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El próximo domingo, en una fecha elegida en forma arbitraria en función de conveniencias políticas del momento, se realizarán elecciones generales para designar nuevos presidente y vice. De este modo se procura aminorar en algo el quiebre institucional producido hace un año y medio, con la forzada renuncia del último presidente constitucional y su reemplazo por un senador al que el Congreso atribuyó las relaciones exteriores y la defensa de la Confederación. Como José M. Guido en 1963, el jefe interino se declara satisfecho con su desempeño, pero a diferencia de aquél procura digitar su sucesión y convertirse en el poder detrás del trono. El encargo era para completar el período del Poder Ejecutivo en fuga. Pero el gobernante interino resolvió entregar el poder siete meses antes, con lo cual aun sin ser un presidente pleno se suma a la lista de mandatarios interruptus. La novedad es que, esta vez, no pertenece al especializado partido radical.
Tercios
Por algún no explicitado motivo, esos comicios sí se celebrarán de acuerdo sólo con algunas de las prescripciones electorales del texto reformado en 1994 por la Convención Constituyente de Santa Fe. No aquella que manda efectuar la elección dentro de los dos meses anteriores a la conclusión del mandato del Presidente en ejercicio (artículo 95), pero sí la que prevé dentro de los treinta días celebrar una segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas (artículo 96), si ninguna de ellas hubiera obtenido el 45 por ciento de los votos afirmativos válidamente emitidos (artículo 97) o el 40 por ciento y una diferencia mayor de diez puntos sobre la fórmula que le sigue (artículo 98). Los partidos políticos, que según la misma Constitución son instituciones fundamentales del sistema democrático (artículo 38), se presentarán divididos en tercios al electorado para que éste ejerza la soberanía popular (artículo 37). Lo más notable es que lo harán con tres candidatos que provienen del Partido Justicialista, tres de la Unión Cívica Radical y tres de distintas familias de la izquierda, desde la socialdemócrata hasta las paleolíticas, que hablan desde la pieza más húmeda del museo de la historia.
La salud del bipartidismo
Esta composición de la oferta partidaria y las encuestas de sociología electoral acerca de las intenciones de voto, ponen en cuestión la crisis del bipartidismo en el sistema representativo. Las tres fórmulas justicialistas atraerían el próximo domingo a cerca de la mitad del electorado, las tres radicales a un tercio. Un ciudadano de cada diez aún no decidió qué hacer en el cuarto oscuro, uno de cada cinco no votará o lo hará en blanco. El 5 por ciento restante se distribuiría entre las demás fórmulas, ninguna de las cuales superaría el 2 por ciento de los votos. Esto sugiere que con toda probabilidad el próximo presidente provendrá de alguno de los dos partidos que desde 1946 se alternaron en el ejercicio del poder, con excepción de las periódicas irrupciones castrenses. Pero desde 1983, afortunadamente, el partido militar no presenta candidatos.
Las razones por las cuales peronistas y radicales llegan atomizados a los comicios son diversas. En el radicalismo se produjeron desprendimientos por derecha e izquierda, a medida que el gobierno de Fernando de la Rúa se iba deshaciendo. La escandalosa elección interna con la que el remanente intentó definir sus candidaturas hizo que sólo un minúsculo grupo permaneciera hasta hoy dentro de sus registros oficiales. El justicialismo, en cambio, decidió fragmentar su oferta ante la inquina entre varios de sus líderes. El control cruzado de las distintas instancias partidarias hizo que cada uno pudiera vetar las disposiciones del otro, de modo que acordaron diferir la solución del entredicho hasta el día de la elección general. Esta irreductibilidad de las posiciones, que no encuentra explicación en diferencias ideológicas o conceptuales, abre el mayor interrogante sobre el desarrollo del acto del próximo domingo. El justicialismo ha demostrado en las últimas décadas una capacidad inquietante para trasladar al aparato del Estado sus reyertas internas y para dirimirlas de hecho. El ejemplo más reciente se produjo en Catamarca, donde una fracción asaltó los locales de votación y luego agredió a una senadora que pidió sanciones contra los responsables.
