El segundo día del plenario de las comisiones de la Cámara de Diputados que analizan la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal estuvo centrado en los aportes de activistas, especialistas, ONG y algunos funcionarios y ex funcionarios. El primero en hablar fue el pampeano Roberto Moro, subsecretario de Salud Mental de La Pampa, quien trazó las dificultades de implementar una política pública para conseguir más espacios de salud en los casos de consumo problemático bajo una ley que “tiene una mirada demasiado judicial” sobre el usuario. “En el imaginario social se considera al que consume un delincuente”, agregó. La idea quedó flotando en discursos conmovedores, como el de una usuaria medicinal de cannabis y cultivadora y dos madres contra el paco. También en el reclamo por Esteban Armada, preso en Córdoba por tener cinco plantas, y Nicolás L., detenido en Campana, provincia de Buenos Aires, quien enfrenta penas de entre 4 y 15 años por 10 gramos de marihuana y una planta.

A diferencia de la primera reunión de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico y Legislación Penal, que hubo cuatro oradores, ayer estaban anotadas 48 personas. Hubo siete paneles y se dio prioridad a quienes venían desde otras provincias, en tanto que otros exponentes porteños y del conurbano hablarán el próximo miércoles. El primer panel se completó con Marcelo Bono, titular del Cenareso, la institución con mayor complejidad en atención a usuarios problemáticos, el procurador penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, el ex diputado nacional Leandro Gorbacz y Sebastián Basalo, director de la revista THC.

Bono afirmó que la despenalización no provocará “un aumento de la cantidad personas con problemas de consumo” y servirá para terminar con “el dispendio” de usuarios desde la Justicia. “La actual ley impone tratamiento a los usuarios como forma de evitar una pena. Eso es malo e injusto. Muchos terminan recibiendo un tratamiento que no solicitan o una medida de seguridad educativa, que no es un tratamiento y tampoco es un curso. El uso ocasional o recreativo no está en la ley”, explicó Bono. El procurador Mugnolo coincidió en este punto y describió lo que ocurre tras las rejas.

“Adentro se consumen muchas más drogas, legales e ilegales, que afuera. Y la persona privada de su libertad también tiene derecho a la privacidad. Hace poco, un tribunal falló a favor de una persona a la que en la requisa le encontraron unos porros”, señaló. En los casos en que se constata una situación de dependencia a una sustancia, tampoco hay demasiada oferta de tratamiento, observó. “La despenalización es importante para el volumen carcelario, hay un montón de gente que está de más en la cárcel”, dijo. Y concluyó: “¿O ustedes creen que los capos narcos están presos?”

El director de la revista de la cultura cannábica dimensionó la urgencia: “Mientras hablamos acá, hay un flaco de 24 años preso en Campana desde fines de marzo por 10 gramos y una planta”. El autocultivo, agregó, debe incluirse en la reforma porque de otra manera el “Estado le dice al usuario de marihuana: ‘Yo quiero que financies el narcotráfico’”. Gorbacz, autor de la Ley de Salud Mental y Adicciones, señaló: “Hoy los médicos diagnostican el delito o penalizan la enfermedad”. La oferta de tratamiento, agregó, debe tomar en cuenta la voluntad de la persona: “Es la mejor forma”.

El segundo panel incluyó a un ex director de la Sedronar, Wilbur Grimson, y a Guillermo Serpa Guiñazú, quien fue invitado por el diputado nacional del Peronismo Federal, Eduardo Amadeo. El primero contradijo una información dada por Gorbacz, quien hoy participa de la fiscalización de las comunidades terapéuticas y había informado que detrás de muchas de ellas se esconde un negocio rentable e ilegal. “Nadie gana plata con una comunidad”, dijo Grimson y agregó que actualmente la Sedronar no capacita a las fuerzas de seguridad, aunque en el primer plenario las autoridades de esa secretaría afirmaron lo contrario, con papeles en mano.

“Sobre los usuarios, podemos decir que el tratamiento que ofrece la ley actual es optativo”, aseguró luego. “Mentira. Si no lo hacés vas preso”, le recordó la diputada kirchnerista Diana Conti. Enseguida Amadeo exigió que no se interrumpa a su invitado. Guillermo Serpa Guiñazú, por su parte, insistió en que la Argentina, de avanzar en algunos puntos propuestos en el proyecto de consenso elaborado por Conti, Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Victoria Donda (FAP), habría que “denunciar” la Convención de Estupefacientes de 1988 firmada en Viena. En el primer plenario, el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni había explicado que eso no era necesario.

La especialista en violencia policial y cárceles del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Luciana Pol, recordó, en el tercer panel, el asesinato de Federico Taja, de 17 años, en un operativo antidrogas de la Policía Bonaerense en Balcarce. Había salido de comprar marihuana y lo balearon. No tenía armas. “Estas prácticas policiales aberrantes requieren que se reglamente más claramente y se limite la actuación policial en relación con las drogas”, afirmó. Gabriel Anitua, defensor federal, avaló las propuestas del proyecto de consenso sobre la baja en las penas a las mulitas. “En general, son mujeres extranjeras y no son reincidentes”, comentó.

La exposición de Brenda Chignolli, de la Red de Personas Positivas, contó que cultiva para poder proveerse 40 gramos diarios de cannabis y paliar las consecuencias de los antirretrovirales. “Estoy manejando mi dolor sin los laboratorios. Los tratamientos los elijo yo porque soy yo la que siente los dolores”, dijo. La legisladora porteña María Rachid estimó que los puntos innegociables son el autocultivo, el uso en la vía pública de drogas “porque son parte de la privacidad”, la modificación de la tenencia simple y la baja de penas a la mulitas. “Cuando se aprobaron las leyes de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género no hubo medias tintas, ahora tampoco debe haberlas”, dijo.

Las madres del paco que hablaron se opusieron a la despenalización y reclamaron más acceso a los tratamientos. “El 70 por ciento se hacen adictos al paco por el porro”, dijo Griselda Balmaceda, sin mencionar fuentes de esa información. Y concluyó: “Cuidemos a nuestro hijos, son el futuro de la Nación. Amén”. Dora Ibáñez, otra Madre, aseguró: “A nuestros hijos no los penalizan por un porro, sino porque salen a robar para comprar”. “Yo estoy a favor, pero bueno, voy a hablar otro día”, dijo en los pasillos Amalia del Carmen Zarlenga, de la Asociación Madres Guiando la Vida.

Terminado este segundo plenario, la diputada Victoria Donda afirmó a este diario que su bloque ya tiene tomada una postura favorable sobre el proyecto de consenso. “No-sotros vamos a continuar con una reflexión interna para tomar un decisión como bloque en lo posible”, dijo Conti. Por su parte, el radical Gil Lavedra adelantó que el martes en la reunión de bancada se informará a los demás diputados “sobre los debates y aportes para buscar tomar una decisión conjunta”. En dos semanas habría dictamen y, si hay consenso, el proyecto llegaría a recinto antes del receso de invierno.