El documento de 1978 que el Episcopado aún mantiene en secreto. Videla admite ante la Iglesia que los detenidos-desaparecidos han sido asesinados.

La política de desaparición forzada de personas que el ex dictador Jorge Videla acaba de admitir en varios reportajes y ante la justicia fue reconocida en 1978 ante la Comisión Ejecutiva de la Iglesia Católica. Videla dijo que le gustaría brindar la información pero que en cuanto se comunicara que los detenidos-de-saparecidos habían sido asesinados comenzarían las preguntas acerca de quién mató a cada uno, cuándo, dónde y en qué circunstancias y qué destino se dio a sus restos. La respuesta a esas preguntas sigue pendiente 34 años después. En el diálogo con el periodista Ceferino Reato, quien anuncia que no importa “tomar partido a favor o en contra del entrevistado”, Videla dice que la desaparición de personas no se debió a excesos o errores sino a una decisión de la pirámide castrense que culminaba en él. Pero también da a entender que la imposibilidad de informar sobre los desaparecidos obedece a que la información nunca estuvo centralizada, que cada jefe de zona sólo sabía lo sucedido en su jurisdicción y que muchos han muerto. “Los listados eran la puerta a un debate que conducía a la pregunta final: ¿Dónde están los restos de cada uno?, y no teníamos respuestas para ese interrogante, con lo que el problema, al dilatarse, se agravaba día a día y aún persiste.” Pero en su reunión con la Iglesia Católica Videla habló con mayor franqueza, como se hace ente amigos: dijo que “el gobierno no puede responder sinceramente, por las consecuencias sobre personas”, un eufemismo para referirse a quienes realizaron la tarea sucia de matar a quienes habían sido secuestrados y torturados y se encargaron de que de-saparecieran sus restos. Al elegir esa política que Videla calificó de cómoda, porque eludía las explicaciones, la Junta Militar puso bajo sospecha a la totalidad de los cuadros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, algo que recién comenzó a disiparse con la reapertura de los juicios, donde con las garantías del debido proceso se establecen las responsabilidades que la Junta ocultó. Hasta hoy se han pronunciado 253 condenas y veinte absoluciones, lo cual muestra que en democracia nadie está condenado de antemano y que puede ejercer su derecho a defensa. En el documento secreto sobre este diálogo, que el Episcopado conserva en su archivo, la afirmación de Videla sobre la protección a quienes cumplieron sus órdenes criminales está agregada a mano por el cardenal Raúl Primatesta, que presidía la Conferencia Episcopal y que fue acompañado en la reunión por sus dos vicepresidentes, Vicente Zazpe y Juan Aramburu. En abril de este año la jueza Martina Forns, titular del juzgado federal Nº 2 en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín interrogó a Videla en forma exhaustiva, a solicitud del abogado Pablo Llonto, quien representa a Blanca Santucho, hermana del jefe del ERP abatido en julio de 1976 por un pelotón del Ejército, y cuyos restos nunca fueron entregados a la familia. Un paso previsible en la investigación es solicitar a la Iglesia Católica acceso a los documentos que atesora sobre el tema. El que contiene las explicaciones de Videla lleva el número 10.949, lo que da una idea del volumen de la información que el Episcopado sigue manteniendo en secreto. Está guardado en la carpeta 24-II del Archivo de la Conferencia Episcopal. La Iglesia Católica eligió silenciar el contenido de la conversación en la que Videla les reveló que todos los desaparecidos habían sido asesinados. A continuación, la historia de ese encuentro público pero de contenido secreto.

