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La Corte Suprema tendrá que decidir si se reabre una investigación contra Carlos Menem por la venta dudosa del llamado Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural. La operación, que se definió por decreto presidencial firmado en diciembre de 1991, se realizó en unos 100 millones de pesos menos que el valor real, según llegó a estimar la investigación judicial. En el caso del ex presidente, la Cámara de Casación estableció la prescripción de la causa por el paso del tiempo, pero la fiscalía ante ese tribunal cuestionó la decisión y el tema llegó hasta los jueces supremos, que ahora recibieron un dictamen del procurador general adjunto, Eduardo Casal, que plantea que el caso no debe ser cerrado.

El famoso predio, que era propiedad estatal, se vendió en 30 millones de pesos, valor basado en una tasación del Banco Ciudad y del Hipotecario. Fue adquirido por la Sociedad Rural, y luego por el empresario y hoy diputado Francisco de Narváez. Los peritos tasadores que intervinieron en la causa penal establecieron que el verdadero valor rondaba los 131 millones de pesos.

Recién en el año 2010, el juez federal Sergio Torres resolvió procesar sin prisión preventiva por aquellos hechos al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y a un grupo de funcionarios a quienes atribuyó el delito de “peculado” (que implica sustraer fondos públicos). También fueron procesados directivos de la Sociedad Rural. Al resolver, Torres sostuvo que la venta se había hecho a un “precio vil” y que fue fruto de “un concierto de voluntades que tuvo por fin sustraer del patrimonio del Estado nacional el inmueble”, proceso en el que “han intervenido funcionarios de la administración central y dirigentes de la Sociedad Rural”.

Sin embargo, el ex presidente Menem quedó afuera de las imputaciones, con falta de mérito, y a la larga también lo desvinculó del caso la Cámara de Casación Penal, que consideró que había pasado demasiado tiempo: 19 años desde la fecha de los hechos, señalaron los jueces, quienes advirtieron que la causa había tenido “períodos prolongados de inactividad” que no se le podían recriminar al ex presidente. La fiscalía ante Casación cuestionó esa decisión y llevó el tema hasta la Corte, que pidió opinión a la Procuración. Fue entonces que el procurador adjunto Casal dictaminó que el expediente debería ser reabierto. Ahora tendrán que analizar el tema y firmar un fallo los jueces del máximo tribunal.