El encono que divide a los liderazgos justicialistas y la escasa diferencia porcentual de las adhesiones que concitan, sumados a la manipulación constitucional y de los sistemas electorales que cada una de esas fracciones practica sin hesitaciones cada vez que se lo permiten, puede conducir a situaciones problemáticas. Cuando algo semejante ocurrió entre partidos opuestos en los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia adoptó una decisión dentro de los plazos constitucionales. Los recuentos posteriores demostraron que el presidente electo por una Corte con mayoría de jueces designados por presidentes previos del partido vencedor, no era el que había obtenido mayor número de votos populares ni de electores. Sin embargo, todas las partes acataron esa decisión. La sensibilidad democrática de los argentinos no permitiría semejante desenlace y reclamaría por todos los medios imaginables el recuento de todos los votos, como ya ocurrió en la provincia de Santa Fe, hace ocho años, cuando el gobierno nacional intentó ayudar en el recuento de los votos a un candidato de su simpatía, opuesto al que respaldaba el gobierno provincial. El gobernador ordenó concentrar todas las urnas en un local vigilado por las Fuerzas Armadas y controlado por circuito cerrado de televisión. El escrutinio definitivo duró más de un mes y demostró que el anuncio triunfal de la primera noche había sido fraudulento. A la luz de estos antecedentes el plazo de una semana entre la segunda vuelta y la asunción del electo parece de cumplimiento improbable, lo cual daría lugar a un nuevo emparche con chicle constitucional.
Pares
Desde que se anunció la convocatoria electoral y hasta diciembre pasado, los sondeos indicaban que la segunda vuelta enfrentaría, como de costumbre, a una fórmula justicialista con una radical. Cuando el justicialismo ramificó sus candidaturas pareció posible que, por primera vez en la historia, el cuarto oscuro para la segunda vuelta sólo contuviera dos boletas justicialistas. A pocos días de la primera ronda, una vez más las preferencias populares parecen inclinarse por un final clásico, con un peronista y un radical, aunque no sean los mismos que arrancaron en punta un año atrás.
Por encima del origen partidario, es posible agrupar a los candidatos de los partidos tradicionales en pares, según sus propuestas y las consecuencias que la victoria de cada uno de ellos tendría.
Carlos Menem y Ricardo López Murphy. Se presentan como los candidatos de la ley, la seguridad y el orden. Esta imagen tiene escasa relación con su desempeño previo en cargos públicos, que no se orientó por esos valores. Ambos prometen perseverar en la política económica neoliberal a la que no atribuyen responsabilidad alguna en el deprimente estado de cosas actual. Frente a la protesta social ni siquiera descartan el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas policiales. En política exterior se alinearían en forma automática con el gobierno republicano de los Estados Unidos. Menem se pronunció personalmente en favor de la doctrina del ataque preventivo, que se concretó en la invasión a un país soberano que no había efectuado actos previos de agresión, con daños colaterales a su población e infraestructura civil provocados con armas de destrucción masiva. López Murphy hizo lo mismo a través de su principal asesor intelectual, el psicoanalista grafómano Marcos Aguinis. Menem tiene a su favor la idea de que sabría ejercer el poder y en su contra el alto grado de corrupción que acompañó sus anteriores gobiernos. Una definición entre Menem y López Murphy revelaría un marcado giro a la derecha de la sociedad argentina y preanunciaría días aún más difíciles por venir.
Adolfo Rodríguez Saá y Elisa Carrió. Son los únicos candidatos que han insistido en la necesidad de rupturas económicas e institucionales profundas para revertir el curso de desastre que sigue la Argentina desde 1975. Ambos postulan políticas redistributivas del ingreso. El ex gobernador de San Luis sostiene que es necesaria una revolución con la que tomaría el poder luego de ganar el gobierno. Incluso ha formulado invitaciones para integrar un presunto comando revolucionario a personalidades de biografía e intereses tan diversos como las que integraron su fugaz paso por el Poder Ejecutivo Nacional en la última semana de diciembre de 2001. Su hegeliana tolerancia a la contradicción le permite presentar un programa cuyo primer punto es el respeto por los derechos humanos y elegir como portaestandarte en la principal provincia del país al coronel Aldo Rico, que se alzó en armas en solidaridad con quienes los habían violado durante la dictadura militar. En la Capital, respalda a varios candidatos de ética dudosa, entre ellos un ex lobbysta de los laboratorios medicinales que pagó a los legisladores por la sanción de una ley y un ex ministro menemista que reglamentó el derecho de huelga y propuso una jornada laboral de diez horas sin pago de horas extras y se enriqueció litigando contra el Estado. La honestidad de la diputada Carrió no está en duda, pero su capacidad política sí, a partir de las rupturas con Alfredo Bravo, Mario Cafiero y J.C. Dante Gullo y la reiteración de un discurso apocalíptico no respaldado por ningún dispositivo de organización a la altura de tales desafíos. En febrero la designación de un empresario conservador como candidato a vicepresidente, en quien la candidata delega los contactos con hombres de negocios, marcó un punto de inflexión difícil de revertir.