Carta al cardenal

El 10 de abril de 1978, el diario Clarín tituló su página 3 “El presidente de la Nación almorzará hoy con la cúpula del Episcopado”. Emilio Fermín Mignone, cuya hija Mónica Candelaria había sido secuestrada en mayo de 1976, redactó sin pausa tres densas carillas a un solo espacio y las envió con un mensajero a la sede de la Conferencia Episcopal. También esa carta se conserva en el archivo secreto que el Episcopado guarda en su sede de la calle Suipacha, en la carpeta titulada “Personas detenidas y de-saparecidas, 1976-1983”. Mignone escribió que a dos años y medio del golpe, era indudable que la desaparición forzada de personas constituía “un sistema y no excesos aislados”. El fundador del CELS describió ese sistema: el secuestro, el robo, la tortura y el asesinato, “agravado con la negativa a entregar los cadáveres a los deudos, su eliminación por medio de la cremación o arrojándolos al mar o a los ríos o su sepultura anónima en fosas comunes”. Y se realizaba en nombre de “la salvación de la ‘civilización cristiana’, la salvaguardia de la Iglesia Católica”, colocando “como valor supremo la denominada ‘seguridad colectiva’ sobre cualquier otro principio o valor, incluso los más sagrados”. Añadió que “sobre la mentira nada perdurable puede fundarse”. Mignone insistió en la necesidad de que el gobierno informara “cuál ha sido la suerte de cada ‘desaparecido’, la inmensa mayoría de los cuales, todos lo sabemos y también los obispos, han sido arrestados por organismos de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Y esto, monseñor, es lo que le pedimos que ruegue, exija, obtenga del Presidente de la República esta mañana”.

La desesperación y el odio

Mignone decía que la desesperación y el odio iban ganando muchos corazones y que las exigencias de justicia impedirían cualquier intento de evolución democrática pese a que muchos dirigentes políticos, ansiosos por subirse al barco oficial, querrían echar un manto de olvido sobre lo ocurrido. También le informó a Primatesta que en marzo Emilio Massera le había dicho que la Armada exigía que se diera a conocer la suerte de cada desaparecido y preso no declarados, pero que el Ejército se oponía. “Nos pidió que solicitáramos a usted, al señor nuncio, a monseñor Tortolo, que insistieran ante el Presidente y comandante en Jefe del Ejército en el mismo sentido.” Mignone no ignoraba las tensiones internas en la Junta Militar y no experimentaba la menor simpatía por ninguno de sus integrantes. Pero trataba de explotar esas contradicciones para abrir una brecha en el muro de silencio sobre el destino de su hija y de miles como ella. También advirtió a Primatesta que la táctica del silencio, de la que el Episcopado participaba por sus propias razones, no era admisible. “El Pueblo de Dios necesita participar y ser informado. Necesitamos conocer lo que el Episcopado expresa al gobierno en sus comunicaciones. De lo contrario de nada sirven.”

