La citación del juez federal Claudio Bonadio para que declare ante el Consejo de la Magistratura por posible mal desempeño ya tiene fecha para el 15 de abril. No es obligatorio que vaya personalmente, puede defenderse por escrito si prefiere. La acusación fue promovida por el oficialismo, aunque también tuvo apoyo del radical Mario Cimadevilla, y responsabiliza a Bonadio por haber dilatado varios años la investigación de dos causas sobre fraudes de la época del menemismo: una, sobre la privatización de Tandanor; otra implicaba la curtiembre Yoma en un fraude al Banco Nación.

La denuncia inicial contra Bonadio fue presentada en 2011 por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Ya había sido citado hace tiempo por el artículo 11, que indica la apertura del expediente y la investigación a hacer un descargo, pero nunca respondió. La semana pasada, cuando todas las expectativas estaban puestas en la situación de otro juez federal, Norberto Oyarbide, el Consejo dobló la apuesta, convocando a Bonadio no ya a hacer un descargo, sino a una citación equiparable a una indagatoria. A Oyarbide se lo citó, como paso inicial, para el descargo por las denuncias sobre su actuación al frenar un allanamiento en una financiera tras recibir un llamado del funcionario número dos de la Secretaría Legal y Técnica de la presidencia, Carlos Liuzzi.

Según la denuncia de ACIJ, en una licitación internacional Tandanor fue adjudicada al consorcio Marítimos SA, que pagaría siete millones en efectivo y cancelaría 52 millones a través de una póliza de caución, pero la falta de pago llevó a que se iniciara una causa por defraudación. El expediente penal, en su etapa de instrucción duró nueve años, tres de los cuales fueron el tiempo que el juez se tomó desde que el fiscal pidió elevar el caso a juicio hasta que efectivamente lo hizo, según advirtió la ONG. Fue declarado prescripto, aunque luego la Cámara de Casación lo reabrió. En el caso contra el grupo Yoma “se investigaba la cesión de derechos crediticios correspondientes al recupero del IVA al Banco de la Nación Argentina, créditos que habían sido previamente cedidos al Banco Macro SA”. Bonadio tardó cinco años en llamar a los imputados a indagatoria y cinco más en elevar el caso a juicio oral. Prescribió.

El mismo día que fue citado, Bonadio mandó a juicio oral al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, por considerar que incurrió en abuso de autoridad al multar a la consultora Finsoport, de Jorge Todesca, con 500 mil pesos. Unos días antes el juez había indagado al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y al vocero presidencia Alfredo Scoccimarro, por un spot sobre el subte emitido en Fútbol para Todos (indagatorias anuladas luego por la Cámara Federal).

Oyarbide, por su lado, intenta frenar el proceso en su contra con el recurso de recusar a algunos consejeros. Lo hizo con Ricardo Recondo, Alejandro Fargosi y los radicales Oscar Aguad y Mario Cimadevilla, a quienes acusas de prejuzgar en distintas opiniones públicas con las que se refirieron a su actuación. Con esto seguramente dilatará el trámite, al menos un tiempo. Excepto Aguad, el resto de los recusados integra la Comisión de Disciplina y Acusación, que tendrá que resolver las presentaciones. El Consejo nunca hizo lugar a una recusación. La comisión –presidida por Ada Itúrrez de Capellini (Frente para la Victoria)– toma decisiones por mayoría, que tiene garantizada el oficialismo. El plenario, para acusar a un juez y promover el inicio del juicio político en su contra, necesita dos tercios, de modo que el kirchnerismo, que tiene seis de trece bancas, siempre necesita algún aliado.