En una resolución que no difundió a través del Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ), la Corte Suprema decidió rescindir a partir de fin de año el acuerdo por el cual giraba fondos para que pudiera funcionar el Patronato de Liberados, la institución que se ocupa de controlar a las personas que se encuentran bajo libertad condicional, monitorear el cumplimiento de las penas alternativas (como las tareas comunitarias), vigilar ciertos casos de arrestos domiciliarios, asistir a quienes salen de la cárcel y hacer los informes sociombientales de los imputados en causas penales. El texto de la decisión, firmado sólo por cuatro jueces supremos, señala que deberá ocuparse del tema el Ministerio de Justicia. En la cartera que conduce Julio Alak sostienen que garantizar la ejecución de las sentencias es un problema del Poder Judicial, no del poder político, y que por lo tanto no les compete hacer nada.

Una carta que el presidente del Patronato, Alejandro Frías, le mandó al ministro Alak, pinta la magnitud del problema que se avecina según sus últimas estadísticas: “Quedarían sin atender 9000 causas anuales para la confección de informes socioambientales” y 8298 causas donde hay personas que se encuentran bajo libertad condicional o cumpliendo con alguna probation. A eso se suma, dice el texto, que el Patronato de Liberados utiliza actualmente oficinas que están en el Palacio de Tribunales, que pertenecen al Poder Judicial, que seguramente tendrá que restituir tal como quedó planteado el asunto por la Corte. Frías –descendiente del fundador de la entidad– pidió una reunión en el Ministerio, pero hasta ahora no tuvo suerte. Aun así, en la entidad dan por hecho que la cartera solucionará el intríngulis.

Funciones esenciales

Este año, la violación del arresto domiciliario de parte del capitán y obstetra de la ESMA Jorge Magnacco y del represor Carlos Hidalgo Garzón, apropiador de Catalina de Sanctis Ovando, que se lo cruzó mientras él andaba en bicicleta en Palermo, puso sobre la mesa la pregunta de quiénes o qué organismo, y de qué manera, controlan la ejecución de las penas o los regímenes alternativos de detención. A quienes están detenidos en sus casas, dice la ley de ejecución, no los pueden vigilar las fuerzas de seguridad: tienen que ser los tribunales o, por delegación de ellos, el Patronato. A raíz de aquellos episodios cobró dimensión pública la importancia de un conflicto que atravesaba la institución desde el año pasado, cuando estuvo paralizada varios meses porque no recibía en tiempo y forma los fondos que le daba el Poder Judicial, cerca del 60 por ciento de lo que utiliza para funcionar y pagar sueldos. El resto suele cubrirlo el Ministerio de Justicia.

Que los empleados del Patronato (que es el de la ciudad de Buenos Aires) no trabajen, no implica sólo que no hay nadie que mire a los presos que gozan del beneficio de la detención domiciliaria. Ellos cumplen funciones judiciales complementarias mucho más amplias y esenciales. Por ejemplo, asistir a las personas que están por dejar la cárcel y favorecer su inserción social, a veces ayudándolas a conseguir trabajo y vivienda; asistir a las familias de las personas privadas de su libertad, o hacer los informes sobre personalidad, costumbres y vida de los imputados en causas penales; verificar si cumplen las reglas de conducta quienes están bajo liberad condicional y que tengan, por ejemplo, medios de ingreso lícitos hasta acceso a la vivienda, o si un juicio deriva en una probation, procurar que la pena o solución alternativa (ya sea desde ir a un curso de derechos humanos o atender el comedor comunitario) cumpla la función esperada.

Es extraña la génesis y también la situación actual del Patronato. Es una asociación civil que nació en 1918 y que en sus orígenes cumplió tareas asistenciales, especialmente respecto de quienes dejaban la cárcel tras cumplir una pena y debían rehacer su vida en sociedad. Su fundador, Jorge Frías, era presidente de la Cámara en lo Criminal y Correccional, pero durante algunos períodos estuvo dirigido también por comisarios. La mayor parte de sus tareas hoy las cumplen trabajadores sociales.

