El gobierno chileno rechazó el pedido de refugio del ex camarista mendocino Otilio Romano con el argumento de que no lo considera un perseguido político y, además, le anuló la visa de residencia temporaria que le dio resguardo a pesar de estar prófugo. Romano está procesado por la Justicia argentina como partícipe primario de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, cuando actuaba como fiscal y juez subrogante en su provincia. La resolución del Ministerio del Interior de Chile es concluyente: “Del estudio de todos los antecedentes aportados y recabados no fue posible acreditar la existencia de un fundado temor de persecución”, dice. Esta decisión aumenta las posibilidades de que la Corte Suprema del país vecino resuelva extraditarlo, ya que le resta argumentos y pone en evidencia que habría sobreactuado en busca de protección. El juicio de extradición está en pleno trámite.

Romano se escapó a Chile en agosto del año pasado, un día antes de que el Consejo de la Magistratura resolviera suspenderlo y abrirle juicio político. Pero no huía únicamente del jury, sino de la investigación penal en su contra. En el expediente judicial, que impulsó el fiscal Omar Palermo, se le atribuye haber tenido participación en 103 casos de secuestros, torturas y hasta robo de bienes de desaparecidos, desde tiempo antes del golpe de Estado –cuando la Justicia aplicaba la ley 20.840 conocida como “ley antisubversiva”– y a lo largo del régimen dictatorial. En el momento que huyó, Romano no tenía orden de detención, por eso pudo tomarse un avión sin problemas. Fue su demostración de reticencia a someterse a la Justicia lo que determinó que el juez Walter Bento decidiera pedir su captura internacional, aunque recién se activó cuando fue destituido, a mediados de diciembre. Luego siguió el pedido de extradición desde el gobierno argentino.

Romano estaba fugitivo pero hacía declaraciones victimizándose. “No sé de qué carajo se me acusa”, protestó, y dijo que era blanco de “una persecución y venganza de personeros de izquierda”. Con una línea argumental similar, pidió refugio ante el gobierno de Sebastián Piñera. Un punto central de su planteo era que el Gobierno lo perseguía porque como camarista había firmado el fallo que suspendió con efectos generales la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (luego revertido y fuertemente criticado por la Corte Suprema). El Ministerio del Interior chileno, sin embargo, le contestó que las denuncias en su contra ante el Consejo de la Magistratura son anteriores a la firma de aquella sentencia, por lo tanto “no se acredita que dicha circunstancia sea la causa principal de la persecución que alega”. Tampoco se puede decir, evaluó, que “su enjuiciamiento sea de carácter discriminatorio”.

La resolución del gobierno chileno, que surge del análisis de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, dice que “los vicios o defectos de carácter procesal-constitucional” que Romano adjudica a los “expedientes seguidos en su contra” no muestran “persecución”. Añade que tampoco demostró que se lo haya “privado de las garantías de un debido proceso” previstas en la Convención Americana de Derechos Humanos, ni que las instituciones argentinas no le “garantizan los estándares mínimos de un Estado de Derecho”, ni probó “falta de autonomía o imparcialidad” de la Justicia. La conclusión es que no se da ninguno de los requisitos que prevé la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.

“Chile siempre es respetuoso de los países vecinos. Argentina tiene la prioridad para hacer los juzgamientos de sus nacionales, de quienes piden requerimiento, siempre hemos actuado de la misma manera”, le dijo ayer el ministro vocero del gobierno chileno Andrés Chadwick al diario El Sol online de Mendoza. “En Argentina hay un Estado de Derecho y los tribunales de Justicia tienen la facultad para hacer la investigación que corresponda”, señaló. Romano tiene tres días para apelar el rechazo al asilo y la anulación de la visa provisoria. No le quedarían, de todos modos, chances para esperar que se revierta. Apenas puede depositar una mínima esperanza en la Corte Suprema chilena, que es la que tramita la extradición.

Interpol detuvo a Romano por unas horas el 24 de febrero último en el departamento que habita en el coqueto balneario de Reñaca, que muchos mendocinos eligen como destino de vacaciones. Fue para llevarlo a declarar en los inicios del juicio de extradición en la Corte, donde repitió su libreto. Al final le concedieron un “arresto domiciliario nocturno”: tiene que volver todas las noches a dormir al mismo lugar, allí en Reñaca. El proceso de extradición está a cargo de un juez supremo que lo instruye, Adalis Oyarzún Miranda, quien en los últimos días requirió gran cantidad de legislación argentina e internacional para analizar el caso (desde la Constitución, el Código Penal, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, así como las normas que las anularon, entre otras cosas). El instructor es el que resuelve, pero su decisión es apelable ante el pleno de la Corte. El desenlace no sería tan lejano. Si la Corte lo extradita, será deportado para ser juzgado en Argentina. Si rechaza devolverlo, habrá que ver si consigue un permiso de residencia.

El abogado Pablo Salinas (del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza), quien impulsó la investigación contra Romano, dijo que “con el rechazo a darle refugio se le cierran las puertas. Es una señal fuerte de parte del gobierno de Piñera, que nos hace tener la esperanza de que pronto lo tendremos acá para juzgarlo y que posiblemente sea Mendoza la primera que le haga juicio a él y otro grupo de jueces que fueron cómplices de la dictadura”.