Sergio y Pablo Schoklender están cada vez menos solos. Es porque la lista de imputados investigados por el juez Norberto Oyarbide sigue creciendo. En base a un informe del Banco Central (BCRA) y al análisis de reportes de operaciones sospechosas que involucran a las financieras Monetización y Crédito Sur, el juzgado dio con nuevos personajes que tendrían relación con la ruta del dinero que se supone que iba dirigido a la construcción de viviendas sociales (a través de Sueños Compartidos, de Madres de Plaza de Mayo), aunque está en duda para qué se usó. Oyarbide allanó el depósito de la constructora Concreto Modelado, con la que el mayor de los Schoklender habría planeado expandir el negocio de las casas prefabricadas.

El fiscal Jorge Di Lello pidió medidas sobre las operaciones dudosas en las que aparecen Monetización y Crédito Sur, que serían al menos cuatro. Se presume que allí los Schoklender cambiaban cheques de Madres. La primera está ligada a Fernando Caparrós Gómez. La segunda se vincularía con Jorge Fidalgo, socio de Caparrós en otra firma. Habría transferencias importantes con Meldorek, la empresa de Sergio Schoklender utilizada para las obras. Pero la telaraña es aún mayor según el BCRA y en la ruta del dinero aparecen nuevos imputados, “encubridores de lavado de dinero”. A su vez, Crédito Sur sería punto de contacto con la causa sobre maniobras en la comercialización de medicamentos, ya que integraban la sociedad Solange Bellone –viuda de Sebastián Forza– y Néstor Lorenzo, de la droguería San Javier, preso por negociados con los remedios. El juzgado le apunta a la droguería Lenity SA, presidida por la novia de Pablo Schoklender.

Los laboratorios están en la mira como posible destino del dinero desviado, igual que otros emprendimientos de los Schoklender. De ahí el allanamiento en el depósito de Concreto Modelado, en Benavídez. Se habrían hallado cuarenta paneles de los que fabrican las Madres. La firma sería de Marcelino Fernández, con quien Sergio Schoklender habría proyectado comercializar este sistema de viviendas llamado M2. Oyarbide volvió a implantar secreto de sumario.