El gobierno de Mauricio Macri no se resigna a los fallos en contra que le impiden a la Policía Metropolitana utilizar las armas Taser, que producen un shock eléctrico para inmovilizar a la víctima. Luego de dos fallos en contra, en primera y en segunda instancia, la gestión PRO apeló el fallo para que resuelva el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). También apeló otra resolución judicial que obligaba al gobierno porteño a implementar un plan de protección de testigos en la ciudad. Con respecto a las Taser, magistrados que intervinieron señalaron que podrían atentar contras las convenciones de derechos humanos que tienen rango constitucional. En el caso del programa de protección de testigos y apoyo psicológico, señalaron que el gobierno de Macri estaba incumpliendo la obligación de una ley de la Legislatura de reglamentarla y hacerla efectiva.