“Jaime Smart, recientemente condenado a prisión perpetua, fue el primer abogado de otro civil que tiene que ser enjuiciado, Alejandro Reynal, ex presidente del Banco Central, el cajero de la dictadura, a quien denuncié en 1982 junto a Alfredo Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy por mi caso”, dijo Eduardo Saiegh en la mesa debate “Juicio a los jefes civiles de la dictadura y la verdad histórica”, que se realizó en la Biblioteca Nacional. Saiegh fue secuestrado en octubre de 1980, torturado durante una semana y luego extorsionado con la autoliquidación de su empresa, el Banco Latinoamericano de Inversión, para poder apropiarse de las acciones de Austral Líneas Aéreas, que permanecían en caución en el Tesoro de la entidad. “La acumulación primitiva (de los represores) se hacía triturando cuerpos y saqueando a empresarios, una ilegalidad productiva que era un nuevo capitalismo, y luego fundaban otras empresas como el caso de Papel Prensa”, dijo a su turno Horacio González, director de la Biblioteca que participó de la mesa, junto al historiador y miembro del directorio de Papel Prensa, Alberto González Arzac.

La convocatoria tenía que ver con la presentación del portal de Internet www.elcasosaiegh.com, cuya causa judicial fue reabierta por orden de la Cámara Federal. “Me decían ‘Turco, liquidate, te va a salir más barato’ y ahí no sé de dónde saqué las fuerzas para decirles que el turco negocia, pero con el jefe, y tuve que negociar mi vida porque Reynal había ordenado que me mataran luego de concretar esta operación, que fue más grande que la de la Italo, y es calcada con la de Papel Prensa, a diferencia que a (David) Graiver lo mataron primero”, relató este arquitecto y sobreviviente. Mientras repasaba ante el público el contenido de su portal, Saiegh mencionó un editorial del diario La Nación de los días en que se comenzaba a mencionar el enjuiciamiento de los civiles cómplices del terrorismo de Estado, en el que se calificaba esa justicia como “venganza”. “Es que en 2011 ya empezaba el caso Papel Prensa; entonces abrían el paraguas, y con el escándalo que hacen por la ley de medios quieren tapar ese caso, pero no pueden deformar la historia, tratan de armar una cortina de humo y de impunidad porque esos civiles son muchos más de los que aparecen”, expresó. Para Saiegh, su causa se transformó en la obligación moral de dar esa batalla porque, dijo, “si no lo hacemos no merecemos haber sobrevivido”. Y aseguró que fue el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz quien “instaló en las Fuerzas Armadas el concepto del desaparecido, porque ya lo practicaba en su fábrica, en Acindar, como admite (Jorge Rafael) Videla cuando dice que los empresarios le pedían 10 mil desaparecidos más”.

En relación con los civiles enjuiciados, Horacio González dijo que “(Néstor) Kirchner hizo un gran hecho al pedir perdón en nombre del Estado por los crímenes de la dictadura, pero no es suficiente, aunque rompió esa continuidad el Estado sigue llevando su culpa y ahora debe ejercer un poder reparatorio”. Además, explicó que los “casos de empresas retenidas o refundadas en nombre de ese terrorismo no entran en la teoría económica del liberalismo clásico” y agregó que los jefes civiles de la dictadura “les sacaban a los empresarios sus empresas, así como le robaban al militante su televisor o el trencito con que jugaban sus hijos”.

En tanto, González Arzac dijo que la Conadep “no pudo o no quiso investigar estos hechos, quizá porque en ese momento los grupos económicos aún tenían una fuerza indestructible”. Pero citó una frase del informe de aquella comisión en la que mencionaban que “las violaciones de los derechos cometidas por los encargados de la represión no se agotaron en el ataque a la integridad física de las personas sino que también afectaron otros bienes jurídicos como la propiedad y la fe pública se vulneraron también para facilitar el traspaso de bienes fraguando operaciones inexistentes”.