La llamada “chacra 39” de Lázaro Báez en las afueras de Río Gallegos fue allanada ayer por efectivos de Gendarmería en presencia del propio empresario. El procedimiento se hizo por orden del juez federal Sebastián Casanello, quien investiga presuntas maniobras de lavado de dinero. También fue allanado un galpón donde Báez guarda autos de alta gama y camionetas todo terreno, mientras que la noche anterior habían sido requisadas 14 cajas de seguridad en la casa central del Banco Santa Cruz que estarían a nombre la empresa Austral Construcciones.

Baéz se quejó ayer de que los allanamientos a sus propiedades le parecían un “espectáculo innecesario”. Se refería a que los agentes rompieron un portón para ingresar y dijo que bastaba con que le hubieran pedido la llave. Al hacer declaraciones a los medios, Báez manifestó su “predisposición de manera pública y en los escritos judiciales a colaborar en todo lo que se le solicite”. Casanello ordenó por exhorto hacer los procedimientos, que encomendó a la jueza Andrea Askenazi. Esta semana la Cámara Federal le había indicado que debía ser él quien lleve adelante la investigación sobre el supuesto desmantelamiento de una caja de seguridad en la “chacra 39”, en función de unas fotocopias de fotos entregadas por la diputada Elisa Carrió, quien denunció la posible destrucción de pruebas en los días que se iniciaba la investigación sobre lavado.

Hasta anoche el juzgado mantenía hermetismo sobre el resultado de los allanamientos. Por lo pronto, en la causa están citados a indagatoria el financista Federico Elaskar y el contador Leonardo Fariña, quienes pidieron una prórroga, que el magistrado evalúa. Están comprometidos en múltiples reportes de operaciones bancarias sospechosas. Y se intenta establecer si, tal como dijeron en televisión, ayudaron a sacar del país 55 millones de euros vinculados con Báez. Sobre el empresario también hay reportes de operaciones dudosas en la causa, que son transferencias de dinero en efectivo por 9,5 millones de dólares.

Por lo pronto, Casanello le pidió a la jueza de Río Gallegos que haga un careo entre Sergio Triviño, empleado de Austral Construcciones, quien habría estado y fotografiado el desmantelamiento de la supuesta bóveda transformada en bodega, y el matrimonio que entregó esas fotos después. Triviño declaró, pero negó todo, e incluso dijo que las fotos no eran todas de la propiedad de Báez y que se las habían quitado. La pareja dijo que él les había dado las fotos para guardárselas.

Báez fue citado a indagatoria la semana pasada por la jueza Gabriela Lanz, ante un pedido del fiscal José María Campagnoli, en el contexto de otra causa que se inició el año pasado, pero ganó vuelo ahora. A Báez se le imputa una presunta extorsión a Elaskar, en una maniobra que habría tenido como fin quedarse con la financiera SGI, también conocida como La Rosadita. El empresario recusó a la jueza por supuesta imparcialidad, ante filtraciones de información a la prensa pese a que regía el secreto de sumario, pero Lanz la rechazó. Ahora será la Cámara en lo Criminal y Correccional la que defina la situación. Los inicios de esta causa están ligados a una aparente maniobra fraudulenta por la cual la financiera constituyó una hipoteca para comprar una unidad en el Hotel Faena, sin asentarla en los libros. La relación con Báez se estableció a partir de la aparición televisiva de Elaskar y Fariña, que fueron tomadas en cuenta para la citación por extorsión.

Días atrás, Casanello dispuso en su expediente la inhibición general de bienes de Elaskar y Fariña, a quienes no sólo imputa por las transferencias sospechosas de dinero denunciadas por bancos –que según la Unidad de Información Financiera rondaban por lo menos los 20 millones de pesos, que no podrían justificar– o por las declaraciones de quienes eran sus secretarias y recepcionistas, que los vincularon a ambos con la financiera SGI, que habría utilizado para sacar dinero, y trabajando juntos.

A su vez, Maximiliano Acosta, testigo del casamiento de Fariña y la vedette Karina Jelinek, ingresó al programa de protección de testigos tras denunciar amenazas. Había declarado que fue intermediario de Fariña en la compra del campo El Entrevero, en Punta del Este, por 14 millones de dólares, propiedad que terminó a nombre de Daniel Pérez Gadín, ex contador de Báez, también citado a indagatoria en la causa por extorsión.