La Justicia federal rechazó un pedido del titular del Sbase, Juan Pablo Piccardo, para que el gobierno nacional conservara a la Policía Federal en los subtes. “Las decisiones tomadas por el Ministerio de Seguridad son decisiones que toma el órgano bajo su responsabilidad, en virtud del principio de la división de poderes y en el marco de sus atribuciones, considerando que las mismas son de su exclusiva competencia y exceden la revisión judicial”, sentenció la jueza en lo contencioso administrativo Rita María Ailán, que le impuso al gobierno porteño el pago de las costas.

En la gestión PRO, volvieron a afirmar que la Metropolitana no puede hacerse cargo de la seguridad en los subtes.

Entre las diversas denuncias judiciales que se cruzaron entre el gobierno nacional y el porteño, Piccardo requirió a la Justicia porteña que ordenara que no se retire la Policía Federal de los subtes. El titular del Sbase (la empresa estatal de subtes, que depende de la gestión PRO) consiguió un fallo a favor, pero luego la causa entró un conflicto de competencias y finalmente pasó al fuero contencioso federal. La jueza Ailán extendió la medida cautelar mientras pedía informes. El gobierno nacional respondió que para asegurar la cobertura del subte se requerían 240 policías. El gobierno porteño, en cambio, dijo que eran necesarios 1196. Ese número que Macri dio en una conferencia de prensa como la cantidad real de policías que trabajan en la actualidad es, en realidad, una elaboración teórica que hizo Metrovías a pedido de la gestión PRO.

El gobierno nacional también le señaló a la jueza que acordará con la gestión porteña cómo se hará el retiro paulatino de los policías, que deberán ser reemplazados por los de la Metropolitana. También presentaron pruebas de que habían convocado al Ministerio de Justicia, que dirige Guillermo Montenegro, a “una instancia de diálogo y coordinación operativa”. Citaron la ley 373 de la Ciudad y la que aprobó recientemente el Congreso Nacional, que determinan el traspaso del subte a la ciudad.

Además, desde el gobierno nacional entregaron una respuesta de enero de 2012 del Ministerio de Justicia porteño en el que los funcionarios PRO pedían prorrogar por “un tiempo prudencial” la presencia de la Federal “a fin de que este ministerio pueda llevar a cabo las coordinaciones respectivas tendientes a la implementación de un correcto y efectivo servicio de seguridad”. A partir de este documento, la jueza interpretó que el ministerio de Montenegro había tenido la actitud de asumir la custodia, algo contrario a lo que planteó el Sbase en la demanda.

Ante esto, la jueza recurrió a la doctrina de los hechos “políticos no judiciables”. Consideró que los amparos “excluyen que los jueces asuman facultades propias de otras autoridades públicas”, para no constituirse en el llamado “gobierno de los jueces”. Por esto, rechazó el amparo que impulsaban los macristas y les impuso el pago de las costas que –como en el caso de las sucesivas apelaciones que presentó Macri para no informar sobre sus vacaciones– serán pagados con fondos públicos.

En diálogo con Página/12, Montenegro interpretó que el fallo los favorecía. “El fallo está bien –afirmó–. Está claro que habla de que hay decisiones políticas no judiciables. Será la responsabilidad política de Garré si toma una mala decisión dentro de su cartera. Los jueces no deben gobernar. Lo hemos dicho muchas veces.”

–Entonces, si piensan que los jueces no deben gobernar, ¿por qué presentaron un amparo? –le preguntó este diario.

–Lo que se pidió es que no se retirara la Federal hasta que se tomara la decisión de fondo. Ahora, pasa a ser una decisión política de Garré.

–Ahora que se resolvió esta disputa judicial, ¿van a disponer de un grupo de policías de la Metropolitana si comienza un proceso de disminución de agentes de la Federal?

–(Terminante). No. Si hace eso, Garré tendrá responsabilidades penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público.