El movimiento “Justicia legítima” saldrá de gira por varias provincias a partir de abril, con el plan de extender su discusión a todos los rincones y poner en debate los problemas y experiencias de los poderes judiciales locales. Habrá encuentros en Córdoba, Tandil, Mendoza, Rosario, Santa Fe y Jujuy, además de un plenario el 31 de mayo en La Plata. En varios de ellos estará la procuradora general Alejandra Gils Carbó. Las prácticas judiciales corporativas (lo que incluye la protección hacia jueces implicados en delitos), la endogamia constitutiva de los tribunales, el poder de lobby de abogados y grupos económicos, mecanismos que criminalizan a los más vulnerables y las chances de generar un sistema acusatorio (con más poder para los fiscales y criterios sobre la persecución penal) son algunos de los temas que se vislumbran como constantes en distintos puntos del país y que se pondrán sobre la mesa.

“Buscamos crecer en todos lados, replicar en todo el país las jornadas que se hicieron en Buenos Aires, instalar una discusión para que el paradigma de funcionamiento judicial deje de estar ajeno a la sociedad. No es que vaya a haber resultados ya, pero estamos dando señales”, dijo el fiscal Jorge Auat, de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de causas de Derechos Humanos. “Se trata de dar cuenta de la realidad de las justicias provinciales, muchas veces cruzadas por la política y el microclima de cada sistema”, agrega el fiscal Félix Crous. “Pero además, para hacer crecer al movimiento hay que lograr que tenga legitimidad por fuera del Poder Judicial: en las universidades, los clubes, los barrios”, agrega.

Los encuentros serán, la mayoría, en sedes universitarias: en Rosario el viernes próximo; en Tandil, en la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires el 12 y 13 de abril; y en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Córdoba, el 26 del mismo mes. En mayo se prevén reuniones de Mendoza, Jujuy y Santa Fe. El plenario general será en La Plata.

En el primer encuentro de esta agrupación crítica de jueces, fiscales, defensores, académicos y organismos de derechos humanos que se hizo en la Biblioteca Nacional en febrero último, no hubo anuncios pero se acordaron conceptos básicos: la apuesta a un cambio de la cultura burocrática y corporativa del Poder Judicial, instalar la oralidad en los procesos, abrir concursos públicos para el ingreso a tribunales, redefinir la independencia judicial (y asumir que las presiones son de todas las corporaciones, incluso económicas, judicial y religiosas), erradicar los títulos honoríficos y el lenguaje críptico, hasta dar participación a la ciudadanía en el sistema y su control. No se acordó una postura sobre el pago de Impuesto a las Ganancias, que la presidenta Cristina Kirchner sí alentó un día después en la Asamblea Legislativa, cuando también anunció proyectos de ley que aún no han sido presentados, entre ellos la elección popular de consejeros de la Magistratura, los concursos para ingresar por idoneidad y la publicidad de las declaraciones juradas de los jueces.

Es cantado que en cada provincia se planteen distintas realidades, aunque hay un hilo conductor. Gabriel Pérez Barberá, juez de Córdoba, dice que en esa provincia, por ejemplo, “hay dos banderas de ‘Justicia legítima’ que ya funcionan bien y son una referencia: el ingreso por concurso e idoneidad de todos los empleados y el juicio por jurados; a la vez el Consejo de la Magistratura es más transparente que el nacional”. Sin embargo, dice Pérez Barberá, “rige una fuerte empatía de clase entre jueces y poderes económicos, lobbies económicos operan y esto está naturalizado, no es visto como algo negativo”. “También es complicada la independencia interna porque la Justicia es muy conservadora”, advierte.

Omar Palermo, juez del Superior Tribunal de Mendoza, está preocupado por las inequidades del servicio de justicia de su provincia, “que criminaliza a los más vulnerables” y les “hace difícil el acceso a la Justicia”. Reclama discutir el desarrollo de un sistema acusatorio, que dé facultades investigativas a los fiscales y la posibilidad de sentar principios de oportunidad, es decir, que definan hacia dónde dirige el Estado los esfuerzos para investigar, por ejemplo, si a los perejiles y delitos de poca monta o a las grandes organizaciones delictivas, a menudo asociadas a funcionarios y fuerzas de seguridad. Un problema que comparten Mendoza y Chaco es que los ministerios públicos (defensa y fiscalías) son parte del Poder Judicial, cuando deberían ser autónomos. Incluso en Mendoza están juntos: se mezclan acusadores y acusados.

En ciertos lugares, anuncia Auat, habrá que discutir cómo se han hecho nombramientos. “En Chaco –ejemplifica– se nombró a los jueces del Superior Tribunal sin concurso. Hay que discutir cómo hacer para que la estructura de la Justicia deje de reproducirse como una casta, algo que sucede en todos lados.”