El juicio oral que evalúa responsabilidades políticas y policiales del ex secretario de Seguridad del gobierno de la Alianza Enrique Mathov, de los ex jefes policiales Rubén Santos y Norberto Gaudiero y de otra docena de ex efectivos en cinco muertes y 117 lesiones, durante la represión del 20 de diciembre de 2001, avanzó lentamente ayer en los Tribunales de Comodoro Py con una contundente exposición de la ex defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, que se reincorporó a la causa en representación de la querella de la familia de Gustavo Benedetto con la respuesta al pedido de nulidad de su acusación que había realizado la defensa del ex policía Oscar Bellante. “Poner en riesgo al Estado argentino por una minucia procesal sería grave”, enmarcó políticamente Pierini su alegato, en el que rechazó las consideraciones de la defensa.

Pierini rechazó los argumentos expuestos la semana pasada por la defensora de Bellante, Valeria Corbacho, que había exigido al TOF 6 que anulara la imputación por homicidio que sobre su cliente señaló la querella de Benedetto, debido a que no se condecía con el requerimiento de elevación a juicio realizado por la fiscalía. “Detenerse en minucias procesales por sobre las graves violaciones a los derechos humanos que significan los hechos bajo análisis pone en riesgo al país no sólo ante la Justicia internacional, que ya advirtió sobre estas cuestiones, sino ante la posibilidad de analizar la historia de una tragedia política y social que ha dejado sangre y bronca en la calles de esta ciudad”, advirtió Pierini, quien retomó ayer formalmente la representación legal de la familia del joven de 23 años asesinado en la puerta de la sucursal del banco HSBC, ubicada en Avenida de Mayo y Chacabuco, aquella tarde del 20 de diciembre de 2001.

En diálogo con este diario, Pierini consideró el pedido de nulidad como una “maniobra dilatoria o chicana de la defensa, que se quiso aprovechar de la situación”, en referencia a la particular circunstancia que atravesó la querella de Benedetto durante las primeras audiencias del juicio, por carecer de representación legal entonces.

“No hay violación al derecho a la defensa ni al principio de congruencia”, explicó Pierini ante los jueces José Martínez Sobrino, Javier Anzoátegui y Rodrigo Giménez Uriburu. La estrategia de Corbacho apunta a eliminar del tablero tal imputación, a la que no sólo le corresponde una pena mayor, sino que además necesita más años para considerarse prescripta que la de encubrimiento, delito por el que la fiscalía señala al ex policía. En ese cálculo hay un dato que es vital: esta segunda acusación caduca en mayo próximo. “La defensa ha tenido varias oportunidades para expresar esta cuestión y no lo hizo. Originalmente, Bellante fue acusado de homicidio, encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público. Debemos ahora dar por concluido este asunto para no atentar contra la obligación del Estado de llegar hasta las últimas consecuencias, descubrir la verdad y evitar la impunidad”, abogó la querellante.

Tras su alegato, los jueces dispusieron un cuarto intermedio que provocó reacciones de molestia no sólo entre las familiares de las víctimas –la hermana de Diego Lamagna, la esposa de Alberto Márquez, la madre de Carlos Almirón y la madre y la hermana de Gustavo Benedetto, todas mujeres–, sino también entre los acusados. A tres semanas de haber comenzado el debate oral, la mayoría de las audiencias fue interrumpida antes del mediodía. Se espera que el próximo miércoles el TOF resuelva ese tema, junto con las otras dos cuestiones preliminares planteadas durante las tres semanas de juicio: el pedido de prescripción de la acusación por las lesiones que exigió la defensa de Mathov y al que se plegó la de Santos y el apartamiento de Virgilio Loiácono, ex secretario legal y técnico del gobierno de la Alianza y actual abogado de Santos, presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).