A puro contragolpe, el macrismo lanzó iniciativas para responder al tratamiento en el Senado del traspaso del subte y los colectivos. En la Cámara de Diputados, el bloque PRO presentó un proyecto para que se transfieran además el juego y el puerto a la Ciudad de Buenos Aires, junto con la Policía Federal, la Inspección General de Justicia, el Registro de la Propiedad Inmueble, las competencias judiciales, la asistencia del Servicio Penitenciario Federal y los inmuebles ferroviarios. En la Legislatura porteña, en tanto, idearon una consulta popular (no vinculante) para que los porteños acepten o no el subte “sin la respectiva reasignación de recursos económicos”. Desde el kirchnerismo consideraron que la idea del referéndum con esa pregunta es “una payasada”.

El PRO presentó ayer su propio proyecto de traspaso e intentará colarlo en las comisiones de Diputados, una vez que el proyecto de ley del Ejecutivo nacional se apruebe y pase a la Cámara baja. El proyecto de los macristas hace hincapié en que ante cada traspaso los dos gobiernos deberán acordar “la concreta reasignación y transferencia de recursos necesarios”. Para transferir a la Federal señala un plazo “improrrogable” de 180 días desde aprobada la norma. Aunque incluye una variedad de transferencias, en el PRO se centraron en las dos que producen dinero.

“Obviamente estamos pidiendo el traspaso del puerto y el juego, esto es lo que generaría dinero y tener una balanza como corresponde”, sostuvo el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro.

El juego de azar le brindaría a la Ciudad la totalidad de las utilidades, que en la actualidad se reparten un 65 por ciento para la Nación y otro 35 por ciento para la Ciudad. En 2008, Macri negoció con el gobierno nacional un convenio por el juego, por el que pasaba a repartirse en partes iguales. Pero finalmente lo rechazó por la oposición de la Iglesia. Con esa decisión, la Ciudad perdió la posibilidad de duplicar sus ingresos. Ahora, la gestión PRO volvió a reclamar el juego.

Sobre el subte, sostienen que la Nación debe transferir fondos. “El Gobierno no quiere hacer caso al artículo que dice que se tienen que hacer con los recursos. El otro gran tema es la deuda de 1100 millones de dólares, que es dinero que sale de los vecinos y de sus impuestos. No podemos hacernos responsables de una transferencia en esas condiciones, porque les haríamos pagar a los vecinos cosas que no tienen que pagar”, afirmó la diputada Gabriela Michetti a Página/12.

“Cuando se habla de federalismo y recursos, Macri omite decir que la Ciudad de Buenos Aires está enormemente beneficiada en su flujo de recursos por el Convenio Multilateral de Impuesto a los Ingresos Brutos”. contraargumentó el diputado kirchnerista Roberto Feletti. “El Presupuesto de la Ciudad es el tercero del país, con más de 30 mil millones de pesos, después de la Nación y la provincia de Buenos Aires. Entonces no es poco lo que la Ciudad recibe de financiamiento”, estimó.

En tanto, en la Legislatura porteña el PRO y sus aliados presentarán un proyecto de ley para que se haga una consulta popular con la siguiente pregunta: “¿Debe la Ciudad aceptar la transferencia del subte sin la respectiva reasignación a su favor de los recursos económicos necesarios para su funcionamiento?” El referéndum sería no vinculante y no sería obligatorio ir a votar. La iniciativa es del aliado macrista Juan Pablo Arenaza y del vicepresidente primero, Cristian Ritondo. “La idea es que los vecinos se manifiesten por sí o por no en caso de que el proyecto de ley que trata el Congreso no incluya los recursos”, remarcó Ritondo. “Ante esta controversia, queremos que la gente se exprese. Si lo quieren con los fondos, trabajaremos en ese sentido. Si no, habrá que reubicar partidas de otros rubros”, estimó Arenaza, quien dijo que los que no la voten “serán responsables de llevar la Ciudad a la quiebra”.

–¿Qué costo tendrá la consulta? –preguntó este diario.

–No lo sé. Pero el costo es mucho menor que una elección porteña. Se podría hacer por otra vía, habría que ver...

En tanto, la legisladora kirchnerista Gabriela Alegre recordó que la Constitución porteña advierte que “no pueden ser sometidos a referéndum los tratados interjurisdiccionales”. “Es una payasada. La Constitución es clara sobre qué cuestiones se puede pedir una consulta popular y están excluidas explícitamente las cuestiones interjurisdiccionales”, señaló Alegre, quien juzgó que “la autonomía determinada por la Constitución porteña no se puede poner en consulta”. Por último, la legisladora kirchnerista afirmó: “Es lamentable que Ritondo lo use al recién avenido Arenaza para hacer el ridículo”.