El próximo 20 de marzo, el Ministerio de Defensa a cargo de Agustín Rossi publicará los archivos encontrados en el Edificio Cóndor, perteneciente a la Fuerza Aérea. Aproximadamente, el diez por ciento de toda la documentación hallada tiene que ver con el caso de la empresa Austral, “nacionalizada” por la dictadura cívico-militar en septiembre de 1980. La historia de Austral da cuenta de cómo el poder económico de entonces, encabezado por Alfredo Martínez de Hoz en el Ministerio de Hacienda, compró las acciones de una compañía quebrada con el solo objetivo de evitarle a sus accionistas privados el pago de la deuda que mantenían con el Estado. Los empresarios rescatados por Martínez de Hoz eran los dueños de La Anónima: Federico Braun y Pablo Braun; Eduardo Braun Cantilo y William Reynal, primo del vicepresidente del Banco Central durante la dictadura cívico-militar (1979-81). Con esta operación no sólo evitaron pagar su deuda con el Estado, sino que recibieron una compensación por la “nacionalización” de la compañía. Martínez de Hoz intentó venderle la empresa a Franco Macri, del Grupo Socma, y a Carlos P. Blaquier (Ledesma).

Esta historia fue reconstruida a partir de los archivos encontrados en el Edificio Cóndor, analizados por el equipo de derechos humanos de la Comisión Nacional de Valores, integrado por Celeste Perosino, Bruno Napoli y Walter Bosisio. Para los investigadores que tuvieron un primer acceso a estos archivos, el caso Austral ejemplifica cómo las Fuerzas Armadas estaban subordinadas al poder económico y a las decisiones que se tomaban desde el Ministerio de Economía, comandado por Martínez de Hoz y Guillermo Klein, dos representantes del establishment, uno por la Sociedad Rural y el otro por la Bolsa de Comercio.

La Fuerza Aérea no quería nacionalizar Austral. En cambio, el equipo económico de entonces estaba dispuesto a llevar adelante su concepto de “subsidiariedad del Estado”, es decir, garantizarle a las empresas privadas y a los empresarios su subsistencia. Para comprender esta puja dentro de la propia dictadura cívico-militar basta con algunos ejemplos. Dentro de la documentación analizada por el equipo de la CNV, surgen varias actas con declaraciones del comodoro (R) Larghi. “Se tomaron medidas políticas que, como ya lo expresara, no debieran dejar entrever que sólo apuntaron a proteger el pretendido buen nombre de William Reynal, quien a través de la vía mas cómoda y barata para él, se había desprendido, sin ninguna responsabilidad, de sus obligaciones naturales de empresario”, escribió Larghi el 6 de noviembre de 1980. En otro pasaje, sostuvo: “Me violenta tener que repetir que no hay que comprar Austral”.

William Reynal es el primo de Alejandro Reynal, ex vicepresidente del Banco Central y hoy dueño del MBA Lazard (Merchant Bankers Asociados). El tenía más del 70 por ciento de las acciones de Austral. La aerolínea aparece casi en quiebra desde 1979, a pesar de los continuos préstamos que recibía del Banade. “Hay un empecinamiento de Martínez de Hoz y su equipo para salvar a sus amigos, lo ves en la tensión con la Fuerza Aérea, que quiere declarar la quiebra, pero ellos siguen poniendo plata que nunca apareció”, sostuvo a Página/12 Walter Bosisio.

El principal acreedor de Austral era el Estado y el único privado era el Banco Latinoamericano (BLA), cuyo titular era Eduardo Saiegh. El BLA tenía acciones de la aerolínea en caución, por siete millones de dólares. Saiegh fue secuestrado el 31 de octubre de 1980 y torturado durante una semana en la dependencia de la Policía Federal del Banco Nación. Saiegh acusó a Reynal (Alejandro) de ser el instigador de su secuestro, con el objetivo de quedarse con las acciones de Austral. Una vez liberado, fue obligado a liquidar su banco.

“Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en nuestra condición de accionistas de Austral a fin de precisar el ofrecimiento que efectuáramos por nota el 10 de septiembre de 1980”, puede leerse en una carta enviada por los dueños de Austral a Martínez de Hoz. Esa oferta consistía en la “transferencia de las acciones y la totalidad de los derechos patrimoniales y políticos correspondientes”. Varios meses antes de aceptar esa oferta, el equipo económico de la dictadura cívico-militar se sentó a negociar con Franco Macri y Carlos P. Blaquier.

Entre los documentos del Edificio Cóndor existe una carpeta que da cuenta de una oferta hacia Macri y al grupo Socma, con la posibilidad de quedarse con el 60 por ciento de la empresa, mientras que el restante 40 por ciento seguiría en manos de Reynal. Luego de un intercambio de ofertas, la Fuerza Aérea consideró que la propuesta de Franco Macri no era suficiente. “Siendo que Franco Macri tiene posible acceso a la presidencia de Austral se solicita se investiguen antecedentes personales y comerciales”, escribió en un documento el brigadier Francisco Salinas, fechado en mayo de 1980.

Tras el fracaso de esas negociaciones, el 23 de octubre de 1980, hubo un almuerzo entre la cúpula cívico-militar con Carlos P. Blaquier y el doctor Marangoni, del Grupo Ledesma. Esa oferta tampoco prosperó. “Fue un negocio que ni siquiera los militares pudieron parar, a pesar del rechazo de la Fuerza Aérea. El Estado compró las acciones de Austral y todos recibieron un pago por esta estatización. No fue un simple traspaso de las acciones, sino que se pagó por esa empresa, beneficiando a los mismos que la habían quebrado. Fue un negocio redondo”, concluyó Bruno Napoli.

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