El expediente Ciccone tiene aristas inesperadas, entre ellas que uno de los principales socios del grupo Clarín fue el dueño del cinco por ciento de la calcográfica en 2009. En el juzgado a cargo de Ariel Lijo están tratando de rearmar la historia de quienes siempre tuvieron el control de la empresa, la familia Ciccone: llevaron a la imprenta a la convocatoria de acreedores, luego a la quiebra; esto derivó en que la empresa terminara en manos de Boldt (la compañía que maneja el juego en territorio bonaerense) y, finalmente, el proceso de levantamiento de la quiebra. En este último tramo es que se investiga si la AFIP o el Ministerio de Economía, en ese momento encabezado por Amado Boudou, incurrieron en irregularidades. En toda esa historia aparecen compras de deudas ilegales, socios que no están para nada claros y el dato asombroso de que en 2009, durante cuatro meses, el cinco por ciento de las acciones de la calcográfica fue vendido por la familia Ciccone a Fintech Energy LLC, la empresa que junto con Clarín administra Cablevisión.

En la causa Ciccone se investigan esencialmente dos delitos: negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de dinero. En el primero de esos delitos lo que se busca determinar es si Boudou o la AFIP beneficiaron indebidamente a Ciccone para permitir el levantamiento de la quiebra. El segundo delito, el de lavado de dinero, trata de establecer cómo se hundió la empresa y de dónde salieron los fondos para reflotarla.

El punto clave es que Ciccone no es una empresa cualquiera, tiene un valor estratégico: imprime billetes, títulos universitarios, patentes, chequeras, padrones electorales y un largo listado de impresiones de seguridad. En toda su historia fue manejada por los hermanos Héctor y Nicolás Ciccone, quienes lograron el gran despegue durante la dictadura militar: la calcográfica imprimió las entradas del Mundial ’78.

El juzgado estudia qué pasó desde 2004, en que Ciccone entró en convocatoria de acreedores. En ese año, Alejandro Vandenbroele, representando a los Ciccone, protagonizó la convocatoria y también la compra de la deuda a algunos acreedores, algo que los jueces comerciales consideran ilegal: el que les dice judicialmente a sus acreedores que no está en condiciones de pagar no puede al mismo tiempo pagarles bajo cuerda para después quedarse con los votos en la junta de acreedores. Ya en ese año, Vandenbroele actuaba en Ciccone, muchísimo antes de la aparición de Boudou.

En abril de 2009 se produce un hecho llamativo: los Ciccone le ceden el ciento por ciento de las acciones a la empresa Inversiones Tecnológicas S. A., según parece propiedad de un importante empresario argentino que las fuentes judiciales no tienen plenamente identificado. Y el mismo día, Inversiones Tecnológicas le cede el 4,95 por ciento de las acciones a Fintech Energy LLC. Es público y notorio que Fintech es socio de Clarín en Cablevisión. Los que aparecen en el acta de cesión de acciones son Nicolás Ciccone, titular del 50 por ciento; Silvia Noemí Ciccone, 12,5 por ciento; Héctor Ciccone, 25 por ciento, y Graciela Ciccone, 12,5 por ciento. Por el lado de la empresa Inversiones Tecnológicas firmó el abogado Gerónimo Rocha Pereyra.

Todo indica que aquella operación, que se deshizo cuatro meses después porque tenía una cláusula de rescisión, fue un intento de salvar la imprenta por su valor estratégico. Interesó a un empresario y a un socio de Clarín. Pero no prosperó y la familia Ciccone volvió a estar a cargo.

Menos de un año más tarde, el juez comercial Javier Cosentino decretó la quiebra. En ese momento, el Estado –principal acreedor a través de la AFIP– le hizo saber al magistrado que quería quedarse con la empresa justamente para poner las máquinas a trabajar para la Casa de Moneda. En forma sorpresiva, Cosentino decidió entregársela a Boldt, o sea que una empresa que manejaba casinos y máquinas tragamonedas se quedaba también con la impresión de billetes y documentación de máxima seguridad. El Estado nuevamente manifestó su oposición, esta vez por medio de la Secretaría de Comercio.

Todo derivó en el levantamiento de la quiebra, con el papel central –como en 2004– de Vandenbroele, representando a la familia Ciccone. Esto deriva en la actual investigación de Lijo:

n Por un lado, sobre The Old Fund, la empresa que se queda con Ciccone. En este terreno, el juez avanza sobre los verdaderos dueños de ese fondo y los que proveyeron el dinero: el Banco Macro, una financiera de Raúl Moneta y un fideicomiso de Formosa. Además, el magistrado trata de ver si amigos de Boudou, como José María Núñez Carmona, son socios ocultos o no.

n Por otro, sobre la propia familia Ciccone. La semana que viene serán llamados a declarar al juzgado de Lijo los acreedores de 2004, para ver cómo se produjo el concurso y la historia de los movimientos de acciones que siempre los tuvieron como protagonistas.