En una bochornosa audiencia convocada por la Comisión de Acuerdos del Senado, el candidato a juez federal Luis Osvaldo Rodríguez respondió con olvidos y omisiones al cuestionamiento de Madres y Abuelas de Plaza Mayo, HIJOS, el CELS y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. La Comisión no citó a los titulares de las casas Militaria Martínez y armería Miranda, a las que Rodríguez entregó su colección de parafernalia nazi para que la vendiera y el candidato dijo que coleccionaba “objetos del imperio británico”, una forma muy británica de englobar desde teteras hasta distintivos nazis capturados por los ingleses en las batallas de la Segunda Guerra Mundial. También negó haber pedido personalmente un fallo sobre un caso similar al que le tomarían en el examen del Consejo de la Magistratura. No era necesario: lo hizo por él su secretaria, tal como denunció el juez Daniel Rafecas, pero nadie le señaló que estaba respondiendo una pregunta distinta a la que le formularon. Rodríguez también se amparó en la absolución de su colega María Servini. Sin embargo, esa jueza consideró probado que Rodríguez solicitó aquel fallo; sólo agregó que no era el único material que había estudiado para el examen. Si no alcanza para un proceso penal, sobra para negar su confirmación. Con notable sentido de la oportunidad, recién una semana antes de la audiencia Rodríguez procesó por cohecho y tráfico de influencias a José Pedraza, al vicepresidente de Belgrano Cargas, Angel Stafforini, al agente de la ex SIDE Juan José Riquelme y a los funcionarios de la Cámara de Casación Luis Ameghino Escobar y Octavio Aráoz de Lamadrid por digitar el sorteo de modo que la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra recayera en la sala que presidía Eduardo Riggi, para conseguir la libertad de los miembros de la patota e impedir el arresto de Pedraza. Pero ni aún así Rodríguez alcanzó a Riggi con el procesamiento, como si sus colaboradores hubieran actuado sin que él lo supiera. El CELS, que había impugnado a Rodríguez, pidió ahora el juicio político de Riggi, cuyo pliego ya había impugnado en 1992. En la audiencia, Rodríguez admitió ser amigo y compadre de Javier Fernández, aunque dijo que nada sabía de una red judicial paralela ni de la Secretaría de Inteligencia. Carece de importancia lo que él reconozca saber, pero es decisiva la existencia de esa red que el auditor Fernández montó en su propio interés, con el pretexto de favorecer al gobierno en causas difíciles. Tanto Riggi como Fernández y Rodríguez forman parte del círculo de confianza del miembro cooperador del Opus Dei, Rodolfo Carlos Barra, quien renunció como ministro de Justicia en 1996 al revelarse en esta página que arrojó alquitrán contra una sinagoga y junto con su padre comisario de la Policía Federal poseyó el hotel alojamiento de Azcuénaga entre Guido y Pueyrredón. Por la injustificada demora de Rodríguez se perdieron los mensajes de texto de los imputados, ya que la empresa telefónica sólo los conserva durante noventa días. Otra impugnación presentada por las mismas organizaciones, a las que se sumaron el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Liga y la Fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Fundación Clara Anahí Mariani, el Instituto Espacio para la Memoria y una larga lista de abogados y activistas por los derechos humanos fue presentada a la Comisión de Acuerdos contra la postulación de Oscar Alberto Papávero en el Juzgado Federal 1 de San Martín. Papávero fue secretario de la fiscalía de San Martín de Juan Martín Romero Victorica, quien trabajaba junto con Alfredo Bisordi en la causa Born. De allí pasó a actuar como secretario del juez Carlos Enrique Luft, cuyo nombre figura en la lista del Personal Civil de Inteligencia del Estado que el Ejército hizo pública. Los organismos mencionan la falta de antecedentes académicos y jurídicos, trabajos escritos, artículos, obra o disertación jurídica, literaria o conferencias de Papávero, de cuyo currículum “no surge vinculación alguna y mucho menos compromiso” con los derechos humanos. Los antecedentes que consignó al concursar no pasan de una página y “no hizo postgrados ni cursos universitarios o terciarios y en los que participó obtuvo un pobrísimo orden de mérito: 23 y 19”. Como juez subrogante, designado sin concurso en 2010, “demostró reticencia o ha puesto obstáculos en causas de ciudadanos extranjeros que tramitan la naturalización argentina poniendo en práctica criterios propios de la derogada ‘Ley Videla’, contradiciendo de esa manera la letra y el espíritu de la política migratoria amplia” vigente. La preocupación de los organismos se centra en los archivos de ese juzgado, donde hay “numerosas causas relacionadas con la dictadura militar”, esenciales “para las investigaciones en los juicios por delitos de lesa humanidad”. Ante una solicitud del Archivo de la Memoria, Papávero “no ha propuesto ninguna acción conservatoria de esos expedientes ni ha tomado contacto alguno con los organismos de derechos humanos”. Papávero designó como auxiliar a su hijo Sebastián y a Federico Fernández, sobrino de Javier Fernández. Como custodia personal, Papávero se llevó a la novia de Federico, una mujer policía bonaerense que atiende tras de rejas. Si la semana que viene reciben el acuerdo senatorial, Rodríguez y Papávero serían los primeros jueces designados desde 2003 pese a las muy fundadas impugnaciones de los principales organismos defensores de los derechos humanos. Oyarbide no se sentiría tan solo.