Casi ocho años después de la toma de la comisaría de La Boca, y a dos de haber sido sobreseído por prescripción, el dirigente Luis D’Elía recibió una sorpresita de la Cámara de Casación Penal, que firmó una resolución en la que ordena reabrir la causa penal en su contra. La Sala III de ese tribunal, con la firma de los camaristas Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Raúl Madueño, revirtió así la decisión con que la Cámara Federal había beneficiado a D’Elía con una reducción de la calificación del delito que se le atribuía originalmente. El fallo dispuso también que se siga investigando a Angel Borello y Luis Alberto Bordón.

“No esperaba este fallo, pero tampoco me preocupa. Si tengo que ir preso por encabezar una protesta donde pedíamos que se detuviera al asesino de Martín Cisneros, iré preso”, le dijo D’Elía a Página/12. Anticipó que agotará todas las instancias judiciales y recurrirá a la Corte Suprema.

En 2009 el juez federal Sergio Torres procesó al líder piquetero por “coacción agravada, lesiones leves y daño agravado”, con un embargo de 100 mil pesos, a raíz de la protesta que había encabezado en la comisaría 24 –cuando era secretario de Tierras y Hábitat– por el asesinato del dirigente del comedor Los Pibes, Martín “Oso” Cisneros. Los manifestantes acusaban a Juan Carlos Duarte de haber cometido el asesinato y advertían que gozaba de protección policial. Entraron en la comisaría y produjeron algunos daños materiales, además de agredir a un efectivo, según describiría Torres los hechos ocurridos el 26 de junio de 2004. Duarte fue condenado (en 2006) a catorce años de prisión por el homicidio de Cisneros. “Hoy la comisaría 24 está intervenida por graves casos de corrupción y atendida por Prefectura. La noche de la protesta estábamos enojados y nos peleamos con la policía. Es que ya habíamos hecho dos denuncias penales diciendo que iban a matar a Martín, mientras Duarte entraba y salía de la comisaría como si nada”, advirtió el D’Elía.

A mediados de 2010, la Sala I de la Cámara Federal modificó la situación de D’Elía al evaluar que la figura penal que correspondía aplicar era “atentado y resistencia contra la autoridad”, un delito leve, con penas que no superan los dos años en los casos más graves, por lo que el tribunal consideró que el expediente penal había caducado. Si va a juicio por coacción, en cambio, la pena puede llegar a diez años de cárcel. En aquel entonces, el dirigente dijo que no se arrepentía de los hechos en la comisaría, que Torres lo había procesado en forma “incorrecta” y que, en cambio, de lo que se arrepentía era de “no haber hecho más para que no asesinaran a Martín (Cisneros). Si asesinan a un compañero mío, o no mío, voy a volver a estar a la cabeza de la protesta social”, sostuvo D’Elía.

El fiscal de Cámara Germán Moldes apeló, con argumentos tales como que “el poder público no puede dejar de sancionar a los funcionarios que se apropian del aura de legitimidad que protege a la expresión ‘protesta social’ para satisfacer intereses particulares”. Advertía, además que “había una dependencia policial, invadida y destrozada por un grupo de personas conducidas por un funcionario público que, además, reivindicó públicamente el hecho, declaró jactanciosamente su satisfacción por haberlo perpetrado y proclamó su disposición a reiterar su comisión en el futuro”. También había apelado el fiscal Luis Comparatore.

Los jueces de Casación resolvieron que “para establecer el término de la prescripción de la acción en un proceso penal ha de estarse a la pena del delito más severamente reprimido”. El fallo critica a la Cámara Federal porque “dejó de lado inexplicablemente acomodamientos de la conducta de los enjuiciados D’Elía, Bordón y Borello, a otros delitos cuya acción penal subsiste”. Establece también que la causa vuelva a Torres, a quien le señala que “deberá imprimir a este proceso urgente trámite para dar inmediata definición a los procesamientos de los imputados”.