El juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni estimó que la exención de que gozan los miembros del Poder Judicial respecto del Impuesto a las Ganancias podrá extinguirse “gradualmente en 4 o 5 años”. En declaraciones radiales, el magistrado aseguró que “en líneas generales” el máximo tribunal había estado discutiendo esta idea desde antes que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo reclamara ante la Asamblea Legislativa y anticipó que “el mayor problema” para aplicarla hoy en día “es el sindical”, ya que la medida alcanza a los empleados judiciales. Las palabras del juez vuelven a poner en evidencia que este tema divide opiniones entre los siete cortesanos: desde hace ya dos semanas las autoridades de la Corte Suprema vienen protagonizando un duro intercambio epistolar con la procuradora general Alejandra Gils Carbó, que sostiene una postura similar a la de Zaffaroni, alrededor de este tema.

“Lo que tenemos que ver en general es que tenemos que pagar, y lo hemos venido diciendo toda la vida”, expresó el supremo, quien explicó el origen histórico de ese privilegio, pero cómo hoy en día quedó obsoleto: “Lo que sucede es que es una historia que tiene 80 años, que comenzó en los años ’30 con una sentencia de la Corte que decía que los jueces no debían pagar –relató–. Después de algunos años, la Corte de Estados Unidos cambió su jurisprudencia y dijo que los que entraban a partir de ese entonces pagaban. Lamentablemente acá no se hizo”.

El ministro de la Corte sostuvo que el tributo debería comenzar a aplicarse sobre las ganancias de quienes ingresen a partir de ahora al Poder Judicial y luego de forma paulatina sobre los sueldos que ya se perciben sin el descuento hasta normalizar la situación. “Gradualmente, en cuatro o cinco años se podrá resolver el tema. En líneas generales, se había pensando antes del mensaje de la Presidenta, y hay que ver cómo implementarlo; tal vez comenzar con los recién ingresados.”

Según la opinión de Zaffaroni, “ahora, el mayor problema” para avanzar en ese sentido “es el sindical, porque cualquier trabajador que le saquen el 30 por ciento va a protestar”. También destacó que el beneficio no alcanza solamente a los jueces sino “también a todo el personal” de tribunales. El gremio de los judiciales marchó ayer a la sede de la Procuración para protestar contra Gils Carbó y la iniciativa de empezar a gravar los salarios de los judiciales (ver aparte).

La polémica entre Gils Carbó y la Corte Suprema comenzó hace menos de dos semanas, cuando la procuradora general envió al máximo tribunal una carta en la que los invitaba a “trabajar de manera conjunta en la implementación del pago del Impuesto a las Ganancias” a los trabajadores judiciales y del Ministerio Público Fiscal, que hoy se encuentran exentos. Fue después de que la Presidenta, en su discurso durante la ceremonia de apertura del período de sesiones ordinarias en el Congreso, el 1º de este mes, anunciara una reforma judicial y deslindara en el máximo tribunal la resolución de este tema.

La respuesta oficial de la Corte Suprema eludió el fondo de la cuestión y se limitó a señalar que la decisión del Poder Judicial no afecta a los empleados del Ministerio Público Fiscal, quienes por tanto no están exentos de pagar Ganancias y estarían fuera de la ley desde 1994, cuando se sancionó una ley en ese sentido, que hoy está suspendida por una acordada que dictó ese mismo año la mayoría automática menemista. Desde la Procuración respondieron que el pago sólo podía ponerse en práctica en los dos ámbitos de forma simultánea.

Este conflicto tiene como trasfondo uno más profundo, alrededor de la reforma amplia del Poder Judicial propuesta por el kirchnerismo desde fines del año pasado, luego de que el manejo de la causa por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual generara cortocircuitos entre la Corte Suprema y la Casa Rosada. Según anunció Fernández de Kirchner, el Ejecutivo enviará en estos días al Congreso un sexteto de proyectos de ley apuntados a democratizar el ejercicio de la Justicia.

En paralelo, hizo su aparición el espacio “Justicia legítima”, que nuclea a unos 300 jueces, abogados y fiscales y que se dieron a conocer como una voz distinta de la de la Corte Suprema en los temas que hacen al funcionamiento de los tribunales. En las primeras jornadas realizadas en la Biblioteca Nacional a fines del mes pasado, Gils Carbó fue la encargada de inaugurar las actividades.