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El abogado defensor de José María Núñez Carmona, Diego Pirota, afirmó ayer que el fiscal que investiga la situación de la empresa Ciccone Calcográfica, Carlos Rívolo, “forma parte de una operación montada en torno de esa causa” y lo acusó de haber ordenado un allanamiento ilícito para perjudicar al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Pirota aseguró que Rívolo orienta la investigación “en un sentido determinado, alejándose de lo que la prueba de la causa dice”, y que “está formando parte, ya sin ninguna duda, porque lo hemos podido constatar en el análisis del expediente, de una verdadera operación montada en esta causa”. El abogado reveló además que analiza la posibilidad de recusar al juez Daniel Rafecas.

Pirota, quien anteayer presentó ante la Justicia un oficio de recusación contra Rívolo por su “pérdida de objetividad”, advirtió que “ese direccionamiento se ve claro cuando se analiza lo que está haciendo y todo lo que pasó con el allanamiento realizado la semana pasada” a una propiedad de Boudou, que consideró de “injusto, innecesario e ilícito”.

Rívolo “hizo una manipulación de la prueba, y en virtud de esa manipulación se llegó al allanamiento”, recordó el abogado en declaraciones a Radio Continental. “No sólo planteamos que cometió irregularidades procesales, sino que estamos hablando de la comisión de hechos ilícitos por parte del fiscal”, agregó el abogado de Núñez Carmona. Pirota también recordó que, después de presentada la recusación, el fiscal Rívolo le envió una nota al juez Daniel Rafecas, a cargo de la causa, en la que se solidariza con él y le anticipa que no lo recusará, pese al intercambio de mensajes del magistrado con un abogado, en relación con la causa. Al referirse a la resolución de la recusación, el letrado consideró que se plantea “una situación compleja” porque quien lo decide es Rafecas y, a la luz del intercambio de mensajes y el reportaje que le concedió al diario Perfil, “su situación en relación con la causa se ve bastante afectada”.

“Creemos que el señor juez tiene que analizar seriamente su situación”, advirtió Pirota, que señaló luego la necesidad de que en la sustanciación del expediente “haya un fiscal que investigue si hubo delito; si lo hubo, que vaya para adelante, y si ve que no lo hubo que pare con esta operación porque ya es un escándalo político más que jurídico”.