El batifondo de las cacerolas y las disputas por su exégesis le restaron difusión al informe aprobado por siete de los nueve miembros de la Comisión Investigadora sobre el asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez, que cuestionó en forma severa el desempeño de la policía bonaerense, del ministerio público fiscal y sectores de la Justicia, y la connivencia entre los organismos encargados de aplicar la ley y grupos organizados para violarla. Por más que la Comisión, hegemonizada por los sectores que responden al vicegobernador Gabriel Mariotto y a La Cámpora, tuvieron la amabilidad de no mencionar en forma explícita al ministro de Seguridad y Justicia, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, el gobernador Daniel Scioli respondió con explícitas muestras de respaldo a los incriminados. Lo hizo en su estilo, hecho de símbolos antes que de palabras: el viernes 14, se hizo acompañar a un operativo de secuestro de sustancias estupefacientes por el jefe de la policía, Hugo Matzkin, cuya exoneración había solicitado el informe, y el jueves 20 se presentó junto con Casal en la Procuración General, donde encabezó un acto con su titular, María Falbo. Según funcionarios oficiales, Scioli respaldaría una mayor concentración de poder de Falbo en la nueva Policía Judicial. Consultados para este artículo sobre la silente respuesta del gobernador, integrantes de la Comisión dijeron que se realizará una interpelación al ministro Casal y que el informe ya fue presentado a la Suprema Corte. La reacción del alto tribunal fue muy distinta a la de Scioli. Su presidente, Eduardo De Lazzari, ya inició el procedimiento de juicio político contra el juez Meade, pero además anunció que formulará las denuncias penales que correspondan de acuerdo con los “aspectos de inusitada gravedad” contenidos en el informe.

Las conclusiones

Aunque hayan omitido nombrar a Casal, las conclusiones del informe respecto del Ministerio de Justicia y Seguridad son devastadoras:

- “Falta de conducción de las fuerzas de seguridad a su cargo”.

- “Negligencia ante las gravísimas faltas cometidas por la cúpula policial y el personal a cargo de la investigación”.

- “Deficiente intervención de la Auditoria de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad y Justicia para investigar a policías que estaban sospechados públicamente como policías vinculados al narcotráfico”.

- “Avalar la conformación y funcionamiento de la Mesa de Crisis, aun cuando no era lo indicado por los protocolos vigentes”.

- “Grave negligencia ante las reiteradas filtraciones de información de la policía a los medios de comunicación que malograron la investigación y pusieron en riesgo la vida de Candela”.

En consecuencia, la Comisión recomendó al Poder Ejecutivo que exonerara, separara de sus cargos e iniciara acciones penales contra Matzkin; su predecesor Juan Carlos Paggi; el Director General de Policía Científica comisario general Pablo Vázquez; el Superintendente de Seguridad Oeste, comisario general Sergio René Bianchi; el Director de la DDI La Matanza comisario mayor Marcelo Chebriau; el Director General de Investigaciones en Función Judicial comisario general Roberto Castronuovo; el Jefe de la Delegación Científica de La Plata, comisario inspector Carlos Jaime y los funcionarios policiales con responsabilidades de Conducción y Coordinación Operativa intermedia de las jurisdicciones Morón y San Martín. Ellos son los jefes de las DDI y las Departamentales de Morón, comisarios mayores Aníbal Soria y Miguel Alanís y de San Martín, comisarios mayores Angel Becerra y Mario Briceño. Otros jefes policiales contra quienes la comisión reclamó las mismas medidas son los oficiales y suboficiales involucrados en irregularidades operativas, administrativas, y/o denunciados por testimoniantes: jefe y subjefe de la Comisaria de Villa Tessei, en Hurlingham, subcomisarios Sergio Daniel Iglesias y Esteban Gabriel San Felipe y el personal de la DDI Morón, a cargo de la certificación y veracidad de los llamados al 911, o de allanamientos y diligencias judiciales, comisarios Darío Aquino, Daniel Nicolás Galleguillo y Javier Eduardo Subira; subcomisarios Gustavo Palsuk, Carlos Silva, Pablo Ibarra, Julio Germán Chaparro, José Luis Cuadrado y Raúl Javier Ramos, y oficial principal Fabián Aquino; el personal de apoyo de la DDI La Matanza que efectuó tareas en el domicilio de la mamá de Candela, Carola Labrador, comisario Claudio Lofeudo, subcomisario Víctor Estevena, oficial principal Flavio Marino, sargento Gonzalo Fernández y suboficiales Nahuel Lato y Leguizamón. Los dos últimos aún hoy realizan la custodia de Carola Labrador. Por las graves irregularidades cometidas en el allanamiento y en la preservación del presunto lugar de cautiverio de Candela, deberán ser separados de sus cargos y sumariados el subcomisario Guillermo Pacheco (de la DDI de Lomas de Zamora), el oficial principal Fabián Roberto Aquino (de la DDI de Morón), el subteniente Mariano Jiménez y el sargento Guillermo Aybar. Lo mismo fue recomendado por las irregularidades en el levantamiento de evidencias físicas de los comisarios inspectores Marcelino Cottier y Víctor Potocki, de la subteniente Patricia Flores, la sargento Paula Ributtini, el teniente Elías Larrosa y la oficial Jimena Romero, y “por utilizar informantes policiales con antecedentes judiciales como testigos de identidad reservada a fin de construir una falsa banda e imputarle el asesinato” el comisario Javier Eduardo Subira y el oficial principal César Mauricio Rhodas Pérez. Por “denuncias que los vinculan con el narcotráfico” deberán iniciarse sumarios y separar de sus cargos al subcomisario Claudio Valentín Brítez, el teniente 1 Sergio Fabián Chazarreta, el teniente Isidro Gómez y el oficial inspector Walter Medina, y deberán ser identificados los agentes que distintos testigos señalaron como “narco policías”, mencionados como Neneco, Britos, Romero, Salvatierra, Chamorro, Bujanovich y suboficial Farfán. Por aplicar apremios ilegales a los integrantes de la falsa banda hasta que confesaran, los sumarios y la separación de sus cargos deberán extenderse al comisario Javier Subira, los subcomisarios Sergio Daniel Iglesias y José Alberto Cuadrado, el oficial principal Mauricio Rhodas Pérez y el sargento Alejandro Rodríguez. La comisión también remitió sus conclusiones a Falbo para que el departamento de control interno de la Procuración establezca las responsabilidades de los fiscales Marcelo Tavolaro, Federico Nieva Woodgate, Leonardo Lisa y su auxiliar Guillermina Rapazzo; y de los defensores oficiales Oscar Rombola, contra quienes promoverá jury de enjuiciamiento y denuncia penal, por mal desempeño o incumplimiento de sus deberes funcionales. Las denuncias también alcanzan al juez de garantías Alfredo Meade. El reproche a los fiscales señala su falta de idoneidad para conducir las investigaciones y la delegación absoluta de esta responsabilidad en la policía, con la cual incurrieron en complicidad. Este comportamiento “forma parte de una matriz de intervención que se lleva a cabo, sobre todo, en casos de resonancia pública”.

