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Pablo Moyano, secretario general del Sindicato de Camioneros, anuncia paros que interpelan a las patronales respectivas y también (especialmente) al Gobierno. Exige un cierre de las paritarias con un aumento del orden del 30 por ciento. Y, además, el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y la eliminación del tope salarial para el pago de las asignaciones familiares (ver nota aparte).

La jugada desafía a tres antagonistas, no solo a los dos ya nombrados: también apunta a los adversarios del secretario general de la CGT en la interna por la central obrera. Se busca demostrar que el sector liderado por Hugo Moyano tiene más capacidad de lucha y de negociación que sus contendientes. Y, sobre todo, se busca confrontar con la Casa Rosada. Durante la conferencia de prensa, Pablo Moyano cuestiona con mucha más dureza y frecuencia a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que a las patronales. La amable reunión entre el “Negro” y correligionarios radicales (quién te ha visto y quién te ve para todos los contertulios) corrobora que la confrontación política es la que más atrae a Moyano.

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Las convenciones colectivas se van cerrando, con porcentuales menores al que quiere exige el hijo del líder cegetista. Ya acordaron sindicatos relevantes, con numerosos afiliados: los estatales, los metalúrgicos, los empleados de Comercio, los bancarios. El Gobierno confía en cerrar trato pronto con la Unión Obrera de la Construcción.

En la Rosada y en Trabajo se asevera que jamás (ni en 2012 ni años atrás) hubo topes rígidos y es verdad. No lo verbalizan tanto pero es también real que había afán de “bajar la nominalidad” y poner un freno a una tendencia a la suba que en 2011 (año electoral, por más datos) tuvo un repunte marcado. El economista Miguel Bein, en su informe mensual, pondera que “las paritarias empiezan a cerrarse con un promedio del 24 por ciento que contrasta con el 35 por ciento de 2011”. Los números del oficialismo son ligeramente diferentes pero se acuerda en el diagnóstico. Se redujo la escalada y se sostuvo el valor adquisitivo del salario, sostienen. Moyano quiere destacar que en ese terreno (también) es más que sus competidores.

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La pugna por la CGT sigue al rojo vivo y el desenlace más factible es una ruptura. Las dos partes aducen que desean que se realice un Confederal limpio en el que se votarán las nuevas autoridades. Esa instancia (con dos listas que contiendan y no con un candidato de unidad, de consenso o de compromiso) es muy inusual en la historia de la CGT. Llegar a ella sería muy trabajoso: requeriría ánimo constructivo conjunto, sustentado por tratativas permanentes y serias. No hay casi puentes tendidos entre las partes... así suena imposible.

A la oposición le cabe más el sayo de antimoyanista que de kirchnerista. Los Gordos no comulgan con el actual gobierno, desde el vamos.

Los bandos no están del todo delineados aunque se van cristalizando pertenencias como el pase del taxista Omar Viviani a la oposición. La porfía por los indecisos (o, mejor, por los que siguen calculando adónde van) es a brazo partido. El gastronómico Luis Barrionuevo es una de las figuritas más requeridas en ese mercado, lo que demuestra que ningún sector tiene un derecho de admisión muy severo. Las fotos de Moyano al lado de Gerónimo Venegas o del metalúrgico Antonio Caló flanqueado por el lucifuercista Oscar Lescano aportan una prueba visible.

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El conflicto es político y no legal, jamás podría reducirse a ese aspecto. Pero hay una instancia administrativa-judicial que forma parte de la pulseada. El Consejo Directivo de la CGT convocó al Comité Central Confederal para julio: los antimoyanistas alegan que lo hizo sin tener el quórum exigido.

