Amnistía Internacional le pidió a la Justicia argentina que continúe con la investigación de los crímenes del franquismo. Así lo hizo tras denunciar que la mayoría de los casos llevados a los tribunales españoles han sido archivados por los jueces sin que hubieran tomado ningún tipo de medida. Tras el desplazamiento de Baltasar Garzón, la causa del juzgado federal porteño a cargo de María Romilda Servini de Cubría quedó como la única vía activa para que las víctimas y sus familiares puedan avanzar en la búsqueda de la verdad y el pedido de reparación.

Servini lleva adelante el expediente en aplicación de la doctrina de la Justicia Universal. En julio próximo tiene previsto ir a Madrid para, en la embajada argentina, tomar declaración a los familiares que quieran testimoniar.

Ayer, una delegación de Amnistía llevó a su juzgado un ejemplar del informe “Casos cerrados, heridas abiertas”, que documentó el estado de desatención en el que han quedado las víctimas españolas. El grupo fue encabezado por Esteban Beltrán y Mariela Belski, de AI de España y Argentina, respectivamente.

El martes, habían llevado una copia del informe al embajador español en Buenos Aires, Román Oyarzún.

“En España no se ha realizado ninguna investigación judicial exhaustiva para conocer la verdad de los hechos. Esta denegación del derecho a la justicia a las víctimas es manifiestamente contrario al derecho internacional”, advirtió Beltrán.

A su vez, la directora de la sede local, Belski, agregó que la Justicia argentina “puede y debe ejercitar su competencia para investigar lo sucedido en España porque la jurisdicción para los crímenes de derecho internacional es universal”. Es decir que en estos casos, “todos los Estados pueden llevar adelante causas independientemente de si los delitos son o no investigados” en los países donde se cometieron.

En el juzgado federal no estaba Servini, que se encuentra de viaje, pero uno de sus secretarios invitó a pasar a su despacho a la delegación para recibir el informe. El documento da a conocer los datos de un relevamiento de la situación y desmiente que existan causas en las que haya habido avances. “De los veintiún casos estudiados por AI, la gran mayoría ha sido archivada y cuatro han quedado en suspenso”, detalla.

En ese sentido, Amnistía denunció haber constatado “que los informes enviados por la fiscalía española a la Justicia argentina dando a entender que las investigaciones sí están avanzando en España no se ajustan a la verdad, puesto que, en realidad, las pesquisas están paralizadas”.

La organización también evaluó las consecuencias del proceso que debió afrontar el ex juez Baltasar Garzón por haber querido investigar los crímenes del franquismo. Dijo que la sentencia del Tribunal Supremo español sobre el llamado “caso de la memoria histórica” provocó que las víctimas pasaran a estar en una situación de mayor indefensión. Esto es porque aunque los jueces absolvieron a Garzón, en su sentencia esgrimieron argumentos que Amnistía considera contrarios al derecho internacional. Por ejemplo, al sostener que los delitos que quería investigar Garzón –los crímenes del franquismo– no pueden ser considerados de lesa humanidad por el hecho de que no existiera ese encuadre legal en el momento en que fueron cometidos.

Amnistía detalló que otros criterios esgrimidos por los jueces españoles para archivar las causas han sido el de la prescripción de los delitos, el fallecimiento de los culpables, la ley de amnistía de 1977 y la ley de Memoria Histórica.

“Amnistía Internacional pide que la Justicia argentina continúe investigando los crímenes de derecho internacional cometidos en España entre 1936 y 1977, al tiempo que reafirma su reclamo de justicia en España”, concluyó la organización en el documento entregado en el juzgado argentino.