Para instalar los derechos humanos en la discusión electoral, la Comisión Provincial por la Memoria consultó a los candidatos a gobernador bonaerense sobre sus opiniones y proyectos en torno de temas de justicia, seguridad, y memoria.

- Los juicios: Todos los candidatos estuvieron de acuerdo en que es necesario continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad hasta que todos los casos sean esclarecidos y sus responsables, condenados. La candidata del Frente Amplio Progresista, Margarita Stolbizer, consideró que el avance de los juicios “debería ser acompañado por estrategias procesales que los aceleren”. El candidato de la Unión para el Desarrollo, Francisco de Narváez, propuso darle a la Secretaría de Derechos Humanos provincial “una mayor jerarquía”, para articular los juicios con las políticas de justicia y seguridad. La política del Frente de Izquierda es exigir la nómina de todo el personal que actuó en los centros clandestinos de detención, junto con todo el personal de los organismos de inteligencia de cada una de las fuerzas y de la ex SIDE e imputarlos a todos por el delito de genocidio”, respondió el candidato por esa fuerza, José Montes. El candidato de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, consideró que los juicios son “una condición para la elaboración colectiva de la memoria del terrorismo de Estado”.

- Políticas de la memoria: Qué debería hacer la provincia de Buenos Aires con sus archivos y sitios de memoria y qué debería hacer la escuela con la experiencia del terrorismo de Estado. La respuesta a estas preguntas es la respuesta sobre cuál debe ser la mejor política de la memoria para el distrito. La discusión sobre los sitios de la memoria estuvo atravesada por el debate acerca de qué hacer en los casos en los que en esos espacios aún reviste personal de las Fuerzas Armadas o de seguridad. El arco de opiniones va desde la propuesta de Stolbizer de “discutir una política de buenas prácticas para las Fuerzas Armadas que los incluyan en la tarea (de resguardo de los lugares)” hasta la posición de De Narváez y Montes, quienes consideran que hay que sacar a las Fuerzas Armadas y de seguridad de los centros clandestinos de detención y otros espacios de memoria.

En cuanto al tratamiento que la escuela debería darles a los derechos humanos, todos consideraron que la última dictadura debe estar presente en la currícula escolar. Coincidieron también en la necesidad de reforzar el resguardo de los archivos de la represión y destinarle más presupuesto.

- El Acuerdo para la Seguridad Democrática: El GEN, la Coalición Cívica y Nuevo Encuentro fueron firmantes de los diez puntos del ASD, promovido en diciembre del 2009 por el CELS y otras organizaciones. “Creo que el ASD es valioso, pero la ciudadanía espera más resultados y menos retórica”, afirmó De Narváez al respecto, quien no firmó el acuerdo, aunque su candidato a presidente, Ricardo Alfonsín, sí lo acompañó. Por su parte, Montes se mostró en contra: “Estamos por la disolución de todas las fuerzas de seguridad, ya que postulamos la revolución social”, explicó.

- Policía Judicial: La Constitución provincial, reformada en 1994, establece que debe haber una Policía Judicial, por fuera de la estructura de la Policía Bonaerense, que se encuentre bajo las órdenes del Ministerio Público Fiscal, para evitar la interferencia de la fuerza bonaerense en las investigaciones. En ese sentido, Sabbatella especificó que el cuerpo judicial debería depender de la Procuración de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y que deberían estar claramente separadas las funciones de investigación y policía científica. Montes, en consecuencia con la posición del FIT de disolver todas las fuerzas de seguridad, consideró que la Policía Judicial debería dejar de existir.

- Selección de magistrados: Con la excepción de Morán, que piensa que no hay que aumentar el número de miembros en el Consejo de la Magistratura, los candidatos consideraron que debería incluirse a los organismos de derechos humanos en el proceso de selección de jueces.

- Democratización de las fuerzas de seguridad: “Las fuerzas de seguridad ya están democratizadas, responden a un gobierno civil. Plantear que no lo están presupone eximir al Estado de responsabilidad sobre el control y comando de las mismas”, dijo De Narváez, quien fue el más duro contra la política del gobierno actual y habló de la necesidad de crear “oficinas que defiendan los derechos de los trabajadores”. Sabbatella, por su parte, consideró que hay que crear un “defensor del policía” e incorporar órganos de auditoría externa e interna. Stolbizer, en cambio, hizo hincapié en el control de las finanzas de la Bonaerense. Morán remarcó que hace falta incorporar la participación comunitaria como otro medio de control.

- Gatillo fácil y torturas: La mayoría de los candidatos respondió que hace falta aumentar las políticas preventivas para disminuir la violencia institucional. Morán expresó que habría que sacar de la Bonaerense la División de Asuntos Internos, y Sabbatella dijo que es necesario implementar un mecanismo local de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

- Trata de personas: De Narváez y Morán hicieron hincapié en las falencias de la legislación actual contra la trata y hablaron acerca de su trabajo legislativo en ese sentido. Sabbatella, por su parte, remarcó que por tratarse de un delito que se da en el marco del crimen organizado, se lo debe investigar como a un delito complejo. Stolbizer, en cambio, habló de la necesidad de generar políticas preventivas, mientras que Montes expresó que “los delitos de explotación laboral son innatos al capitalismo”.

Informe: Sol Prieto.