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Cuando el gobernador Daniel Scioli dijo que su línea de conducta era ser previsible, la fuerza de choque de su policía ya había partido a palos la cabeza de un grupo de jóvenes camporistas en las escaleras de la Legislatura Bonaerense. La orden impartida a esa unidad antidisturbios para que sólo la ola naranja llegara a los palcos era tan previsible como la resistencia de quienes la cumplieron a cualquier sanción “por trabajar para proteger al gobernador y a los señores políticos”, como dijo con irrefrenable sinceridad el jefe del operativo. En los sumarios que se tramitan quedó claro que los responsables de seguridad de la Legislatura habían dispuesto que las tropas se apostaran fuera del edificio, y en menor número. La única duda que subsiste es si la orden de que fueran más y se apostaran a la entrada de los palcos para ejercer la limpieza ideológica provino del ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, o del jefe de gabinete de ministros, Alberto Pérez. En cualquier caso, del Poder Ejecutivo provincial. Un “alto oficial de la Dirección de Infantería” le dijo a la Agencia Periodística de Buenos Aires (AgePeBA), que funciona en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, que Casal ordenó antes de la asunción que sólo ingresasen las barras del gobernador y, una vez iniciada la refriega, que se empleara la fuerza contra los militantes de La Cámpora. En cambio, fue el vicegobernador Gabriel Mariotto quien el viernes clausuró el destacamento policial que había en el Senado, con diez hombres al mando de una comisaria, puso la seguridad en manos del abogado Silvio Torres, allegado al vicepresidente del Senado Sergio Berni, y ordenó el peritaje de las armas encontradas en el lugar.

Pactos de sangre

El episodio revela la dificultad de modificar los compromisos preexistentes, basados en la delegación de facultades y las prestaciones recíprocas. Cuando se trata de hombres en armas, estas obligaciones equivalen a pactos de sangre. Por eso los efectivos amotinados en la sede de Infantería mencionaron en forma explícita “la traición de sus jefes” y del “poder político”, que los utilizaron como guardia pretoriana y luego los entregaron a la vindicta pública. El acuartelamiento obligó al gobierno a extremar su doble mensaje. Mientras Scioli, Pérez y Casal proclamaban que no habría negociación alguna y que se aplicaría todo el rigor de la ley, por lo bajo se asumió el compromiso de conducir en forma amistosa los sumarios de Asuntos Internos y la investigación preliminar del ministerio público para concluir en unos días que los infantes no incurrieron en faltas ni delitos. Uno de los negociadores fue el secretario de política criminal César Albarracín. Su secretaria privada y persona de máxima confianza es la doctora María Verónica Cosso. Su abuelo, Elvio Osmar Cosso, fue director de Seguridad del Servicio Penitenciario, quien en 2010 fue condenado a 25 años de prisión por tormentos reiterados a los presos políticos durante la dictadura en la penitenciaría de La Plata.

El sumario milagroso

El Sumario de Asuntos Internos (Dcia Expte Adm Nº 1050-5895/1211) se inició de oficio, por parte del propio Casal, el mismo 12 de diciembre en que ocurrieron los hechos, y es anterior a la causa penal (IPP 45282-11, del 14 de diciembre). Esta secuencia excepcional rompe con todas las tradiciones. Con Casal, ningún sumario avanzó antes que la causa judicial. Feliz coincidencia: dado que la justicia bonaerense rara vez investiga denuncias por apremios o torturas, tampoco hay sumarios internos a sus autores. Cuando algún funcionario judicial presenta una denuncia, el sumario de Asuntos Internos no progresa, pero la información es tenida en cuenta por Casal a la hora de los ascensos. El 30 de noviembre, el defensor de jóvenes Julian Axat Della Croce, junto con la abogada de la Comisión Provincial por la Memoria, denunció la aplicación del submarino seco a un chico detenido en la Seccional Policial 12ª de La Plata, Villa Elisa, a cargo del Subcomisario Germán Rodriguez. “Me golpearon la cabeza, el ojo, y el cuerpo entre varias personas. También me colocaron una bolsa en la cabeza para asfixiarme, y que les diga quién había sido el que robó”, declaró el niño que los defensores identifican como G. P. y cuyos dichos “coinciden con las lesiones que se constatan por la médica a cargo del Centro de Recepción La Plata”. Diez días después, Casal premió a Rodríguez, designándolo Subdirector de Seguridad en el Deporte. La sobreactuación actual no procura esclarecer, sino silenciar. Como cada vez que quedó librada a sí misma sin conducción política la Bonaerense está al borde de la descomposición. El lunes fue el escándalo en la Legislatura, el martes se conmemoró el Día de la Policía. Por temor a posibles expresiones de repudio, Scioli no asistió y el acto, que suele extenderse por tres horas, con desfile de fuerzas uniformadas con trajes de época y premios a los policías que atienden partos y cometen otros actos heroicos, apenas duró media hora. Por la noche, durante el brindis en la cena de camaradería, realizada en el restaurante El Mangrullo, propiedad de Alejandro Granados, el director de Investigaciones, comisario general Roberto Castronuovo, alzó su copa para chocarla con la de Juan Carlos Paggi. Pero el ex jefe retiró la suya, dio un paso atrás y dijo:

–Vos creés que yo hablé, pero yo no hablé.