Néstor Kirchner y Leopoldo Moreau. Apoyados por Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín, ambos pueden ser descriptos como Menos de lo Mismo. Si la elección presidencial hubiera coincidido con las de gobernadores y las de legisladores nacionales, provinciales y municipales, el apoyo del aparato justicialista bonaerense podría haber hecho una diferencia en favor del gobernador de Santa Cruz. Pero la manipulación del cronograma electoral termina jugando en su contra. En el cuarto oscuro no habrá una sábana de boletas, con los nombres de Felipe Solá, Hilda González de Duhalde o Manuel Quindimil sino apenas una hojita con los de Kirchner y su coequiper Daniel Scioli, cuya designación produjo el mismo efecto que la de Gustavo Gutiérrez en la fórmula del ARI. Si Kirchner se impusiera, cogobernaría con el aparato bonaerense del duhaldismo aunque la brutal sinceridad del gobernador Felipe Solá al referirse a la facilidad con que las ricas provincias petroleras producen candidatos presidenciales despreocupados de las penurias de la administración, sugiere que las expectativas de triunfo no van en ascenso. Lo mismo se deduce de la destemplada acusación del ministro Aníbal Fernández al sociólogo Manuel Mora y Araujo, de falsear los datos de su última encuesta, según la cual el candidato oficial podría no llegar a la segunda vuelta.
Los demás
Estas son las restantes fórmulas con algún grado de conocimiento público:
Alfredo Bravo y Rubén Giustiniani, del ahora reunificado Partido Socialista. Bravo acompañó a Elisa Carrió en su éxodo de la Alianza. Como no consiguió que su amiga aceptara crear un ámbito de discusión política prefirió alejarse antes que repetir la experiencia que padeció con Carlos Alvarez en el Frepaso. Ha resistido todas las presiones de sus propios compañeros para desistir de su candidatura.
Patricia Walsh y Marcelo Parrilli. Representan la alianza entre el Partido Comunista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores. Su líder, Patricio Echegaray, sostiene que si la Argentina dejara de pagar la deuda externa Estados Unidos carecería de recursos para tirar misiles y cohetes en la guerra (ver http://www.nuestrapro puesta.org.ar/10.htm).
Jorge Altamira y Eduardo Salas. El Partido Obrero afirma que “interviene en las elecciones para desenmascarar su finalidad política” y “preparar a los trabajadores para acometer con éxito la segunda etapa de la bancarrota capitalista y de la rebelión popular”.
Los sondeos asignan a la suma de estas fórmulas y de las otras once que competirán el domingo (Ricardo Mussa, peronista; Mario Mazzitelli, Socialista Auténtico; Guillermo Sulling, Humanista; Manuel Herrera, democristiano; Carlos Zaffore, desarrollista; Manuel Manusovich, populista; Juan Carlos Arcagni, neo-meteorologista; Enrique Venturino, José Bonacci y Gustavo Breide Obeid, ex carapintadas expulsados del Ejército) el 5 por ciento de los votos. Es ostensible que los vastos movimientos sociales que se expresaron en los últimos años bajo la consigna “Que se vayan todos” no se sienten representados por ninguna de estas fuerzas contestatarias.
Con éxitos así
Quienes consideran que la de diciembre de 2001 fue una gloriosa gesta popular que derrocó a un gobierno corrupto, que la Argentina está en vísperas de una transformación revolucionaria no sentirán las elecciones del domingo próximo como un fracaso. Todo lo contrario sucederá con aquellos que lamentan la quiebra institucional, provocada por el aparato justicialista bonaerense para hacerse del poder que no había conseguido en las urnas; deploran el empobrecimiento generalizado que produjo la devaluación dispuesta en beneficio de los grupos económicos locales que poseen más de cien mil millones de dólares depositados fuera del país; y denuncian el regreso de la violencia antipopular, que sólo en aquellas jornadas trágicas cobró 31 vidas.
El año pasado, cuando Elisa Carrió, Luis Zamora y el Frente Nacional contra la Pobreza reclamaron la convocatoria a una asamblea constituyente que dispusiera la caducidad de los mandatos, la remoción de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y el no pago de la deuda externa, los organismos de derechos humanos decidieron no asistir a la movilización programada. Un documento de circulación reservada sostuvo que esas “consignas vacías de contenido” radicalizaban las posiciones e impedirían construir “un amplio consenso social, capaz de producir transformaciones en el funcionamiento del sistema democrático”. El documento proponía, en cambio, “reunirse en torno de algunas reivindicaciones imprescindibles para la democracia. El deterioro de los derechos sociales, en particular la salud y la alimentación –consecuencia necesaria del desmantelamiento de la red del trabajo–, la violencia en el accionar de las fuerzas de seguridad y la ilegalidad en la reacción estatal frente a las protestas sociales, la crisis de representación política y la degradada sombra del servicio de justicia, son temas cruciales que permiten reunir voluntades democráticas y definiciones indiscutibles”. Ninguno de los gravísimos problemas advertidos entonces ha sido solucionado, ni parecen en vías de serlo.