Héctor Pedro Vergez, torturador del centro clandestino La Perla y del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército durante la última dictadura, fue condenado ayer a 23 años de prisión. El Tribunal Oral Federal 5 responsabilizó al capitán retirado por el secuestro y los tormentos contra cuatro personas, tres de las cuales permanecen desaparecidas, y calificó como los delitos como “crímenes de lesa humanidad”. El represor que durante el menemismo prestó servicios en la Secretaría de Inteligencia y que se ufanaba de sus trabajos sucios mientras gozaba de impunidad, se mantuvo en silencio durante todo el juicio y tampoco ayer hizo uso de sus últimas palabras antes de la sentencia. Vergez estuvo preso durante el proceso en la cárcel de Marcos Paz y en los próximos días será trasladado a Córdoba, donde se lo juzga junto a otros 43 represores por su actuación desde fines de 1974 en el Comando Libertadores de América y luego como interrogador del Destacamento de Inteligencia 141.

Nacido en La Pampa hace 69 años, Vergez recibió su primera condena por crímenes de lesa humanidad luego de más de media vida de plena impunidad. Los delitos por los que lo responsabilizaron los jueces Angel Nardiello, José Martínez Sobrino y Néstor Costabel ocurrieron en 1977. Javier Ramón Coccoz, alias Pancho, jefe de inteligencia del PRT-ERP, fue secuestrado el 11 de mayo de aquel año. El Ejército apeló para quebrar a uno de sus más eficientes torturadores: el “capitán Rodolfo”, “Vargas” o “Gastón”, los nombres de cobertura que le asignó la inteligencia militar a Vergez. Entre mediados de junio y julio, luego de un mes de cautiverio y torturas a Coccoz, se produjeron los secuestros de María Cristina Zamponi, pareja y compañera de militancia del dirigente del ERP, y de dos supuestos informantes de la organización: Juan Carlos Casariego del Bel, que era funcionario del Ministerio de Economía, y el abogado Julio Gallego Soto. La mujer logró exiliarse en Europa y declaró como testigo en el juicio, en tanto Casariego del Bel y Gallego Soto siguen desaparecidos.

Los fiscales federales Alejandro Alagia, Gabriela Sosti y César Guaragna habían pedido una condena de 30 años de prisión para Vergez. Los abogados querellantes que representaron a familiares de víctimas y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidieron penas de entre 21 y 25 años de cárcel. El TOF-5 resolvió finalmente condenarlo a 23 años de prisión como coautor de las cuatro privaciones ilegales de la libertad, agravadas por violencia y por la duración de más de un mes, y de tormentos agravados porque se aplicaron contra perseguidos políticos. Los jueces también ordenaron en su fallo poner a disposición del Ministerio Público Fiscal las pruebas para que se investiguen las responsabilidades de Guillermo Walter Klein, ex secretario de Programación y Coordinación Económica de la dictadura, y de Federico Dumas, superior inmediato de Casariego del Bel.

El tribunal también tomó nota de la violación del militar a la mujer de su enemigo, a quien mantenía secuestrada junto a sus padres y a su hijo de dos años y ocho meses, aunque por tratarse de un delito de instancia privada corresponde a la víctima promover la acción penal. Zamponi, que también integraba la estructura de inteligencia del PRT y que el mes pasado declaró por videoconferencia desde el consulado argentino en Barcelona, contó que el 11 de junio de 1977 fue secuestrada y encerrada en la casa de sus padres. “Capitán Rodolfo”, se identificó Vergez cuando la capturó, y agregó que era “el interrogador de Javier”. Mientras su compañero, consciente de su destino irreversible, negociaba para que Cristina y su hijo pudieran salir del país, Vergez aparecía por la casa cada dos días. Fue en ese contexto que la llevó a un hotel y la violó. Días después fue expulsada del país.