Mensaje al gobernador

La Comisión recomendó al Poder Ejecutivo “que asuma la responsabilidad de conducir la agencia policial evitando el autogobierno de la misma habida cuenta que la experiencia constata que finalmente deviene en un desgobierno con graves consecuencias para la seguridad de la población. El caso Candela Sol Rodríguez constituye un caso paradigmático en este sentido”. Como características de este modelo de autogobierno señaló la “pérdida de las funciones policiales de cada área, las responsabilidades atinentes a cada una y la superposición de roles”; la desnaturalización de ciertos dispositivos (la Mesa de Crisis creada para delitos complejos como secuestros extorsivos, que termina empleándose para una simple Averiguación de paradero) y figuras legales como la de testigo de identidad reservada. El empleo de “informantes” o “buchones” debería sustituirse por la profesionalización de las fuerzas de seguridad en materia de investigaciones e inteligencia criminal. La centralización de mando único conspira contra “la necesaria descentralización funcional y operativa”. El autogobierno policial menoscaba la necesaria autonomía del funcionamiento de la Auditoria de Asuntos Internos y elimina la auditoría externa. En el caso de Candela, “el Superintendente de Seguridad condujo la investigación, el Jefe de Investigaciones realizó acciones preventivas, se dejó fuera a áreas específicas como Delitos Complejos para que en su lugar operara la DDI de La Matanza”, en un contexto de ausencia de protocolos de actuación. Al consignar que “una multitud de funcionarios” contaminó la prueba cuando se halló el cadáver, la comisión tuvo la gentileza de omitir entre ellos a Scioli y Casal. Las recomendaciones en los casos de averiguación de paradero exigen prestar especial dedicación a todas las circunstancias desde que se recibe una denuncia hasta la aparición de elementos que puedan establecer la presunción de estar ante un delito (secuestro extorsivo, rapto, privación ilegítima de la libertad), con la adopción de un formulario para la recepción de denuncias “a fin de evitar que se omitan datos vitales para la investigación”. Así se impedirían casos como el de Candela, en que el acta de denuncia de su desaparición no incluye datos acerca de su padre. El minucioso informe de la Comisión, con votos del kirchnerismo, la Coalición Cívica y el GEN, que sólo se negaron a firmar los senadores Alberto De Fazio, sciolista, y Aníbal Aseff, del Peornismo Opositor, solicitó al Poder Legislativo que revise el Código de Procedimiento Penal sobre averiguación de paradero y testigos de identidad reservada; promueva la creación de un Observatorio Judicial con participación de las organizaciones e instituciones de la comunidad y de un Foro de prácticas periodísticas para llegar a acuerdos o consensos sobre las rutinas de la cobertura en casos donde esté en riesgo la vida de la persona. También le pide tratar los proyectos de ley de creación de la Policía Judicial, de reforma del Consejo de la Magistratura, de reorganización del Ministerio Público Fiscal y Autonomía de la Defensa, de nuevo régimen de ética en la función pública, de creación del Observatorio Judicial y de mecanismos de alerta ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes. El respaldo de Scioli a Matzkin y Falbo constituye un abierto desafío. La interpelación a Casal y las denuncias penales contra los policías con los que se exhibió el gobernador constituirían una respuesta contundente.