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El fiscal federal Ramiro González impulsó una investigación contra funcionarios del Ministerio de Planificación, el ENRE y directivos de Edenor y Edesur por los cortes de luz registrados entre diciembre y enero en el área metropolitana y diferentes ciudades. González dirigió su investigación a la conducción de las dos distribuidoras de energía eléctrica y a los responsables de controlar a esas compañías desde los organismos del Estado, pero no reveló sus nombres.

El fiscal, asimismo, destacó la necesidad de recabar informes sobre los subsidios aportados desde el Estado para ambas distribuidoras, como paso previo para determinar si pudo haber existido delito de malversación de caudales públicos o peculado. La causa se tramita ante el juez federal Luis Rodríguez, quien recibió el escrito para una “ampliación de requerimiento de instrucción fiscal”, derivado de los cortes que se registraron en el área metropolitana y varias ciudades del país entre fines de diciembre de 2013 y enero de 2014.

Los cortes de luz afectaron a miles de usuarios en el marco de una ola de calor record histórica que se registró en casi todo el país, con térmicas que superaron los 50 grados. Las zonas más afectadas fueron barrios de Capital Federal y provincia de Buenos Aires, pero los cortes de luz también se reportaron en Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. La continuidad de la interrupción del servicio de energía eléctrica provocó cortes de calles en diferentes barrios.

Los cortes, que se dieron en el marco de consumos record de energía eléctrica, dejaron sin luz por al menos un mes a vecinos de barrios del área metropolitana. En ese contexto, el 17 de enero se publicó en el Boletín Oficial la renuncia del titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Mario de Casas, quien fue reemplazado por Ricardo Martínez Leone, que ocupaba un puesto como vocal del directorio del organismo. El ministro de Planificación, Julio De Vido, responsabilizó a las empresas por los cortes de luz, mientras el Ministerio de Desarrollo Social, municipios y organizaciones no gubernamentales asistieron a los damnificados. De Vido dispuso el 10 de enero que las distribuidoras eléctricas realicen obras por 3950 millones de pesos para solucionar los cortes de luz, cuenten con un mínimo de 500 cuadrillas de emergencia e informen a los usuarios la fecha y duración de las interrupciones.