El apoderado de las ultramontanas asociaciones “Pro Familia” y “Cristo sacerdote”, que recorre el país hasta encontrar un juzgado que acepte impedir que dos enamorados se casen, que un artista exhiba sus obras o que una pobre chica violada pueda abortar, conoce el fuero judicial desde adentro. Pedro Javier María Andereggen era Secretario de la Cámara Federal de la Capital cuando se inició el juicio contra las juntas militares en 1985 y actuó como quinta columna dentro del tribunal, hasta que renunció con un portazo en busca de escándalo. Andereggen tiene dos cuñados militares y fue parte de una maniobra tendiente a deslegitimar los procesos, en una exitosa operación sicológica emprendida por el abogado que contrató el Ejército para coordinar las defensas en todas las causas en las que se procesaba o imputaba a personal militar, Sergio Andrés Marutian. Se trató de una tentativa de anular el juicio contra los ex generales Ramón Camps y Ovidio Riccheri, alegando que el tribunal había entregado al fiscal Julio Strassera un borrador de la sentencia. En realidad se trataba de un resumen de las pruebas de la causa, que la Cámara puso a disposición no solo del fiscal sino también de los procesados. Marutian efectuó varias visitas a la jueza Lydia Amelia Berraz de Vidal instándola a convertir el escandalete político en un episodio judicial, pese a lo que la magistrada desestimó una denuncia del reo Camps. Lo mismo hizo la Corte Suprema de Justicia ante una denuncia de los abogados Eduardo Marquardt y Marcelo y Ricardo Saint Jean, miembros del equipo que coordinaba Marutian. Fracasada la instancia tribunalicia, se hizo hablar al hasta entonces sigiloso Andereggen, quien en su renuncia al Poder Judicial adujo que se había entregado al fiscal “parte de un proyecto de sentencia”. Comenzó entonces otra carrera, en el ejercicio de la profesión, como abogado en el estudio de Marutian.