vélez aprovechó cada aparición pública para reclamarle directamente al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, que resuelva la situación. “Fue entonces cuando recibimos el llamado del diputado Tamargo, después de que Nazarena había sacado el tema en el programa de Susana Giménez. Me dijo que dejemos de sacar el tema en los medios porque si no le iban a sacar la pauta publicitaria de la Ciudad en el programa que Nazarena tiene en FM La Isla”, dijo Rodríguez a Página/12.

Agregó que había conocido a Tamargo porque se lo habían presentado sus socios como “alguien que nos podía ayudar en el tema de la habilitación del teatro”.

Tamargo ya había sido denunciado a mediados de 2009 por intentar favorecer un proyecto de rezonificación en los bosques de Palermo, para construir un microestadio cubierto. La denuncia fue presentada por Iris Speroni, por entonces revisora de cuentas del club GEBA –afectado por el proyecto– pero el juez Mariano Scotto le dictó el sobreseimiento.

Después de recibir las llamadas de Tamargo, la vedette y su esposo le pidieron al juez Ramos Padilla la intervención de sus propios teléfonos celulares. Fue así como el magistrado detectó llamadas de gestores en las que se hablaba de pedidos de pagos ilegales para favorecer habilitaciones y frenar inspecciones o clausuras. Esos llamados involucraron a Federico Garaglia, Leandro Camani, Matías Pantarotto y a Vanesa Berkowski, la directora de Verificaciones que renunció tras hacerse públicas las escuchas. A los cuatro se les concedió la eximición de prisión.

Desde entonces, la causa por estafa quedó unificada con la de extorsión. Podría sumarse una tercera si la jueza Alicia Iermini accede al pedido de los padres de las víctimas en la tragedia de Beara, para que se unifique esa causa con la de Ramos Padilla. Es que en las escuchas, Leandro Camani, uno de los imputados por presunto tráfico de influencias, le ofrece a Rodríguez, el marido de Nazarena Vélez, conseguirle la habilitación del teatro y le da como referencia haber sido quien logró el permiso para el funcionamiento de Beara. Ese trámite, justamente, estuvo a cargo de Pantarotto, abogado del boliche. La habilitación de Beara está cuestionada porque fue otorgada pese a recomendaciones en contrario. Y las escuchas telefónicas agregaron la sospecha de que pudo haber dinero de por medio.