La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) de Uruguay presentó un informe sosteniendo que la pastera Botnia-UPM “no contamina más allá de los parámetros habilitados”, por lo que el gobierno uruguayo daría permiso a la empresa para incrementar su producción en un 20 por ciento. Sin embargo, la binacional Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) aclaró que “no existe ningún acuerdo” para darle luz verde a la firma finlandesa y que Argentina aún puede presentar una objeción. “Sería vergonzoso si existiera una habilitación en forma unilateral”, lamentó el delegado argentino en la CARU, Horacio Melo. El asambleísta de Gualeguaychú Oscar Vargas opinó que el informe “es una mentira hecha por la empresa” y manifestó que “en Uruguay, siempre van sobre la vía de los hechos: hacen y después buscan la autorización”. “Las últimas declaraciones del presidente Mujica están en contradicción con el fallo de La Haya –agregó–, esta decisión unilateral agrava el conflicto y nos obliga a volver a la Corte.”

“Cuarenta y seis parámetros ambientales que se analizan en tomas de agua que se realizan en la zona de la planta dieron valores normales”, detalla el estudio de impacto ambiental que presentó la Dinama, que se conoció en las últimas horas. Concluye que la pastera Botnia-UPM, ubicada sobre la orilla del río Uruguay, “no contamina más allá de los parámetros habilitados”. Sin embargo, reconocen que en julio detectaron “niveles de azufre en el aire superiores a los permitidos debido a una falla técnica” que impulsó el cese temporal de actividades en la planta. “El reinicio de las operaciones está previsto para el 25 de septiembre –explicó la empresa–, sujeto a la aprobación del Estado para incrementar la producción de 1,1 a 1,3 millón de toneladas anuales.”

El gobierno de Uruguay llevó a mediados de 2012 el pedido de Botnia-UPM ante la reguladora binacional CARU, la cual aún no se expidió. En el Ejecutivo uruguayo entienden que según el Estatuto del Río Uruguay, Argentina tuvo un primer plazo de 180 días, que venció sin que se presentase ninguna objeción, y ahora rige un segundo término hasta el 15 de septiembre. Uno de los delegados argentinos en la CARU, Horacio Melo, explicó que “hoy en día lo que está sucediendo es que el tema está a nivel de las cancillerías. No existe ningún acuerdo y sería vergonzoso si existiera una habilitación en forma unilateral”, añadió el funcionario.

En referencia al informe del gobierno uruguayo, Melo expresó que “puede sacar todas las conclusiones que quiera, pero el Comité Científico binacional, que es un órgano de la CARU, no ha emitido juicio sobre el impacto ambiental de UPM”. “No ha llegado a ninguna conclusión”, asintió. Además señaló que el fallo que emitió en el 2010 la Corte Internacional de La Haya “analizó el proyecto por un millón de toneladas de producción”, mientras que la pastera plantea alcanzar 1,3 millón de producción.

La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú marchó en caravana el lunes pasado hasta el puente internacional General San Martín, en rechazo a la ampliación de la pastera anunciada por José Mujica en el Consejo de las Américas. “Las declaraciones de Mujica están en contradicción con el fallo de La Haya y esta decisión unilateral agrava el conflicto”, criticó el titular de la personería jurídica de la organización, Oscar Vargas, quien solicitó una reunión con el canciller Héctor Timerman porque “falta la información, ya que no hacen públicos los informes y Uruguay dice que todo está bien”. “En Uruguay –criticó– siempre van sobre la vía de los hechos: hacen y después buscan la autorización.”

Informe: Juan Manuel Frías.