El nuevo juez de la causa que investiga el presunto espionaje ilegal por parte de la Gendarmería, conocida como Proyecto X, aceptó que el Centro de Estudios Legales y Sociales sea parte del expediente en condición de “amigo del tribunal (amicus curiae)”. En el detallado escrito que recibió el magistrado Sebastián Casanello, el CELS aportó una descripción de toda la normativa que rige la intervención de las fuerzas de seguridad en manifestaciones y reclamos públicos. En sus palabras, hizo llegar al juez “el desarrollo de los estándares en lo que se refiere a la realización de tareas de inteligencia y sus prohibiciones, lo relacionado al deber de protección del derecho a la intimidad de las personas y la aplicación del artículo que penaliza las interrupciones del transporte público”. Este organismo de derechos humanos afirmó que los hechos denunciados podrían ser una “posible transgresión” de las leyes de Inteligencia, de Seguridad y de Defensa, entre otras. El amicus curiae ya había sido presentado por el CELS en esta causa en la que los delegados de la comisión interna de Kraft –acompañados por organismos de derechos humanos (LADH, Ceprodh, Correpi, AEDD, junto a Nora Cortiñas), y representados por Myriam Bregman y Agustín Comas– pidieron que se investigue si efectivos de Gendarmería realizaron tareas de inteligencia ilegales sobre manifestaciones.