Comenzó así una gritería hasta que el flamante jefe, Hugo Matzkin, los separó.

–Esta no va a ser la última vez que vos y yo vamos a hablar –alcanzó a amenazar Paggi.

El alzamiento anunciado

Un dato poco conocido es que dos días antes de la reasunción de Scioli, la Asociación Profesional de Policías de la Provincia de Buenos Aires, APROPOBA, había convocado a un autoacuartelamiento para el martes 12. El anuncio fue realizado por oficiales de San Martín, donde se ha elevado a juicio la causa por los asesinatos de José León Suárez. La agencia Nova había informado el sábado 10, que el lunes 12 “los efectivos asistirán a sus puestos de trabajo pero no saldrán a la calle”, en reclamo de “mejoras en las condiciones laborales, francos, sueldos más altos y seguros de vida”. Ésa fue la forma del reclamo encabezado por los infantes que reprimieron en la Legislatura. APROPOBA no es una organización crítica de la gestión de Scioli. Por el contrario, en marzo declaró que “solamente a partir del gobierno asumido en diciembre de 2007 se ha advertido un compromiso real por encontrar solución a la crisis de inseguridad, instrumentándose desde el Poder Ejecutivo y desde la Presidencia de la Comisión de Seguridad del Senado, algunas medidas que intentan reparar parte de los daños causados en la policía y en la justicia por la fracasada gestión del doctor León Arslanián, como la acaba de calificar el Gobierno de la Provincia en la persona del Jefe de Gabinete, lo cual valoramos positivamente porque no es la primera vez que las actuales autoridades responden públicamente a las mentiras del ex ministro, que siempre son injuriosas hacia los policías”. También existe un Movimiento Policial Democrático, cuya declaración fundacional sostiene que “los trabajadores policiales nos encontramos desamparados y desprotegidos” y que por medio de la unión buscan “protegerse de los atropellos y los malos tratos” para “generar las herramientas de transformación en defensa de los derechos de los trabajadores”. Su inspirador es el teniente en actividad Esteban Arriada, de 31 años, uno de los autoacuartelados de Infantería. Este MOPODE fue creado en octubre y se propone conformar un sindicato, para lo cual están en conversaciones con ATE y UPCN. Reconoce que cargan con “un estigma de los años de la dictadura” y reivindican como “una ley democrática” la que sancionó Arslanián, “pero volvimos, nuevamente, a la ley militar aunque disfrazada con otro nombre”. Sobre Scioli, estos denominados policías democráticos sostienen que “necesita descomprimir y generar aliados y, ante eso, está dispuesto a todo. El volvió a imponer un sistema policial devenido del proceso militar, que avasalla derechos de los trabajadores. La necesidad de los intendentes de darle una respuesta a la ciudadanía en su ámbito jurisdiccional, hace que Scioli tenga que conceder y no importa el precio. Esto muestra una falta de respuesta por parte de su propia gestión”. Arriada, que también escribe poesía y cita a Hegel y Foucault, sostiene que la denominación del movimiento como democrático procura disipar cualquier asociación con “el intento de golpe de estado desde una policía militarizada en Ecuador” y destacar el respeto a los principios democráticos de la Constitución, en la que se definen los derechos que ellos reclaman.

Hacete amigo del juez

El avenimiento con los uniformados en rebeldía no fue obra de los funcionarios que envió Casal ni de Matzkin sino del juez César Melazo, cuya intervención es otra evidencia de la promiscua relación entre el poder político y la policía. El juez de turno no era Melazo sino Fernando Mateo. La presencia de Melazo no tiene otro sentido que la protección a los camaradas, que es una de sus especialidades. Durante la gobernación de Felipe Solá, Melazo anuló por razones formales una serie de procedimientos en desarmaderos de autos robados, por lo cual el gobernador solicitó su juicio político, que no prosperó en una legislatura y una Suprema Corte controladas por el duhaldismo puro y duro. El jefe de policía de entonces, Alberto Sobrado, fue expectorado cuando se descubrió que había girado más de medio millón de dólares al exterior, que no figuraban en sus declaraciones a la AFIP ni en Asuntos Internos. Melazo rechazó la detención solicitada por el fiscal Daniel Urriza, alegando que las pruebas eran insuficientes para probar no el enriquecimiento ilícito sino su magnitud y luego la declaró nula por otro tecnicismo. Con el mismo argumento rechazó pedidos de detención contra otros comisarios enriquecidos de repente.

