El kirchnerismo volvió a criticar ayer al Grupo Clarín y los representantes de la oposición en el Consejo de la Magistratura, luego de que fracasara el jueves la reunión donde se debía aprobar el concurso para designar al juez de la causa iniciada por el multimedio contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Hernán Ordiales, ratificó que el concurso fue “absolutamente transparente” y cuestionó a los cinco consejeros que impugnaron a los candidatos. El vicepresidente Amado Boudou también opinó del tema y consideró “muy grave” que algunos sectores “estén forzando una muralla contra la Constitución para trabar el funcionamiento de las instituciones”.

Las críticas por las trabas al nombramiento de un juez natural en el Juzgado Civil Número 1 continuaron ayer por parte del oficialismo. “Por suerte la ley de medios tendrá plena vigencia a partir del 7 de diciembre. Esto terminará con el cepo democrático que construyó el Grupo Clarín al usufructuar más de 250 licencias con que viven envenenando a la opinión pública”, señaló Boudou al terminar un acto de entrega de un premio al músico uruguayo Jaime Roos.

Ante el fracaso el jueves del tercer intento del oficialismo por aprobar el concurso, Boudou sostuvo que se trata de los mismos sectores que impidieron la aprobación del Presupuesto en 2010 y consideró que no se puede permitir “que haya diques que obstruyan el funcionamiento de la República”.

“Nosotros hicimos un concurso absolutamente transparente que duró más de dos años, donde los concursantes se presentan, pasan pruebas de idoneidad de tipo ética, luego pasan a un examen escrito, pasan a que se evalúen los antecedentes, tienen que tener importantes antecedentes para poder calificar, tienen que superar una prueba escrita porque si no, no pasan a la prueba oral, tienen que sacar más del 50 por ciento del puntaje asignado a la prueba escrita”, detalló Ordiales en declaraciones radiales. Una vez elevado el concurso por parte de la Comisión de Selección, el pleno del Consejo de la Magistratura debe aprobarlo y remitirlo al Poder Ejecutivo, que finalmente elige los magistrados que deberán ser aprobados luego por el Senado.

Respecto de la impugnación de la oposición a la candidata María Lorena Gagliardi, que pasó del puesto 15 al 6 en la nómina de candidatos, Ordiales sostuvo que se trata de un acto “inconstitucional”, “discriminatorio” y “una persecución política”. “Es decir que ningún ciudadano argentino, según estos señores, podría ser juez si tiene algún tipo de simpatía política”, insistió Ordiales, respecto de los supuestos vínculos de Gagliardi con el oficialismo. Para despejar esas sospechas, el kirchnerismo ofreció elevar los primeros cinco candidatos, dejando de lado a Gagliardi, pero la oposición ahora cuestiona a los restantes candidatos. En ese marco, Marcelo Fuentes advirtió sobre la “información distorsionada” que difunde el grupo y remarcó que “no existe conflicto entre el Gobierno y el monopolio Clarín, sino que el conflicto es entre el monopolio Clarín y la ley”. De todas maneras, el senador kirchnerista consideró “un avance” que la Cámara en lo Civil y Comercial resolviera que los titulares del Juzgado Civil 1, donde se tramita la presentación del Grupo Clarín contra la aplicación del artículo 161 de la ley de medios, sean sorteados por procedimiento informático y que no puedan dictar sentencia. De todas maneras, el ministro de Justicia, Julio Alak, anunció que recusarán al juez sorteado, Roberto Torti, por entender que “preopinó” al haber fallado en favor de Clarín en la causa Fibertel.

“Hasta ahora nunca hemos tenido problemas en el Consejo de la Magistratura en los últimos trece años, siempre ha habido consenso, con puntos de vista diferentes, pero siempre superables. Esta vez parece que el diablo metió la cola, como se suele decir, y el diablo ya sabemos quién es”, concluyó Ordiales.