[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) se creó a poco de que Mauricio Macri ganara las elecciones porteñas de 2007. A su frente designó a Federico Young, un ex juez nostálgico de la última dictadura, patrocinador de charlas ofrecidas por Cecilia Pando, la activista ultramontana que reivindica el terrorismo de Estado. Se plasmaba así la idea de tener un organismo que evitara la repetición de un segundo Cromañón, el fantasma temido por el jefe de Gobierno después de la destitución de Aníbal Ibarra. Pero en la práctica sucedió todo lo contrario. Las irregularidades estimularon el descontrol hasta hoy.

“Vengo a achicar el Estado”, decía Young ante el personal de la AGC. Pasaron los años, pasaron varios directores y el desprestigio de la Agencia aumentó. Ya sea por designaciones injustificadas, como la de Raúl Oscar Ríos, un dirigente de Boca Juniors que salió eyectado del cargo tras el derrumbe de un gimnasio de Villa Urquiza, o la del directivo del club Atlanta, Javier Ibáñez, quien se vio obligado a renunciar después de que lo filmaran pegándole con un cinturón a hinchas de Chacarita en ese clásico del Ascenso. Desde octubre pasado la conduce Juan José Gómez Centurión, un mayor retirado del Ejército que militarizó la gestión, según denuncian los delegados de ATE, y que elevó el perfil del organismo por sus operativos contra talleres clandestinos y prostíbulos.

Creada por la Ley 2624 de 2007, la AGC absorbió funciones de otros organismos desde su nacimiento. La reciente incorporación forzada de más de un centenar de inspectores laborales que pertenecían a la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad es uno de los conflictos no resueltos. La Agencia no tiene competencia por ley en temas laborales. Pero además mantiene a funcionarios cuestionados, como Pierre Louis Chapar, un personaje de origen francés –también conocido como Pedro Luis Chapar– que conduce la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) e integra la Unidad de Gestión de la Información y Coordinación Operativa de la AGC. Los inspectores de la Subsecretaría de Trabajo que pasaron a la AGC se quejan de su presunto maltrato (ver aparte).

La Agencia tiene verificadores que cobran honorarios de 500 pesos por obra y fuera de término, y que con suerte realizan un trabajo al mes. En la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFyCO) su jefe es un ingeniero químico. Se trata de Osvaldo Alonso, uno de los pocos hombres de confianza del mayor retirado Gómez Centurión. Los profesionales de la Asociación de Peritos Verificadores (APPV) le cuestionan su falta de formación específica para el área que conduce. Dependen de él 580 especialistas, entre ingenieros civiles e industriales, y arquitectos. También funcionan en la Agencia los registros de verificadores de Habilitaciones y de Ascensores que suman 477 y 217 integrantes, respectivamente. Completan la planta de 1274 profesionales a los que no se sortea casi nunca para hacer el seguimiento obligatorio que rige por decreto.

“A nosotros, los peritos verificadores, se nos excluyó de la etapa inicial de la obra, la de demolición y excavación correspondiente al paso cero. Los sorteos no se corresponden con la etapa de avance de la construcción que nos llaman a verificar y se nos envía siempre tarde”, afirma la arquitecta Eva Lilian Rodríguez, presidenta de la APPV.

Ni siquiera tarde llegó la verificación a la obra lindera del edificio de Bartolomé Mitre 1232, en pleno centro porteño, cuando se derrumbó en noviembre de 2011 y ocasionó un muerto, Isidoro Madueña, de 74 años. Nunca se realizó ese paso en la excavación que provocó la tragedia.

Rodríguez da un ejemplo de lo mal que funciona la AGC: “En 2011 salí sorteada para ir a hacer la verificación número tres de una obra en Lavalle 1443, manejada por la constructora M&M. Llegué y no sólo ya había gente viviendo en un departamento. Para mi sorpresa, en la planta baja estaba funcionando nada más ni nada menos que una sede del Banco Ciudad”. Otro caso: una torre de un megaproyecto en la Avenida del Libertador, a la altura del barrio de Núñez, no tenía número de expediente cuando un verificador se presentó a cumplir su tarea. Era una obra fantasma.

El registro de profesionales que controlan los 150 mil ascensores que habría en la ciudad es el más raleado de todos. Los especialistas son sorteados con poca frecuencia, se los desalienta como a todos los verificadores con la escasa remuneración que perciben y que pueden llegar a cobrar con seis meses de retraso. A veces, ni tan solo eso. Porque si un inspector (solo ellos tienen poder de policía) recibió una coima y pasó por alto irregularidades, cuando el verificador interviene ya es demasiado tarde. O no se lo manda a cumplir su tarea.

El colmo de la situación es que a los ingenieros o arquitectos que son peritos no les paga el gobierno porteño. Lo hace el particular que realiza la obra y pidió ser verificado, pero abonándole al Estado. De ahí surgen los honorarios del profesional, que los recibe con considerable retraso y ni siquiera ajustados a la tarifa que el gobierno actualizó de manera notable. Gómez Centurión fue informado de estas irregularidades por notas que le envió la APPV el 21 y 22 de mayo, el 5 y 18 de junio, y el 29 de julio de este año. También se le solicitó una audiencia en sus oficinas de Perón 2933, pero nunca le respondió a la asociación de peritos verificadores.

[email protected]