La difusión de una resolución del presidente del Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky, en la que reclamaba “productividad y extensión horaria” a los tribunales orales federales, desató una suerte de rebelión entre los jueces que los componen. En una carta de contestación lo acusaron de “desconocer” la realidad del fuero y su trabajo cotidiano, así como de contribuir con cuestionamientos a través de los medios de comunicación al “desprestigio” del Poder Judicial. Como coletazo, ayer hubo un plenario extraordinario dentro de la Casación, donde algunos de sus colegas también le pasaron factura. Detrás de toda esta discusión están las demoras reales en los juicios orales, producto de una cadena de problemas, algunos propios de la cultura judicial burocrática, otros de la falta de jueces, otros del ADN mismo del sistema procesal. El lunes, Borinsky se reunirá con los jueces y habrá que ver si, además de reproches, surgen soluciones posibles.

Los tribunales orales federales son los que hacen los juicios por corrupción de funcionarios y empresas, los de lesa humanidad, los de tráfico de drogas, los de documentos truchos o robados y falsificación de marcas. Hay seis tribunales orales, de tres jueces cada uno, que suelen tramitar entre 200 y 400 causas a la vez. Hay nueve salas de audiencia en el edificio de Comodoro Py 2002, en Retiro, y actualmente se están realizando 24 procesos orales a la vez. La Cámara de Casación es la que revisa las sentencias de esos tribunales, y además tiene funciones de superintendencia sobre ellos, incluso la facultad de designar jueces subrogantes allí donde hay vacantes.

No es la primera vez que Casación da instrucciones o líneas de trabajo a los tribunales. Lo que al parecer irritó esta vez a los jueces es que ellos le habían planteado a Borinsky, en una nota anterior, que se encuentran colapsados. Se quejaban de que no tienen espacio físico para expedientes, que falta disponibilidad en las salas de audiencias, que hay dos tribunales creados, pero no funcionan y que los desborda cumplir funciones de “ejecución penal” (fiscalizar el cumplimiento de las penas). Esperaban verse cara a cara y hablar de posibles salidas, pero incluso antes de la reunión que tenían acordada, apareció en los medios y en el portal de la Corte una nota que les facturaba que las salas de audiencia “no son utilizadas durante todo el espacio de tiempo por el cual fueron solicitadas a fin de celebrar audiencias, especialmente en las primeras horas de la mañana y horarios vespertinos”. “Deberán tener en cuenta el máximo rendimiento”, advirtió Borinsky en la nota en cuestión. Y les dijo que se pueden usar las salas desde las 7.30 y habilitar los días y horas no hábiles que hagan falta.

Justo un día antes, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, había dicho en su discurso de apertura del año judicial que la falta de celeridad es uno de los problemas más graves y que el Poder Judicial debe dar una respuesta.

Fueron 16 los jueces de los tribunales orales federales los que finalmente firmaron respuesta en la que informan sobre el “malestar” generado por la resolución de Borinsky y “su divulgación periodística” (no participaron Guillermo Pons y Gerardo Larrambebere). Le dijeron que no conoce el funcionamiento del fuero y que, al pedir eficiencia, sólo hizo un “imprudente aporte al desprestigio de la tarea jurisdiccional”. Cuatro jueces de Casación pidieron ayer una reunión fuera de programa. Inicialmente fueron Juan Gemignani, Liliana Catucci, Alejandro Slokar y Pedro David los que le pidieron explicaciones e intentaron despegarse. Borinsky terminó publicando una nueva nota en el Centro de Información Judicial de la Corte, en la que decía que por las “distintas interpretaciones y controversias” aclaraba que sólo pretende “optimizar los recursos existentes y compatibilizar el uso de las salas”.

“Ocupar o no una sala no es indicador del nivel de trabajo que se está haciendo. A veces se cita a juicio a las 9; ya el imputado no llega hasta las 11, o se enferma. Más allá de las audiencias tramitamos muchas causas a la vez y firmamos a veces 20 resoluciones de ejecución penal por día. Hay colegas míos que están en dos megajuicios a la vez. Con el 33 por ciento de las causas tenemos para dos años. Nos llevamos trabajo a casa”, señaló la jueza María Roqueta, del Tribunal Oral Federal Nº 6. Otro juez, del Tribunal Oral Nº 2, Jorge Gorini, estimó que para empezar un juicio a la las 7.30 a los imputados “los tendrían que llevar sin dormir”, por lo que demora el trámite del servicio penitenciario; ejemplificó que a veces una audiencia se va en planteos de nulidad y deliberación del tribunal, y que tampoco es fácil convencer a los abogados de que trabajen habilitando días y horas, porque tienen otros casos. Igual que otros de sus compañeros, se quejó de que la propia Casación tiene recursos de juicios de lesa humanidad desde hace más de cuatro años.