El Patronato realiza, en forma tercerizada, tareas del fuero penal. En los orígenes Frías vendía tierras para sostenerlo económicamente. Hubo un tiempo en que la asociación recibía aportes de empresas. Pero, “por lo menos desde los años setenta empezó a ser sostenido por el Poder Judicial. El vínculo se desarrolló en mayor medida a partir de la aplicación de las penas alternativas (en los noventa)”, dice Inés Parodi, directora del Patronato, consultada por Página/12. “Nuestra actividad es para los jueces; igual, en la mayoría de las provincias los patronatos dependen de las gobernaciones. Hay un decreto que a nosotros nos vincula también al Ministerio de Justicia”, añadió.

El gran bonete

Hace años reina la pregunta del millón: ¿por qué, si el Patronato cumple funciones para la Justicia, relacionadas también con políticas públicas y sociales, estatales al fin y al cabo, sigue siendo una asociación civil que no pertenece a ningún poder o estructura? Cada tanto, los gobiernos se involucran en garantizar el cumplimiento de las penas. En 2004, se firmó el decreto al que alude Parodi, durante la gestión de Gustavo Béliz como ministro de Justicia, que decía que esa cartera asignaría partidas presupuestarias para ese fin y determinaba que hubiera delegaciones del Patronato en distintas provincias. En 2005 se creó una Dirección Nacional de Reinserción, que nunca funcionó a pleno. A su vez, el Poder Judicial, además de darle oficinas al Patronato, ha formalizado convenios concretos. Los trabajadores de la entidad quieren ser reconocidos como judiciales, porque están convencidos de ser auxiliares de la Justicia, pero por ahora su representación gremial es la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc). Sus protestas por falta de pago siempre estuvieron dirigidas a la Corte.

En 2011, la Corte Suprema anunció con un titular en la página web del CIJ que se había firmado un convenio que daba un marco “institucional y jurídico a la relación de la Corte con el Patronato que”, remarcaba, “viene desarrollando una actividad fundamental en el ámbito desde hace muchos años”. Pero parece que cuatro jueces supremos (Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay) cambiaron un poco de idea tras la pulseada con el Gobierno por la reforma judicial de este año. El 8 de agosto último firmaron la resolución en la que decidieron “rescindir” aquel acuerdo con el Patronato de Liberados a partir del 31 de diciembre. En el texto anunciaron para lo que resta de este año una partida de 4 millones de pesos y otra de 3,5 millones, pero ya desde 2014 no le darán nada ni tendrán vínculo alguno. Y que eso se debe a que hasta ahora lo que otorgaban era a modo de “contribución”, pero que según el decreto 807/2004, el Gobierno tiene que darles el presupuesto para que puedan cumplir con sus funciones.

El Patronato tiene cerca de cien empleados, la mayoría mujeres, para un promedio de 7000 condenados, procesados y asistidos mensualmente. Hace una década eran el doble de profesionales. Sus sueldos rondan los 7000 pesos por ocho horas de trabajo. Desde Capital Federal, cubren con otra delegación las tareas necesarias en Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. Para esas cuatro provincias hay sólo tres trabajadoras sociales. En territorio porteño, sólo en la Cámara en lo Criminal y Correccional, hay un área que realiza informes socioambientales. El resto es todo “competencia” del Patronato.

En la Corte hace tiempo sostienen que debería ser absorbido por el Estado, a través del Ministerio de Justicia. En esa cartera están muy enojados y advierten que lo que sucede es que “el alto tribunal no tiene ganas de gestionar, la ejecución de la pena es una responsabilidad de ellos”. “No son nuestros jefes”, se queja un alto funcionario.

El Patronato explicó ante las Cámaras cuál es el escenario. En algunos tribunales reina la preocupación por quién y cómo hará el trabajo. Todo el mundo trata de creer que, efectivamente, el Ministerio tomará las riendas y quizás el Patronato sea más claramente incorporado al Estado. Pero, más allá de discrepar con la Corte, el Gobierno no dio una definición sobre cómo procederá ni el presupuesto que será finalmente asignado.

Jueces y camaristas penales consultados señalaron a este diario que el problema de fondo es que nadie quiere asumir una labor nada sencilla, con una cuota de responsabilidad muy elevada, especialmente en los casos de quienes incumplen las reglas de conducta de la libertad condicional, o se fugan, o vuelven a cometer delitos si tienen detención domiciliaria o después de recuperar la libertad. Por ahora, el Patronato de Liberados está en una situación de “limbo”, cuando menos, inquietante.