Un diálogo franco

Al día siguiente, Zazpe le informó a Mignone que la Comisión Ejecutiva le había transmitido a Videla “todo lo que dice su carta”. Dijo que habían sido “tremendamente sinceros y no recurrimos a un lenguaje aproximativo” pero le advirtió, como si se tratara de una accesoria cuestión técnica, que había una “divergencia con su carta” acerca de la publicidad o reserva de esta entrevista. “En esta ocasión volvió a recurrirse a la reserva.” Primatesta informó luego a la Asamblea Plenaria que los obispos le plantearon a Videla los casos señalados en su carta por Mignone, de presos que en apariencia recuperaban su libertad pero en realidad eran asesinados; que se interesaron por sacerdotes desaparecidos, como Pablo Gazzarri, Carlos Bustos y Mauricio Silva, y por otros detenidos de los que pidieron la libertad y/o el envío al exterior. Pero el desarrollo completo de la reunión sólo está contenido en una minuta preparada por la propia conducción episcopal para informar al Vaticano y que nunca fue publicada. Primatesta, Zazpe y Aramburu la redactaron en la sede de la Conferencia Episcopal al terminar el almuerzo antes de que los detalles se desvanecieran en su memoria. El gobierno negaba que hubiera presos políticos porque todos los detenidos eran “delincuentes subversivos y económicos”, incluso los sacerdotes arrestados. Las desapariciones de personas eran obra del terrorismo para desprestigiar al gobierno, que compartía las inquietudes de los obispos. Los tres agradecieron a Videla por haber reconocido la existencia de excesos en la represión pero dijeron que no conocían que se hubiera castigado a los responsables, que era otra de las reflexiones de Mignone. En un clima que Aramburu describió como cordial, Primatesta lamentó que Videla no pudiera tomar “todas las medidas que quisiera”, con lo cual lo exculpaba de los hechos por los que le reclamaban. En un tono lastimero, Videla dijo que no era fácil admitir que los de-saparecidos estaban muertos, porque eso daría lugar a preguntas sobre dónde estaban y quién los había matado. Primatesta hizo referencia a las últimas desapariciones producidas durante la Pascua, en San Justo, “en un procedimiento muy similar al utilizado cuando secuestraron a las dos religiosas francesas”. La minuta redactada al concluir el almuerzo reconstruye la réplica textual de Videla ante la solicitud: “El presidente respondió que aparentemente parecía que sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar una línea divisoria y éstos han desaparecido y no están. Pero aunque eso parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde están sepultados: ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir los secuestradores y asesinos. Primatesta insistió en la necesidad de encontrar alguna solución, porque preveía que el método de la desaparición de personas produciría a la larga “malos efectos”, dada “la amargura que deja en muchas familias”. Videla asintió. También él lo advertía, pero no encontraba la solución. Este diálogo de extraordinaria franqueza muestra el conocimiento compartido sobre los hechos y la confianza con que se analizaban tácticas de respuesta a las denuncias que ambas partes sentían como una amenaza. Primatesta también habló “sobre la actitud de alguna Fuerza Armada que urgía la publicación de las listas de presos, v.g. el almirante Massera”. En realidad, Mignone le había escrito que la lista de presos no tenía valor alguno, porque los familiares la conocían, y lo que Massera reclamó fue una lista de detenidos-desaparecidos. Videla se alzó de hombros. Aunque presidía la Junta y el gobierno, no tenía todo el poder y había fuerzas que no controlaba, dijo. Las actitudes de los eclesiásticos tenían sutiles matices. Zazpe preguntó: “¿Qué le contestamos a la gente, porque en el fondo hay una verdad?”. Según el entonces arzobispo de Santa Fe, Videla “lo admitió”. Aramburu explicó que “el problema es qué contestar para que la gente no siga arguyendo”, lo cual parece una fiel interpretación del propósito de Massera. Los jefes del Ejército y de la Armada descargaban su responsabilidad, cada uno en el otro, y la Iglesia les seguía el juego. Según Aramburu, cuando Videla repitió que “no encontraba solución, una respuesta satisfactoria, le sugerí que, por lo menos, dijeran que no estaban en condiciones de informar, que dijeran que estaban de-saparecidos, fuera de los nombres que han dado a publicidad”. Primatesta explicó que “la Iglesia quiere comprender, cooperar, que es consciente del estado caótico en que estaba el país” y que medía cada palabra porque conocía muy bien “el daño que se le puede hacer al gobierno con referencia al bien común si no se guarda la debida altura”. Tal como le dijo Videla al primer periodista que lo entrevistó, el español Ricardo Angoso, “mi relación con la Iglesia Católica fue excelente, muy cordial, sincera y abierta”, porque “fue prudente”, no creó problemas ni siguió la “tendencia izquierdista y tercermundista”. Condenaba “algunos excesos”, pero “sin romper relaciones”. Con Primatesta, hasta “llegamos a ser amigos”. Sobre el conflicto interno, que Videla llama guerra, “también tuvimos grandes coincidencias”. Zazpe murió en 1984, Aramburu en 2004 y Primatesta en 2006. Pero los documentos sobre ese diálogo entre amigos siguen hasta hoy en el archivo secreto del Episcopado.