Los terrenos de la Villa 31 podrían correr la misma suerte que los de Villa Urquiza, donde el PRO convenció a sus habitantes de aceptar un subsidio y subastó las tierras a desarrolladores privados para construir el barrio parque Donado-Holmberg. Esta es la conclusión de un informe de la legisladora kirchnerista Claudia Neira, donde analiza las consecuencias que tuvo la venta de tierras en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y advierte sobre declaraciones de la candidata macrista Gabriela Michetti que indican que se piensa en hacer algo similar con la Villa 31. En el informe, Neira indica que mientras el precio promedio de venta de terrenos fue de 3100 pesos por metro cuadrado, el de las torres que se están construyendo oscila entre 15 y 18 mil el metro cuadrado. Una pingüe ganancia a costa del Estado porteño, que va a los desarrolladores inmobiliarios como Nicolás Caputo, amigo personal de Mauricio Macri.

Al comienzo de su informe, la legisladora Neira cita declaraciones de Michetti en un almuerzo televisivo con Mirtha Legrand el 25 de agosto: “La Villa 31 es el único lugar que es muy difícil de transformarlo en barrio. Se puede darles títulos de vivienda. Como estos terrenos son muy apetitosos para el sector inmobiliario, compra esos lugares y con ese dinero la gente puede comprar una casa en cualquier otro lugar de la ciudad. Con ese lugar se puede integrar al puerto o crear barrios para la clase media”. La legisladora advierte que, poco después de este discurso, los asesores del PRO plantearon en la Comisión de Vivienda de la Legislatura la posibilidad de ofrecer relocalizaciones a los habitantes de la Villa 31.

Para entender qué representa esta estrategia, Neira propone repasar cómo se comportó el PRO con la zona de la traza de la ex autopista AU3. Se trata de un proyecto de la dictadura que finalmente nunca se realizó, pero las tierras que había expropiado el Estado fueron ocupadas. El gobierno de Mauricio Macri primero intentó hacer avanzar un proyecto inmobiliario llamado “Puerta Norte”, que no logró pasar por la Legislatura. Luego se dio “un proceso de desalojos administrativos mediante decretos” que fue frenado por el Poder Judicial. Entonces se dio una nueva política de ofrecer un subsidio a los que ocupaban 800 viviendas en la zona para que dejaran inmediatamente su casa o bien que esperaran plazos más largos para que se les construyera una vivienda social en la zona. El resultado fue que la mayoría optó por el crédito y por irse. Las viviendas fueron rápidamente demolidas y los terrenos, subastados.

Según el relevamiento, 207 familias aceptaron los subsidios, otras 155 pidieron la radicación en la zona, mientras que 56 siguen sin resolverse. De los que aceptaron el subsidio, Neira advierte que “no existen constancias de que el gobierno haya cumplido con la ley en cuanto a constatar que existe la solución habitacional” a la que debían llegar con el subsidio. “Se prioriza la desocupación al acompañamiento y asesoramiento de las familias”, indica la legisladora. A los que no aceptaron el subsidio, se los hizo esperar tres años antes de que el gobierno porteño empezará a construir las nuevas viviendas.

Neira indica que, al subastar los terrenos, se permitió construir viviendas de hasta cuatro o cinco veces la altura de las que existían. Según advierte, este hecho combinado con que los precios que se pagaron en la subasta fueron “menores a los valores del mercado”, lleva a que “se pagaron valores irrisorios”. Basta con comparar lo que valía el metro cuadrado cuando el Estado se desprendió de los terrenos a lo que valdrá cuando las empresas lo vendan: “Al momento de la subasta, el precio promedio fue de 3120 pesos por metro cuadrado. Los precios vigentes de venta de los nuevos edificios ronda entre 15 mil y 18 mil pesos el metro cuadrado”. Esto representa –según indica Neira– una ganancia extraordinaria de los inversionistas privados a costa del Estado. “Aun teniendo una referencia del costo de construcción de edificios de altura, que osciló entre 4 mil y 6 mil pesos por metro cuadrado, es notorio cómo el gobierno macrista cedió la recuantificación de un barrio a favor de las corporaciones de la construcción”, indica Neira.

La legisladora advierte que la gestión PRO hizo, además, una serie de obras (pasos a nivel, una nueva sede del CGP) para valorizar la zona para los privados, que ya fueron informados por este diario a partir de un informe del espacio La Fábrica porteña. Este trabajo también detallaba la resistencia de los vecinos de la zona a que se siga construyendo en cemento y complicando la situación ante las inundaciones, y daba a conocer las transferencias de fondos destinados a las villas para poner en valor el barrio de la zona norte. Tres millones de pesos del programa para los barrios de la zona del Riachuelo fueron a la construcción de un Road Show o centro de exposiciones de este barrio.

Para Neira, lo hecho con el barrio parque Donado-Holmberg tiene similitudes claras con lo que el macrismo busca hacer en la Villa 31. “Con la Villa 31, el PRO está poniendo condiciones duras para la urbanización y, a la vez, están metiendo la posibilidad del subsidio. Lo que dice Michetti es más macabro: dejar que el mercado resuelva –advierte Neira–. En el PRO tendrían que ponerse de acuerdo y ser más sinceros sobre el verdadero proyecto que tienen. Si, como dicen los legisladores, es una urbanización o, como dice Michetti, tienen otro proyecto, en función del mercado inmobiliario.”