El reclamo respectivo llegó al Ministerio de Trabajo. El argumento de los recurrentes es que firmaron el acta respectiva asistentes que no tenían la representación necesaria. Dicen que había dirigentes sindicales que no son los titulares ante el Consejo. Estaban, invocan, a “título informativo o meramente testimonial”. O sea, que fueron con voz pero sin voto. Hay dos casos particulares que merecen mención, hablamos de jerarcas que están presos acusados de graves delitos: el bancario Juan José Zanola y el ferroviario José Pedraza. Otros dirigentes suscribieron la convocatoria en nombre de sus gremios, los opositores dicen que sin apego a los estatutos. Los bancarios, consultados por este diario, responden que el cambio de titularidad ante la CGT sí se hizo.

Los firmantes del recurso administrativo, que es escueto y brevemente fundado, exigen ver la documentación original. Denuncian que no se les permitió acceder a ella. Analizan sacar una solicitada firmada por todos los secretarios generales que cuestionan la convocatoria, incluyendo los de algunos sindicatos (afirman) que figuran como firmantes del acta impugnada.

La conducción de la CGT piensa que todo está en regla y espera que se le corra traslado del planteo. Se le exigirá, es cantado, que acompañe la documentación y formule su descargo. Recién entonces podría resolver Trabajo. Los plazos del procedimiento inducen a pensar que será para fines de este mes. La parte disconforme tiene el derecho de judicializar el asunto, alguna de las dos lo hará. O sea, no será este expediente el que zanje el entuerto. Ni sería sensato que un conflicto político de ese rango quedara zurcido por ese medio. La política manda y la política, ya se dijo, emite señales de fractura.

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En 2007, cuando comenzaba el primer mandato de Cristina Kirchner, había dos centrales sindicales: la CGT y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Esta bregaba por su reconocimiento legal. Se especulaba que el ex presidente Néstor Kirchner podía llegar a otorgarlo, absorbiendo la mala onda de Moyano y dispensando del “costo político” a Cristina. En el modelo sindical argentino no harían tanto ruido dos centrales, una con personería y otra simplemente inscripta.

Mucha agua corrió bajo los puentes desde entonces. El horizonte más probable para la segunda mitad de este año es que coexistan cuatro centrales o quizá cinco. Las cuatro clavadas son las dos CGT en ciernes más las CTA partidas (coincidencia sugestiva) desde su última elección. La posible quinta sería la conspicua Azul y Blanca del vivaz Luis Barrionuevo, que de momento coquetea con ambos sectores aprovechando que maneja un número importante (acaso decisivo) de congresales. Pero que tendría una tercera salida que es armar su quincho propio.

Es llamativo ese escenario, tras nueve años de un gobierno que mejoró sustancialmente la situación de los trabajadores, la de los gremios y mejoró la institucionalidad laboral. Del manojo de centrales obreras, dos serían francamente opositoras (la CTA de Pablo Micheli y la CGT de Moyano). Si Luisito Barrionuevo eligiera segregarse añadiría una tercera.

La CGT antimoyanista quedaría, se puede suponer, en el lugar tradicional que le cabe al sindicalismo con cualquier gobierno surgido desde 1983. Un tacticismo procíclico políticamente (más cariñoso cuando el oficialismo anda bien y más distante en tiempos de pleamar) y negociador.

Solamente la CTA conducida por Hugo Yasky mantendría una afinidad de sintonía con el kirchnerismo, aunque sin resignar reivindicaciones.

Se sinceraría así, de modo desordenado y traumático, una larga crisis del modelo sindical: haría eclosión por tensiones internas y dificultades en los procesos electorales. Institucionalmente sería un jeroglífico. El tema da para bastante más que estas líneas en una columna.

Entre tanto, las demandas que formulan los Moyano para el conjunto de los trabajadores (Ganancias y asignaciones familiares) se sostienen más allá de la brega. La anterior modificación del mínimo no imponible, recuerda Bein en el documento ya citado, se anunció en marzo del año pasado. El tiempo y la inflación corridos lo tornan injusto, a fuer de desactualizado.

La inflación y el desaceleramiento de la economía dan contexto a un enfrentamiento que, por lo que se insinúa, va camino de dejar un saldo que no deberían celebrar ni el movimiento obrero ni el kirchnerismo, si está atento a sus mejores banderas.

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