La silla de ruedas

Entra en escena Sara Derotier de Cobacho, una octogenaria con la voz áspera del tabaco fuerte, que se desplaza en silla de ruedas y tres veces por semana debe someterse a un tratamiento de diálisis. Luego de reasumir, Scioli anunció que la había confirmado como Secretaria de Derechos Humanos, en la única mención a una funcionaria de esa jerarquía en todo su discurso. Derotier fue designada por Felipe Solá como subsecretaria y en 2007 Scioli la ascendió a Secretaria. La primera semana de diciembre, el gobernador había ofrecido ese cargo al Movimiento Evita, para que volviera a ocuparlo Edgardo Binstock, a quien le pidieron los datos personales para preparar el decreto. No hubo explicaciones por el cambio de planes, que equivale a dejar vacante un cargo fundamental, ya que Cobacho ha pasado por varias internaciones y desde principios de año sólo concurre a su oficina en forma excepcional. De la Secretaría se ocupa el marido de su nieta Amanda Danielis, Fernando Cano. Ex senadora provincial, ex funcionaria en Merlo del intendente Raúl Othacehé, desde la Secretaría de Derechos Humanos protegió a los sucesivos gobernadores de toda denuncia por el accionar policial.

La caja fuerte

El 30 de diciembre de 2009 denunció que dos hombres a mano armada y cara descubierta asaltaron la secretaría, la redujeron a ella y a nueve empleados, abrieron la caja fuerte y robaron legajos con información sobre detenidos-desaparecidos, su netbook personal y 8.000 pesos. Según la funcionaria, en la computadora tenía “toda la información sobre los procedimientos policiales” en el caso del desaparecido adolescente Luciano Arruga y cuatro denuncias de corrupción policial en Almirante Brown, Ezeiza, Malvinas Argentinas, Escobar y La Matanza, que no había denunciado a la Dirección Policial de Asuntos Internos. Con eficiencia escandinava la policía informó que había identificado al ladrón por las huellas digitales recogidas en la escena del delito y el cotejo con su base de datos. Era el policía de la dirección de Investigaciones Complejas y Narcocriminalidad de La Plata, Juan Mateos, que al día siguiente del robo fue detenido. La netbook fue recuperada una semana después en otro procedimiento asombroso. Un alto jefe de la División Narcotráfico de La Plata, Gustavo Mena, se comunicó con Melazo, quien no era el juez de la causa. En la madrugada del 6 de enero Melazo y el jefe de la Dirección de Investigaciones de La Plata, Juan Ibarra, se reunieron en un bar con Mena, un buchón policial y el otro autor del asalto, Gastón Derrito, quien devolvió la netbook y dijo que se llevaron de la caja fuerte 190.000 pesos, diecisiete veces más de lo denunciado por Derotier. El fiscal Marcelo Martini denunció lo sucedido a la dirección policial de Asuntos Internos. En los meses siguientes sucesivas purgas alejaron a los colaboradores que habían sido víctimas y testigos del robo, en su mayoría familiares de detenidos-desaparecidos o ex presos políticos. Una de ellas, Isabel Eckerl, denunció que “Cobacho nos dijo que se llevaron 30 mil pesos pero ningún expediente ni documentación”. Eckerl y otros cinco trabajadores desplazados por Cobacho narraron los hechos en una carta dirigida a Scioli, quien no los recibió. Decían que ni Cobacho, ni su nieta y su marido podían justificar la posesión de tanto dinero. La ocasión para esclarecer lo sucedido era el debate de juicio, pero Mateos aceptó el procedimiento del juicio abreviado y recibió una condena a cuatro años sin que el caso se ventilara en público. La incomprobable versión que circuló en la Secretaría fue que el dinero era el pago del gobierno por el apoyo de Derotier al proyecto de Código Contravencional que organismos sociales y de Derechos Humanos y asociaciones de magistrados denunciaron como violatorio de todos los derechos y garantías. Otro de los renunciantes forzados, Germán Córdoba, ex director de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, a quien Fernando Cano le encomendó la investigación del robo, dijo para esta nota que el quiebre entre la Secretaría y el personal se produjo cuando el oficial de la policía Gustavo Mena declaró en el sumario que en la caja fuerte había 160.000 pesos y que eso fue lo único que se llevaron los ladrones. Como presunto entregador fue detenido el chofer de Cano, Pablo Césaro, cuya pronta liberación y sobreseimiento se atribuye en la Secretaría a su amistad e intereses en un bar en el centro de La Plata con el ahora vicepresidente del bloque de diputados victorianos, El Cabezón Raúl Pérez. En su carta de renuncia, Córdoba denunció que se impedía “toda gestión en cárceles y comisarías con el argumento de que no es conveniente inmiscuirse en el ámbito de otras carteras de Estado”. Agregó que la Secretaría carece de razón de ser si no puede “indicar falencias o acciones de agentes estatales que afecten los derechos humanos de los ciudadanos”. El anunciado regreso de Binstock a la Secretaría de Derechos Humanos alteró a Casal por el recuerdo de su gestión anterior allí durante el gobierno de Solá. Binstock desarrolló una política de ocupación territorial por los denominados “Promotores de Derechos Humanos”, un centenar de trabajadores sociales que hacían trabajo de campo en los barrios. Allí recogían denuncias que la Secretaría canalizaba en reclamos al ministerio o a la dirección policial de Asuntos Internos y, en muchos casos, las enviaban a la Justicia. Esta red obstaculizaba las prácticas policiales acostumbradas, como la tortura y la recaudación. Alertado por Casal, Scioli aceptó el reclamo del superministro, acaso como pararrayos que desvíe las furias que se dirigen hacia él.