La renovación de Casación está promoviendo cambios pedidos por los organismos de DD.HH.
Imagen: Pablo Piovano.

La Cámara de Casación Penal, en plena renovación de sus integrantes, se dispone a hacer una revisión crítica de su actuación y a fijar “reglas prácticas” para agilizar los juicios orales por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Es una facultad que tiene este tribunal pero que jamás usó en este sentido, incluso hizo todo lo contrario al menos hasta hace algunos meses. Para diseñar las modificaciones y ponerlas en marcha, la mayoría de los camaristas consensuaron convocar a un plenario especial que se haría en febrero, según pudo confirmar Página/12. Los principales cambios que se analizan apuntan a evitar la reiteración de testigos y pruebas en distintos juicios, a impedir que en cada proceso se vuelvan a discutir definiciones doctrinarias tan elementales y firmes como –por ejemplo– si hubo un plan sistemático de exterminio durante el terrorismo de Estado y hasta a pautar el tiempo o número de audiencias que puede demandar un caso.

Esta iniciativa de la Casación aparece como una primera respuesta a denuncias y reclamos de organismos de derechos humanos que desde hace cinco años la señalaban como el gran embudo responsable de la demora de la resolución de las causas contra represores. En 2007 acumulaba más de cien recursos sobre expedientes de lesa humanidad, algunos de los cuales llevaban tres años ahí, congelados. Con el tiempo y el empujón de la Corte Suprema, los planteos se fueron destrabando y los juicios se van concretando. Pero según un informe reciente de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas de Derechos Humanos de la Procuración General, los problemas remanentes siguen focalizados en Casación, que retarda la confirmación de las sentencias. Este año revisó seis. De los 66 represores condenados, sólo 43 tienen condena firme.

Una de las misiones de la Cámara de Casación es reevaluar las conclusiones a las que llegan los tribunales orales. Otra, analizar situaciones de imputados privados de su libertad. Es excepcional que se pronuncie sobre procesamientos dictados en primera instancia.

Las “reglas prácticas” que planea implementar el tribunal no solucionarán directamente su propio retardo en la revisión de sentencias de crímenes de lesa humanidad, pero lo obligarán a ser consecuente. No sólo porque las plantea como un cambio cultural sobre cómo se deben manejar los juicios por violaciones a los derechos humanos, sino porque para que un tribunal oral incorpore como probados en un juicio los hechos que ya se juzgaron en otro, hará falta una sentencia previamente confirmada.

No volver sobre hechos juzgados y probados es uno de los pilares en los que se apoyaría la futura reglamentación para lograr apurar el inicio de los juicios y acortar su duración. Las audiencias se concentrarían entonces en “juzgar la autoría y la responsabilidad del imputado”, explican en Casación.

Un miembro del tribunal justificó ante este diario que si les quedan muchas condenas sin revisar es “por los problemas de integración y vacantes en la cámara que dificultaron el trabajo”, pero aun los subrogantes –admitió– más un sector de los camaristas más antiguos carecían de interés en darles prioridad.

La propuesta para convocar a “la reunión plenaria” en febrero la hizo la Sala II de Casación y se la entregó por escrito anteayer a la presidenta saliente Angela Ledesma. Le dice que el objetivo es “establecer pautas y normas prácticas ordenatorias y/o doctrinarias sobre los procedimientos a seguir en juicios por crímenes de lesa humanidad”. Luego recuerda que existe un artículo del Código Procesal, el cuarto, que le da facultades a la Cámara de Casación, para fijar todas las normas que crea necesarias para los juicios orales. Algunas de las que analizan, inspirados en tribunales internacionales, serían:

n Además de evitar volver sobre lo que ya se juzgó y se probó, buscarían generar un sistema para que no se reiteren los testigos el proceso de producción y estudio de las pruebas. El razonamiento es que la superposición conlleva un desgaste para los testigos y víctimas, a lo que se suma que se alargan los tiempos y crecen las chances de que los imputados mueran (por cuestiones de edad) antes de recibir sentencia. Habría audiencias previas entre las partes para acordar la incorporación de videofilmaciones y evidencias puntales.

n Aunque parezca mentira, dicen en Casación, en algunos juicios los defensores vuelven a poner en discusión cuestiones como si hubo un plan de exterminio en la dictadura o insisten en alegar el concepto de “guerra interna”. Algunos de los jueces de Casación ya plantean que “son cosas que no se pueden analizar cada vez, son parte de la doctrina y así se las debe incorporar en cada juicio: hubo plan sistemático, no cabe la idea de guerra interna y lo mismo cabe respecto de definiciones como quién estaba a cargo de cada cuerpo de ejército, de cada centro clandestino”.

n En función de un diagnóstico presentado por los fiscales acerca de las “disfunciones” en el primer juicio sobre los crímenes de la ESMA, y de otras experiencias similares, el tribunal podría establecer pautas prácticas que van desde fijar cantidad mínima de audiencias por semana y su duración, cuánto pueden extenderse las últimas palabras de un acusado y eliminar la lectura de todo el requerimiento de elevación a juicio, que puede llevar días.

Dos de los jueces que integran la Sala II, que tomó la iniciativa –Ana María Figueroa y Alejandro Slokar– son de los más nuevos, incluidos en las últimas designaciones de Cristina Kirchner. El tercero es Pedro David, un histórico del tribunal, que siempre desentonó con la mayoría de Casación y que acaba de volver de La Haya, donde estuvo desde 2008 juzgando los crímenes de la ex Yugoslavia.

David asumirá como presidente de Casación en febrero. Su nombramiento desató una batalla campal en el 2º Piso de Comodoro Py 2002 y dividió incluso a los camaristas más nuevos. Mariano Borinsky y Juan Gemignani se opusieron a que ocupara ese puesto y apoyaron a su compañero de la sala IV, Gustavo Hornos. Pero más allá de estas rencillas –documentadas en un acta–, la cuestión de los juicios de derechos humanos no suscitaría grandes diferencias conceptuales. Borinsky y Figueroa, por caso, fueron los primeros en volcar sus propuestas para agilizar los juicios por escrito haciéndose eco de las que envió días atrás el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, lo que también marcó el paso. Ledesma hace tiempo viene trabajando en la misma línea, pero meses atrás carecía de apoyo interno. A lo sumo puede esperarse algún atisbo de resistencia de quienes llevan casi veinte años como casadores.

La última convocatoria a una reunión del pleno del tenor de la que habría en febrero fue en noviembre de 2008 pero tuvo un sentido totalmente opuesto. Allí se firmó un “fallo plenario” conocido como “(Ramón) Díaz Bessone” –por el ex general– que estableció que aun ante delitos de los más graves se debe priorizar la excarcelación de los procesados sin condena si no hay peligro de fuga o entorpecimiento de la causa. No pareció un gesto de garantismo sino una decisión a medida de los represores, algunos de los cuales fueron liberados en consecuencia, hasta que la Corte comenzó a revocar esas excarcelaciones. La Casación, que con cuatro jueces nuevos está en plena renovación, parece dispuesta –aunque está por verse– a contribuir a cambiar la historia.