El gobierno porteño denunció ayer al ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, por “privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad”, por haber ordenado la semana pasada llevar con la Policía Federal al titular de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), Juan Pablo Piccardo, a una reunión por paritarias de ese medio de transporte. Además, el propio funcionario de la Ciudad presentó un hábeas corpus por entender que existía “una amenaza seria y real de que vuelva a ser conducido por la fuerza pública” a una nueva audiencia. Tras calificar la denuncia como un “despropósito”, el ministro Tomada dijo a Página/12: “Espero que prontamente el ingeniero Macri se dé cuenta que él tiene que ver con el subte, que la reclamada autonomía hay que ejercerla sin más excusas”. Tomada explicó que su único interés al tomar esa decisión fue “garantizar una negociación paritaria por el salario de los trabajadores e impedir que un paro de subte afecte a los pasajeros”. En rigor, ya anunciaron una huelga para el jueves (ver aparte). Tomada cuestionó además la actitud de la empresa Metrovías, que “no hizo una sola oferta, también es responsable y no puede quedarse refugiada en que a la Ciudad le da miedo hacerse cargo del subte”.

La denuncia penal fue planteada ante el juez federal Julián Ercolini, por la Procuraduría de la Ciudad, mientras que la solicitud de amparo de la libertad ambulatoria fue efectuada por Piccardo ante el juzgado de instrucción de la Capital a cargo de Fernando Klappenbach. Ambos planteos fueron efectuados luego de que el miércoles pasado el funcionario macrista fuera conducido con la Policía Federal a una reunión paritaria que se iba a desarrollar en la sede de la cartera laboral de Callao al 100. Piccardo se negó a ser conducido por los efectivos policiales y optó por dirigirse por propia voluntad en su auto particular, desde la sede de Sbase, en Agüero y Rivadavia, hasta Callao y Bartolomé Mitre, poco más de 15 cuadras en las cuales, igualmente, lo escoltaron dos vehículos de la policía.

En el encuentro, el titular de Subterráneos de Buenos Aires negó que tuviera obligación de participar en la discusión salarial de los empleados del subte y reiteró que es la Secretaría de Transporte y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) la autoridad de aplicación frente a la representación sindical de los trabajadores y Metrovías, concesionaria del servicio. Piccardo insistió con que el convenio sobre el traspaso del subte firmado entre el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, no transfirió el contrato de concesión. Ante la convocatoria para una nueva reunión que se haría ayer, el gobierno del PRO acudió a la Justicia, con el objetivo de que “solamente sea un juez el que pueda ordenar afectar mi libertad ambulatoria”, según explicó Piccardo en declaraciones televisivas.

“El lo sabe, no dudo que el procurador también; el texto de la ley dice que puedo citar por la fuerza pública como si fuera un requerimiento judicial”, dijo Tomada en alusión a la legislación laboral (ley 25.212, artículo B) que le da esa atribución para estos casos. “Solamente una mirada frívola puede poner en duda la legalidad del ministerio, sólo se entiende desde su doble standard: por un lado, reclama seguridad jurídica, pero por otro desconoce la legislación para justificar lo injustificable. Macri no se hace cargo de sus responsabilidades, el ex jefe de la UCEP es el presidente de Subterráneos de Buenos Aires, y ése es el organismo mencionado en el decreto de Macri del tarifazo, fue citado cuatro veces, no hice otra cosa que cumplir mi deber, y no es la primera vez que uso este recurso”, dijo Tomada. El ministro de Trabajo enfatizó su embate contra Macri, al decir que “borra con el codo lo que firmó, ahora es responsable de que no haya un paro en los subtes; cuando estaban a cargo de Nación remábamos nosotros, exigiendo a la empresa; lo salarial también es su responsabilidad si no, ¿para qué otra cosa impuso el tarifazo?

Por su parte, diputados del Intebloque K manifestaron su apoyo a las medidas dispuestas por Tomada respecto de las paritarias en el subte. Los legisladores del Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro y Frente Progresista y Popular rechazaron la “victimización” de Piccardo.