Abogada de 53 años, fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, la candidata del Poder Ejecutivo para reemplazar a Esteban Righi al frente de la Procuración General de la Nación cultivó a lo largo de su carrera un perfil de magistrada independiente de los poderes políticos y económicos. Dueña de una larga trayectoria en el Poder Judicial, Alejandra Gils Carbó es reconocida por ONG especializadas en temas jurídicos y valorada por haber enfrentado a la propia corporación judicial, actitud que le valió presiones y que derivó en frecuentes “puenteadas” para evitar sus pronunciamientos. Durante la primera etapa kirchnerista la fiscal se opuso a la fusión de Multicanal y Cablevisión.

Gils Carbó es abogada de la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en Economía Política en Flacso. Antes de ser fiscal fue prosecretaria letrada de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial y secretaria del Juzgado en lo Comercial 8. Sólo la primera etapa de su carrera, hasta 1987, fue en el ámbito privado. Como docente fue adjunta en la cátedra Derecho Comercial I hasta 1989 y profesora en la Universidad de Belgrano, en la cátedra Papeles de Comercio y Ejecuciones Colectivas. Publicó Régimen legal de las bases de datos y Habeas Data (tuvo un rol central en la reglamentación de esa ley) y colaboró en los libros Manual para fortalecimiento de Consejos Directivos de Organizaciones sin fines de lucro y Los Derechos Humanos en la Jurisprudencia de la Corte.

“A lo largo de los años ha dado sobradas muestras de su independencia de los poderes políticos y económicos”, la elogiaron dos años atrás desde su espacio “contra la impunidad de la corrupción” el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Ambas ONG destacaron que la fiscal “se opuso a la fusión de Cablevisión y Multicanal”. La elogiaron porque “se enfrentó a la estafa de los acreedores que suponía homologar el concurso preventivo de Sociedad Comercial del Plata –denunciando a los magistrados del fuero– e incluso llevó el caso a la Justicia penal”, decisión que “le valió amenazas y presiones” y que finalmente respaldó la Corte Suprema. “Siempre se posicionó a favor de usuarios y consumidores ante cada pleito en los cuales sus derechos estuvieron vulnerados y amenazados”, agregaron Cipce y ACIJ.

Hace un año, Gils Carbó respaldó la resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que declaró irregulares e ineficaces las decisiones tomadas en la asamblea de socios de Siderar del 15 de abril. El accionista mayoritario desconoció aquel día la vigencia del decreto que eliminaba el tope de representación estatal en el directorio de la empresa, luego de que la firma se negara a reconocer a la Anses el derecho a voto por la totalidad de su paquete accionario.

En julio apeló el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial que revocó la intervención judicial de Papel Prensa. La decisión les había valido a los jueces José Luis Monti, Juan Garibotto y Alfredo Kolliker Frers un elogioso editorial de La Nación, que los calificó de “magistrados ejemplares que afirman el imperio de la ley”. Tras la apelación de Gils Garbó, los camaristas la descalificaron aduciendo que atribuía al Estado facultades supralegales. Righi, en cambio, la respaldó y sostuvo que los jueces “han quebrado el papel neutral que deben desempeñar”.