“Es sospechoso –dijo Carlotto– que desaparezcan datos que nos pueden llevar a los depredadores.”

La imagen conectó durante una hora la sala del juicio por el Hospital Militar de Paraná con una pequeña sala del Consejo de la Magistratura de Buenos Aires. Ahí, Estela de Carlotto se sentó frente a una pantalla dispuesta a hablar sobre el encuentro que tuvo en el año 2000 con un médico del Instituto Privado de Pediatría de Paraná. El Instituto era una minúscula clínica privada que recibió durante la dictadura a hijos mellizos de Raquel Negro, a días del nacimiento. “Porque era uno de los médicos que estuvieron ahí, él suponía que la niña ingresó primero y como lloraba tanto trajeron a su mellizo para que la acompañara”, dijo la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. “Como parecía que el varoncito no estaba muy bien de salud, por eso su ingreso fue posterior a la niña, deciden poner a los dos hermanitos juntos para superar de alguna manera la soledad en la que se encontraron en el lugar de internación.”

El llanto, la soledad de esos dos bebés, y un cuadro que está cambiando con el avance de la causa: la enfermedad de aquel niño de la que hablan una y otra vez los testigos, que siempre puso en duda su supervivencia, es descartada por las querellas convencidas a esta altura del juicio que todos los testimonios aportan nuevas evidencias de que el niño vivió. El niño, que es el hermano de quien ahora es Sabrina Gullino, en tanto sigue desaparecido.

La reunión de Estela de Carlo-tto en el año 2000 fue con el médico Miguel Torrealday, uno de los cuatro dueños del Instituto Privado de Pediatría. Participaron él, una hija, Estela y entre otros la entonces abogada de Abuelas, Alcira Ríos. Mientras Estela declaró, los jueces, fiscales y querellas intentaban entender la fiabilidad del relato del doctor. Preguntaron por el libro de registros que él llegó a mostrarle. O desde cuánto tiempo antes tuvo esa información. No lo dijeron, pero: ¿por qué demoró tanto en contarlo? Estela, sin embargo, volvió a la vieja escena sin sospechas, se detuvo y explicó. “Yo lo que creo es que el médico estaba preocupado en dar a conocer ese dato para la búsqueda de identidad de estos chiquitos: lo que él quería, creo yo, era sacarse un peso de encima, decir que sabía algo que había pasado en un instituto al que él pertenecía y no podía obviar que el origen podía ser el de los niños buscados por las Abuelas.”

Estela juró por “mi honor, por la patria, por Dios, que voy a ser veraz”. Explicó que viajó a Paraná en 2000 porque se iba a exhibir una película de niños secuestrados durante la dictadura. “Y se me convocó a encontrarme con un médico pediatra”, dijo. “El médico me dijo tener información importante sobre nuestra búsqueda y eran datos necesarios para nuestra tarea. Fuimos al Instituto Privado de Pediatría, cuando me expone que en 1978 habían llegado en diferentes fechas dos criaturas recién nacidas y cuyo origen y responsables, que están acreditados en el libro de actas de ese Instituto, era de origen militar. Fueron registrados una niña y un varón con pocos días de diferencia, seis días de diferencia, en el mes de marzo de 1978.”

Después, los dos niños, dijo, “egresaron el mismo día”. “El pago por los gastos de esos bebés los hizo la persona que los retiró, cuyo nombre no figura en los libros y el médico me mostró y me dijo que esos nombres también él los ignoraba.” A Torrealday le llamó la atención la cobertura de los gastos porque “todos los demás recién nacidos eran asumidos por una obra social o tenían un origen claro –dijo Estela–, menos estos dos que eran provenientes del Ejército”. Enterado, “supongo de la actividad de las Abuelas, facilitó las fotocopias del libro de ingreso y egreso que nosotros estudiamos con posibilidades de que sean los hermanitos buscados por las Abuelas”. En diciembre de 2008, Sabrina recuperó su identidad. “Y estamos en búsqueda de su hermanito, su mellizo, que posiblemente nuevos datos ayuden a encontrarlo y devolverle sus derechos conculcados.”

Miguel Torrealday era socio del Instituto. Ya declaró en el juicio, y también lo hicieron sus socios. Ninguno dijo haber sabido nada de los niños, un dato extraño para las querellas. Ana Oberlin es querellante de la causa. “El lugar es muy pequeño, tenía una capacidad máxima para ocho bebés, no era enorme, la sala era muy pequeña: los niños estuvieron 23 días la nena y 17 días el varón, en modo alguno pueden haber desconocido esa presencia si ellos además eran quienes atendían a los bebés, como dijeron las enfermeras, e ingresaban constantemente.”

El juicio por los crímenes del Hospital Militar de Paraná, ahora centrado en la apropiación de los hijos de Raquel Negro y Tulio “Tucho” Valenzuela, suma nuevos datos cada día. El miércoles declaró bajo juramento Eduardo “Tucu” Constanzo, ex personal civil de inteligencia (PCI) del Segundo Cuerpo de Ejército, cuyo testimonio alguna vez fue clave para encontrar a la niña. Constanzo les pidió a los jueces que investiguen al oficial Paul Navone, que está muerto: “Háganle estudios de ADN al hijo y sobrino de Navone que vive en Casilda –explicó–, porque siempre se comentó que Navone tenía un hijo de desaparecidos o él o el hermano”.

Una parte de las sugerencias de Constanzo se investigan hace tiempo en una causa paralela: todas las hipótesis son importantes, dijeron, por más descabelladas que parezcan. Más allá de Constanzo, el juicio aportó otros datos. Durante la instrucción se habían recogido pruebas porque varios ex empleados del hospital y del instituto se animaron a decir algunas cosas pero no explicaron demasiado: “En el contexto de este juicio –aclara Oberlin–, al participar y hablar en un escenario más ritualizado, salieron detalles que no teníamos hasta ahora y sin duda se abre con más fuerza la certeza de que el mellizo vive”.

Hubo referencias precisas sobre cómo fueron esos primeros días de los niños. Quedó claro por los testimonios, por ejemplo, que si un niño moría, no se lo anotaba en los libros de egresos. Y una de las preguntas que se cree que los médicos del instituto deberían responder es qué paso con el niño, por ejemplo, desde el momento en que salió del Hospital Militar y entró al Instituto de Pediatría. Oberlin cree que durante esos seis días pudo haber sido operado por el problema de cardiopatía y cree que son los médicos quienes deberían saberlo. Otro de los datos que no cierran es un eje sobre los documentos. Una de las fiscales le preguntó a Estela de Carlotto si en aquel año 2000, el médico le dijo que habían perdido todas las historias clínicas en una inundación. Esa fue una de las explicaciones que él mismo dio durante la audiencia. “Es muy sospechoso –aceptó Estela– que desaparezcan datos que nos pueden llevar a perseguir a los depredadores.”