Bajo el cartel, Stella Maris Martínez y Estela de Carlotto, entre otros, lanzaron la campaña contra el flagelo de la tortura.
Imagen: Luciana Granovsky.

Si se trata de simbolismos, el lanzamiento de la Campaña Nacional contra la Tortura en el marco del Bicentenario de la Asamblea del Año XIII fue un lugar privilegiado. La ex ESMA, emblema de la tortura y la desaparición de personas durante la dictadura, pero que siguió siéndolo, intocable, durante 20 años más, hasta 2004, ayer fue el escenario para proclamar el lanzamiento de una campaña que aglutinó un abanico de instituciones, organizaciones sociales y representantes pocas veces visto: la CNCT, convocada por la Defensoría General de la Nación, tuvo nada menos que 19 oradores. La Campaña, durante un año, realizará difusión de avisos publicitarios, acciones de capacitación para defensores oficiales y educativas (ya se inició con una charla en el Carlos Pellegrini) y concentrará sus esfuerzos en el próximo Congreso Internacional contra la Tortura, que se realizará en junio en Buenos Aires. Además se propone capacitar a personal y aspirantes de las fuerzas federales de seguridad, para lo que cuenta con el apoyo del Ministerio de Seguridad.

Todos los expositores coincidieron en que la tortura no se presenta como casos aislados y que para combatirla hay que mover estructuras. Stella Maris Martínez, la defensora general y convocante de la campaña, sintetizó con crudeza: “No hay en la sociedad un rechazo visceral a la tortura. La Justicia y toda la sociedad civil deben tomar en cuenta la inyección de violencia que implica avalar la tortura”.

En la sala Rodolfo Puiggrós, de la ex ESMA, la mesa destinada a los oradores era desusada. Ocupaba todo el ancho de la sala y más, sus extremos no entraban y debieron ubicar las últimas sillas en diagonal. La imagen era profundamente simbólica. Nueve años después de aquella escena en que Néstor Kirchner descolgaba los retratos de Videla y Bignone del Colegio Militar, la ex ESMA mostraba la convocatoria contra la tortura con una mesa de expositores que no entraba en la sala. Como señalaba uno de los dos centenares de asistentes entre el público, “son todas caras conocidas, pero nunca los vimos a todos juntos”. Era la intención.

“Lo que me motivó a lanzar esta iniciativa fue un hecho puntual –dijo Stella Maris Martínez, la convocante–: el año pasado, mientras en los medios se cuestionaba al director del Servicio Penitenciario Federal por permitir a algunos presos salir a realizar actividades de esparcimiento, en una comisaría provincial se estaba torturando detenidos. La sociedad tuvo una reacción muy grande por el primer caso, pero el acto de tortura fue poco condenado. Frente a estos casos, yo creo que todavía tenemos una sociedad cómplice. No hay en la sociedad un rechazo visceral a la tortura. La Justicia y toda la sociedad civil deben tomar en cuenta la inyección de violencia que implica avalar la tortura. Hay que tener la valentía de decir: ‘La tortura es un crimen, y estoy en contra’.”

Su par de la Procuración General, Alejandra Gils Carbó, señaló que “los fiscales venimos a manifestar nuestro firme compromiso para erradicar la tortura en nuestro país. Es un gran acierto convocar a una campaña que puede unir múltiples voces”. Antes, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, manifestó tener una sensación ambivalente, “porque aún existe la tortura en nuestro país. Queda mucho por hacer”, aseguró y puso énfasis en la reciente ley aprobada de creación del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, cuya sanción adeudaba el país desde 2004.

Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación, recordó el caso de torturas en Mendoza, difundido en un video, y dijo que para terminar con la tortura “es imprescindible que las autoridades nacionales, provinciales y municipales se acerquen a las fuerzas de seguridad, para dejar de mirarnos de reojo y volver a mirarnos a la cara”.

Entre las organizaciones civiles se encontraban representados el CELS (Paula Litvachky, directora del área de Seguridad y Justicia), y la Comisión Provincial por la Memoria (Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo). Ambos, desde sus respectivos lugares, señalaron que la tortura no era un hecho aislado. “Hace mucho tiempo que las organizaciones de DD.HH. vienen diciendo que hay que dejar de negar la tortura –dijo Litvachky–. Vamos a seguir denunciando la tortura e impulsando con fuerza el funcionamiento del Mecanismo de Prevención Contra la Tortura y para que llegue a todas las provincias.” “Tenemos que luchar contra la naturalización de la violencia institucional –sostuvo Mosquera–, avanzar contra la corporación del Poder Judicial y con la transformación de las fuerzas de seguridad.”

El camarista Luis Niño, también panelista, recordó que siendo secretario de un juzgado, durante la dictadura, redactó el antecedente del que sería el artículo 144 5º del Código Penal que sanciona la tortura, y dijo que “se avanzó sancionando la tortura, pero la norma no fue aplicada sobre el amplio universo de funcionarios de fuerzas de seguridad”.

Francisco Mugnolo, titular de la Procuración Penitenciaria, recordó lo actuado durante dos décadas. Alicia Pierini, defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, relacionó la tortura y el primer genocidio en estas tierras, el de los pueblos originarios. El diputado nacional Leonardo Grosso sostuvo que “la tortura la sufren los excluidos” y su par, Remo Carlotto, recordó que contra la tortura se requiere una Justicia democrática, y dentro de ella, “es imprescindible que las defensorías sean independientes. Hay varias provincias en Argentina que no tienen autonomía de la Defensa Pública”. Mutis por el foro para el sciolismo, entre otros.

En el acto de lanzamiento participaron además Cristina Camaño, secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad; la directora de Amnistía Internacional en Argentina, Mariela Belski; Víctor Abramovich, del Instituto de Políticas de DD.HH. en el Mercosur; Mario Kestelboim, de la Defensoría General de la Ciudad; el representante regional de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur, Américo Incalcaterra, y Pedro Mouratian, interventor del Inadi, entre otros.

La campaña se extenderá durante todo el año y consiste en diversas acciones de difusión, capacitación y educativas, y tiene en la mira el Congreso Internacional contra la Tortura, que se desarrollará el 6 y 7 de junio en la Biblioteca Nacional, en Buenos Aires. Concluirá el 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos. Para esa fecha, la tortura seguramente no se habrá erradicado, pero al menos es posible que se haya completado una piedra basal demorada, la conformación del mecanismo que monitoreará los lugares de detención, incluidos psiquiátricos e internados de niños. De otro modo, la amplia mesa de ayer correría el riesgo de ser una suma de voluntades.