El vicepresidente Amado Boudou ratificará la denuncia por supuesto tráfico de influencias contra el estudio jurídico que integran la esposa y el hijo del ex procurador general Esteban Righi, y que señala en un presunto intento de cohecho al titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi. Lo hará por escrito cuando reciba el pliego de preguntas que le enviará en los próximos días el juzgado de Ariel Lijo. El lunes próximo, además, el amigo y socio de Boudou, José María Núñez Carmona, tendrá una audiencia cara a cara con el fiscal del caso de la ex Ciccone, Carlos Rívolo. Deberá justificar por qué pide que se aparte, Rívolo podrá exponer su postura y el juez Rafecas resolverá.

Las dos situaciones reflejan algunos de los primeros efectos de la estrategia que comenzó a desplegar Boudou después del allanamiento de un departamento del que es propietario, medida que se tomó en la causa donde se investiga el papel del vicepresidente en el rescate de la ex Ciccone Calcográfica de la quiebra. El procedimiento había sido pedido por Rívolo y fue ordenado por Rafecas, quien fue denunciado en el Consejo de la Magistratura.

La denuncia que le costó el cargo a Righi –quien había sido nombrado por Néstor Kirchner– decía que su esposa, Ana María García, la abogada María José Labat, esposa del ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro, y el abogado Fabián Musso fueron a ofrecerle en 2009 (cuando era titular de la Anses) sus servicios profesionales y de lobby en la Justicia federal, como presagiándole que tendría problemas penales, como la causa Ciccone. Boudou dijo que ahora resignificó esa visita. En cuanto a Gabbi, el vicepresidente relató un encuentro en que le advirtió que Antonio Tabanelli, dueño de Boldt, quería”destruirlo”, pero que eso se podía evitar con un arreglo económico.

En la denuncia que ya presentó en el juzgado de Lijo, Boudou relató los hechos, pero tiene la posibilidad de agregar detalles y documentación cuando responda el pliego de preguntas que le enviará el magistrado la semana próxima. Por ser vicepresidente puede hacerlo por escrito. Cumplido ese paso, el fiscal Jorge Di Lello evaluará si hay motivos que ameriten abrir una causa.

Rívolo fue recusado por Diego Pirota, abogado de Núñez Carmona, uno de los hombres investigados en el caso de la ex Ciccone. Sostuvo que perdió la objetividad, incumplió los deberes de funcionario público y violó el secreto del expediente. Entre otras cosas, lo responsabiliza de que los resultados del allanamiento a la propiedad de Boudou –alquilada por un abogado que vive en España– aparecieron enseguida en un medio. Además, le cuestiona haber tomado una medida tan grave como allanar, dado que podría haber usado otros caminos para chequear si allí vivía Alejandro Vandenbroele, director del fondo de inversión que ayudó a Ciccone a salir de la quiebra. El lunes habrá una audiencia donde Núñez Carmona y el fiscal expondrán sus argumentos. Rafecas tendrá que decidir si aparta a Rívolo. La discusión terminaría en la Cámara Federal.